El Ejecutivo aprueba un decreto que endurece drásticamente los requisitos para crear nuevas universidades en España, exigiendo un mínimo de 4.500 estudiantes, diez grados, seis másteres y tres doctorados, además de inversión en investigación y alojamiento estudiantil. La norma responde al crecimiento del 129% de la universidad privada en la última década frente al 2% de la pública, situación que la ministra Diana Morant atribuye a la infrafinanciación autonómica y a la proliferación de centros sin estándares de calidad suficientes.
El Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto que endurece los criterios de creación, reconocimiento y autorización de centros universitarios en España, medida que supone un punto de inflexión en la regulación del sistema universitario español. La norma, que entra en vigor el próximo 27 de octubre, establece requisitos sustancialmente más exigentes que los actuales para determinar si una institución puede denominarse universidad o debe considerarse otro tipo de centro de formación superior. La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, defendió la reforma afirmando que «queremos asegurar que todas las universidades estén comprometidas con las tres funciones del sistema universitario: la formación, la investigación y la transferencia de conocimiento».
La reforma establece que las nuevas universidades deberán ofrecer un mínimo de diez grados, seis másteres y tres doctorados de, al menos, tres ramas del conocimiento distintas, garantizando así el carácter integral y multidisciplinar que debe caracterizar a una institución universitaria. Además, tendrán que contar con un mínimo de 4.500 estudiantes en el plazo máximo de seis años desde su creación, requisito que inicialmente el Gobierno planteó para cinco años pero que finalmente amplió. Morant justificó estas exigencias señalando que «determinan si una institución puede llamarse universidad o no, en función de si cumple con todas las funciones exigibles o no».
El decreto impone obligaciones específicas en materia de investigación y profesorado. Las universidades deberán invertir al menos el 5% de su presupuesto en investigación y captar recursos externos equivalentes al 2% de su financiación total. En cuanto al personal docente, se exige que al menos el 50% del profesorado contratado sea doctor y que al menos el 60% de estos doctores tenga experiencia acreditada en investigación. El equipo directivo de cualquier nueva universidad deberá demostrar experiencia contrastada en gestión universitaria, aunque las empresas o fondos de inversión promotores no necesitarán acreditar experiencia previa en el sector educativo.
Una de las novedades más significativas del decreto es la obligación de disponer de alojamiento estudiantil. Tanto las universidades públicas como privadas de nueva creación deberán comprometerse a ofrecer plazas residenciales que cubran al menos el 10% del total de estudiantes previstos para el cuarto año de funcionamiento, lo que en la práctica supone un mínimo de 450 camas. Esta disponibilidad debe estar operativa al inicio del tercer año de actividad académica. Fuentes gubernamentales explicaron que la construcción de estas plazas no tiene que materializarse necesariamente en colegios mayores o residencias tradicionales, sino que pueden utilizarse fórmulas alternativas como centros de coliving o acuerdos con promotores privados. El Ejecutivo se ha comprometido a facilitar préstamos a bajos intereses y ayudas para que los precios resulten asequibles.
Mayor control de las agencias de calidad y acreditación
El decreto introduce un cambio fundamental en el proceso de autorización al establecer que los informes de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) o de las agencias autonómicas de calidad serán vinculantes y, por tanto, decisivos. Hasta ahora, estos informes tenían carácter preceptivo pero no vinculante, lo que permitía a las comunidades autónomas aprobar la creación de universidades pese a informes desfavorables. Morant criticó especialmente esta situación al señalar que «las comunidades autónomas están saltándose los informes que advierten que estas universidades no cumplen con los estándares mínimos». La ministra mencionó específicamente los casos de Madrid y Andalucía como regiones que han autorizado centros sin las garantías necesarias.
Las universidades ya existentes dispondrán de un plazo general de tres años para adaptarse a los nuevos criterios, aunque este margen se amplía a cinco años para los centros creados en los últimos tres años. Morant aclaró que «no queremos cerrar a nadie. La ley quiere asegurar que todas las universidades sean buenas, pero también damos armas a las comunidades autónomas para actuar y para que llegado el momento puedan incoar expedientes». La ministra reconoció que de las universidades privadas «habrá algunas que vayan a tener más dificultades» para cumplir los requisitos, mientras que aseguró que todas las públicas cumplen con los estándares exigidos.
La reforma se enmarca en un contexto de crecimiento explosivo de la universidad privada en España. Según datos del Ministerio, en el curso 2025-2026 se han matriculado 1,9 millones de estudiantes, récord histórico, pero este aumento lo están absorbiendo casi en exclusiva las universidades privadas. En la última década, el número de estudiantes en universidades públicas ha crecido un 2%, mientras que en las privadas ha aumentado un 129%. Como resultado, actualmente el 30% del alumnado estudia en universidades privadas, cuando hace diez años era solo el 15% y hace veinte, el 10%. Morant atribuyó este fenómeno a que «la primera opción del estudiantado sigue siendo la universidad pública, pero esta no tiene suficientes plazas que ofertar debido a la infrafinanciación autonómica».
