El real decreto ley incluye la revalorización de pensiones, la prórroga de la moratoria de desahucios, el mantenimiento del bono social energético y la congelación de cotizaciones de autónomos.
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un amplio decreto ley que extiende durante todo el año 2026 las medidas del denominado escudo social, paquete de protecciones que el Gobierno implementó inicialmente en marzo de 2020 tras la declaración del estado de alarma por la pandemia de COVID-19 y que ha venido prorrogando sucesivamente mediante decretos periódicos para mantener en vigor un conjunto de instrumentos dirigidos a proteger a los colectivos más vulnerables frente a situaciones de emergencia habitacional, pobreza energética y dificultades económicas estructurales. El decreto aprobado constituye una de las últimas grandes iniciativas legislativas del Gobierno en 2024 e incluye medidas que afectan a millones de españoles en ámbitos tan diversos como pensiones, vivienda, energía y trabajo autónomo.
La portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, Elma Saiz, anunció en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que el decreto mantiene la prohibición de cortes de suministros de luz, agua y gas natural a consumidores vulnerables durante todo 2026, extendiendo así una protección que ha beneficiado a cientos de miles de hogares españoles que atraviesan dificultades económicas y que sin esta cobertura se verían privados de servicios esenciales para una vida digna. La medida complementa el mantenimiento del bono social energético, sistema de descuentos en la factura eléctrica destinado a familias con bajos ingresos que se verán beneficiadas por esta ayuda durante doce meses adicionales en un contexto donde los precios de la energía, aunque han descendido desde los máximos alcanzados en 2022, continúan situándose en niveles significativamente superiores a los registrados antes del estallido de la guerra de Ucrania.
El decreto extiende hasta el 31 de diciembre de 2026 la suspensión de los desahucios para familias vulnerables sin alternativa habitacional, medida que prorroga una protección inicialmente concebida como temporal durante la pandemia pero que se ha consolidado como instrumento permanente ante la persistencia de la crisis de acceso a la vivienda que afecta especialmente a hogares con rentas bajas y medias en las grandes ciudades españolas y en zonas turísticas donde los precios de alquiler han experimentado incrementos que superan ampliamente la evolución de los salarios y que colocan a numerosas familias en situación de vulnerabilidad habitacional extrema.
Revalorización de pensiones y prestaciones sociales
Una de las medidas más significativas incluidas en el decreto afecta a más de nueve millones de pensionistas españoles, cuyas prestaciones se revalorizarán en 2026 siguiendo diferentes porcentajes según el tipo de pensión. Las pensiones contributivas se incrementarán según la inflación media anual registrada en 2024, mecanismo automático de actualización establecido en la reforma del sistema de pensiones aprobada en 2021 que garantiza que el poder adquisitivo de los pensionistas no se erosiona por el incremento de los precios. Las pensiones mínimas experimentarán incrementos superiores, situándose entre el 7% y el 11,4% según las diferentes modalidades, mientras que las pensiones no contributivas y el Ingreso Mínimo Vital se revalorizarán un 11,4%, porcentaje que refleja el compromiso del Gobierno de elevar progresivamente las prestaciones destinadas a las personas en situación de mayor vulnerabilidad económica.
El decreto mantiene congeladas para 2026 las cotizaciones sociales que abonan los trabajadores autónomos, quienes conservarán las bases de cotización vigentes en 2025 sin incrementos adicionales. La medida beneficia a más de tres millones de trabajadores por cuenta propia en España y responde a las demandas de las organizaciones representativas de autónomos, que han solicitado reiteradamente al Gobierno que module la aplicación del nuevo sistema de cotización por ingresos reales para evitar que los incrementos de cuotas comprometan la viabilidad de pequeños negocios y de profesionales autónomos que atraviesan dificultades económicas en sectores afectados por transformaciones estructurales o por la competencia de nuevos modelos de negocio digitales.
El Gobierno ha prorrogado además la reducción en la cotización por contingencias profesionales para empresas de sectores específicos, medida que beneficia a aproximadamente 1,2 millones de trabajadores según los datos proporcionados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. La portavoz gubernamental Elma Saiz explicó que esta medida ha obtenido un resultado «muy favorable» entre 2023 y 2025, periodo durante el cual más de mil doscientos profesionales se han acogido a esta reducción que busca incentivar la creación y el mantenimiento de empleo en sectores con mayores dificultades para competir en el mercado laboral o que requieren apoyo público temporal para completar procesos de reestructuración o modernización.
Mantenimiento de ayudas al transporte público
El decreto aprobado mantiene para 2026 las ayudas al transporte público que han permitido durante los últimos años bonificaciones significativas en los abonos de cercanías de Renfe, servicios de media distancia operados por el operador ferroviario público y en los sistemas de transporte metropolitano gestionados por comunidades autónomas y ayuntamientos. El Gobierno destina varios cientos de millones de euros anuales a estas bonificaciones que buscan incentivar el uso del transporte colectivo frente al vehículo privado, contribuyendo así a objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y de mejora de la calidad del aire en las grandes aglomeraciones urbanas donde la contaminación atmosférica constituye un problema de salud pública significativo.
Las ayudas al transporte se enmarcan en la estrategia gubernamental de apoyo a las familias frente al incremento del coste de vida experimentado tras la escalada inflacionista de 2022 y 2023. Aunque la inflación ha descendido significativamente desde los máximos alcanzados en aquellos años, situándose actualmente en niveles próximos al objetivo del 2% establecido por el Banco Central Europeo, el Gobierno considera que los precios de numerosos bienes y servicios esenciales permanecen en niveles elevados que justifican el mantenimiento de ayudas directas a los hogares, especialmente a aquellos con menores recursos económicos que destinan una proporción mayor de sus ingresos a gastos básicos como alimentación, vivienda, energía y transporte.
Tramitación parlamentaria y apoyos políticos
El decreto ley aprobado por el Consejo de Ministros deberá ser convalidado por el Congreso de los Diputados en las próximas semanas para mantener su vigencia, proceso que requerirá que el Gobierno obtenga el respaldo de sus socios parlamentarios habituales en un contexto de creciente fragmentación política y de dificultades para alcanzar mayorías estables en votaciones que requieren apoyos más amplios que los estrictamente necesarios para la investidura. El PSOE y Sumar cuentan con el respaldo habitual de formaciones nacionalistas vascas y catalanas, así como de otros grupos minoritarios, aunque la ruptura de las relaciones con Junts per Catalunya ha complicado significativamente la aritmética parlamentaria del Gobierno de coalición.
El Partido Popular ha criticado tradicionalmente los decretos ley omnibus por considerar que el Gobierno abusa de esta figura jurídica para tramitar paquetes legislativos heterogéneos que dificultan el debate parlamentario específico sobre cada medida y que fuerzan a los grupos de la oposición a votar en bloque conjuntos de disposiciones entre las cuales pueden existir algunas que merecerían respaldo y otras que generan rechazo. Los populares han defendido en numerosas ocasiones que cada medida de calado debería tramitarse mediante proyectos de ley ordinarios que permitan un proceso de enmiendas, debate y votación más transparente y democrático que el procedimiento acelerado característico de los decretos ley.
Sin embargo, el Gobierno argumenta que la urgencia de mantener en vigor las medidas del escudo social justifica plenamente el recurso al decreto ley, figura constitucional prevista precisamente para situaciones de extraordinaria y urgente necesidad que no pueden esperar los plazos habituales de tramitación legislativa ordinaria. El Ejecutivo sostiene que permitir que decaigan protecciones como la moratoria de desahucios, los descuentos energéticos o la prohibición de cortes de suministros básicos causaría un daño inmediato a miles de familias vulnerables que quedarían desprotegidas frente a situaciones de emergencia social durante el tiempo que requeriría tramitar estas medidas por los cauces legislativos ordinarios.
El decreto aprobado este martes consolida así un modelo de intervención pública que ha caracterizado la acción del Gobierno durante los últimos años, combinando medidas de protección social directa a colectivos vulnerables con políticas de apoyo al conjunto de la ciudadanía en ámbitos como transporte o energía, configurando un escudo social que según sus defensores ha permitido a España atravesar sucesivas crisis económicas sin experimentar incrementos dramáticos de la pobreza o la exclusión social comparables a los registrados en crisis anteriores, aunque sus críticos cuestionan la sostenibilidad financiera a largo plazo de un modelo que requiere gasto público creciente y que no aborda las causas estructurales de problemas como la crisis de vivienda o la pobreza energética que afectan a sectores amplios de la población española.
