El ministro Ernest Urtasun confirma que su departamento está «ultimando» el expediente judicial en aplicación de la Ley de Memoria Democrática. El proceso, iniciado en junio de 2024, se encuentra en su recta final tras recibir el informe de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, que concluye que la organización hace «apología del franquismo» y «ensalza el golpe de Estado y la dictadura». Urtasun no descarta solicitar medidas cautelares para suspender las actividades de la FNFF mientras se resuelve el proceso judicial, en un movimiento que podría coincidir simbólicamente con el 50 aniversario de la muerte del dictador el próximo 20 de noviembre.
El Gobierno español da un paso decisivo hacia la ilegalización de la Fundación Nacional Francisco Franco. El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha confirmado que su departamento está «ultimando» el expediente para solicitar ante la Justicia la extinción de esta entidad, en aplicación de la Ley de Memoria Democrática aprobada durante la legislatura. El proceso, que se arrastra desde junio de 2024, ha acelerado su tramitación tras la recepción del informe definitivo de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, documento que constituye la base jurídica para fundamentar la petición judicial de disolución de una organización que, según el Gobierno, hace «apología del franquismo» en pleno siglo XXI.
Urtasun ha explicado que el expediente se encontraba paralizado durante varios meses esperando el informe de Memoria Democrática, documento que ya ha sido recibido y que ahora se está completando «para elevarlo lo antes posible ante el juez». El ministro no ha precisado fechas concretas, aunque reconoce que el Ejecutivo trabaja «intensamente» para dar este paso cuanto antes. La coincidencia temporal resulta significativa, ya que el próximo 20 de noviembre se cumplirán 50 años de la muerte de Francisco Franco, una fecha que podría adquirir valor simbólico si finalmente el expediente se presenta ante los tribunales en esas fechas.
La argumentación del Gobierno se asienta en una posición contundente sobre el papel de estas organizaciones en la España democrática. «No es de recibo que en 2025 todavía tengamos fundaciones que hacen apología al franquismo. Por lo tanto, esa es una prioridad que es muy clara para mí», ha subrayado Urtasun, quien ha defendido además la dimensión simbólica de esta decisión como parte fundamental del trabajo «en materia de derechos, libertades y en la defensa de la memoria democrática». El titular de Cultura ha insistido en que la sociedad española debe tener claro «qué significó el franquismo y la censura también para la cultura», estableciendo así un marco interpretativo que va más allá de lo puramente jurídico.
El ministro no descarta solicitar medidas cautelares para suspender provisionalmente las actividades de la Fundación Nacional Francisco Franco mientras se resuelve el proceso judicial. «Lo estamos acabando de estudiar», ha puntualizado Urtasun, abriendo la posibilidad de que la organización vea paralizada su actividad antes incluso de que los tribunales se pronuncien sobre el fondo del asunto. Esta estrategia jurídica buscaría evitar que la fundación pueda continuar desarrollando lo que el Gobierno considera actividades contrarias a la Ley de Memoria Democrática durante el tiempo que dure la tramitación judicial, un proceso que previsiblemente se prolongará durante varios meses.
El largo proceso administrativo y sus complejidades jurídicas
El procedimiento para ilegalizar la Fundación Francisco Franco comenzó formalmente en junio de 2024, cuando el Ministerio de Cultura abrió un período de actuaciones previas destinado a recabar información y elementos de juicio. La competencia corresponde al Protectorado de Fundaciones, organismo dependiente de Cultura que tiene la potestad legal para instar judicialmente la extinción de una entidad de estas características. Para construir un expediente sólido, se solicitaron informes especializados a tres organismos clave: la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, el Registro de Fundaciones de competencia estatal y la Abogacía del Estado.
El proceso ha resultado más complejo de lo inicialmente previsto debido a las maniobras jurídicas emprendidas por la propia fundación. Según explicó el ministro de Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, el primer informe elaborado por su departamento tuvo que ser completado posteriormente, teniendo en cuenta «circunstancias y vericuetos legales» derivados de los cambios estatutarios que la fundación introdujo en 2023. Estas modificaciones, interpretadas por el Gobierno como un intento de esquivar la aplicación de la nueva legislación, obligaron a reforzar la argumentación jurídica del expediente para evitar posibles recursos procesales que pudieran dilatar o impedir la ilegalización.
Paralelamente, el Gobierno ha fortalecido el marco legal que sustenta este proceso. El Congreso de los Diputados, a propuesta del PSOE, aprobó en la pasada primavera una modificación de la Ley de Asociaciones específicamente diseñada para permitir la ilegalización de aquellas entidades que hagan apología del franquismo. Esta reforma legislativa refuerza significativamente la base jurídica del expediente y reduce las posibilidades de que los tribunales puedan rechazar la petición gubernamental por insuficiencia legal, aunque la decisión final corresponderá en última instancia al Poder Judicial.
Las conclusiones del informe: apología del franquismo y menosprecio a las víctimas
El informe enviado por el Ministerio de Memoria Democrática constituye el núcleo de la argumentación gubernamental para solicitar la extinción judicial de la Fundación Nacional Francisco Franco. El documento, elaborado tras meses de análisis jurídico y documental, concluye categóricamente que concurren las causas de extinción previstas en la disposición adicional quinta de la Ley de Memoria Democrática. Entre los argumentos principales, destaca que la entidad «no persigue fines de interés general» tal como exige la legislación de fundaciones, sino que desarrolla actividades que van directamente en contra de este principio fundamental.
El informe es especialmente contundente al constatar que la organización no solo hace «apología del franquismo», sino que además «ensalza el golpe de Estado y la dictadura o enaltece a sus dirigentes». Esta conclusión resulta crucial desde el punto de vista jurídico, ya que establece un patrón sistemático de comportamiento contrario a los valores constitucionales y democráticos, no limitándose a hechos puntuales o interpretaciones ambiguas. La documentación analizada demuestra, según el Gobierno, una actividad continuada y deliberada de exaltación del régimen dictatorial y sus responsables.
Más grave aún resulta la constatación de que la Fundación Nacional Francisco Franco incurre en un «menosprecio y humillación de la dignidad de las víctimas del golpe de Estado, de la guerra o del franquismo». El informe va más allá al señalar que la entidad llega incluso a incitar «directa o indirectamente al odio o la violencia» contra las víctimas de la dictadura. Esta última acusación resulta especialmente seria desde el punto de vista penal, ya que podría abrir la puerta a investigaciones adicionales por posibles delitos de incitación al odio, más allá del procedimiento administrativo de extinción de la fundación.
Por todo ello, el documento oficial defiende que procede instar judicialmente la extinción de la Fundación Francisco Franco y solicitar, en su caso, la suspensión provisional de sus actividades hasta que se dicte sentencia, junto con las medidas cautelares que se consideren necesarias para garantizar la eficacia de dicha suspensión. El Gobierno considera que tiene argumentos jurídicos suficientes para lograr el respaldo judicial a una decisión que, casi cinco décadas después de la muerte del dictador, pretende cerrar definitivamente uno de los últimos vestigios institucionales de exaltación del régimen franquista en la España democrática.
