La revelación de audios del consejero delegado de Ribera Salud en los que ordena alargar listas de espera para aumentar beneficios ha desatado una crisis política que pone en jaque el modelo de gestión privada de hospitales públicos en España. El caso ha provocado la intervención del Ministerio de Sanidad, el anuncio de una nueva ley restrictiva y un debate nacional sobre los límites entre lo público y lo privado en el sistema sanitario.
El escándalo del Hospital Universitario de Torrejón ha colocado bajo los focos el modelo de colaboración público-privada en la sanidad española. La publicación por parte del diario El País de unos audios grabados el pasado 25 de septiembre, en los que el consejero delegado de Ribera Salud, Pablo Gallart, instaba a una veintena de mandos del hospital madrileño a revertir la reducción de listas de espera lograda en años anteriores para mejorar la rentabilidad económica del centro, ha provocado una reacción en cadena que trasciende el ámbito regional. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha calificado el caso como paradigmático del modelo sanitario del Partido Popular, mientras la ministra de Sanidad, Mónica García, ha anunciado la elaboración de una nueva normativa que limitará este tipo de gestión.
El Hospital de Torrejón, ubicado en el este de la Comunidad de Madrid y con un área de influencia de aproximadamente 161.000 habitantes, opera bajo un sistema de concesión administrativa desde 2011. Este modelo, conocido como modelo Alzira por el hospital valenciano donde se implementó por primera vez en 1999, implica que una empresa privada construye y gestiona el centro durante décadas a cambio de un pago fijo per cápita por cada habitante adscrito al área, independientemente de la actividad realizada. Esta estructura económica, según han señalado expertos consultados por diversos medios españoles, genera incentivos para reducir la actividad asistencial con el fin de disminuir costes sin perder ingresos provenientes de la administración pública.
-
Los audios que desataron la tormenta política
En la reunión del 25 de septiembre, Pablo Gallart solicitó explícitamente a los directivos del Hospital de Torrejón que revirtieran los esfuerzos realizados en 2022 y 2023 para reducir las listas de espera. Según los audios revelados, el consejero delegado afirmó textualmente que la empresa había decidido hacer un esfuerzo por bajar las listas de espera en esos años y que ahora pedía desandar ese camino. El objetivo declarado era incrementar los beneficios del hospital entre cuatro y cinco millones de euros mediante la reducción de la actividad asistencial, especialmente en intervenciones quirúrgicas costosas y consultas especializadas que generan menores márgenes de rentabilidad para la empresa concesionaria.
Las instrucciones incluían modificar criterios de triaje en urgencias para calificar como leves a pacientes que requerían atención más compleja, rechazar derivaciones de pacientes de otras áreas sanitarias que generaban costes superiores al ingreso per cápita, y priorizar únicamente aquellas intervenciones y tratamientos que resultaran rentables desde una perspectiva puramente empresarial. Estas directrices, filtradas posteriormente a través del canal interno de denuncias de la propia compañía por varios directivos del centro, contravenían los principios básicos del Sistema Nacional de Salud español, que establece la equidad y universalidad como pilares fundamentales de la atención sanitaria. La grabación fue realizada por una de las personas presentes en la reunión y posteriormente compartida con medios de comunicación tras considerar que las órdenes vulneraban los derechos de los pacientes.
-
Consecuencias inmediatas: despidos y dimisiones
La reacción dentro de Ribera Salud fue rápida pero controvertida. Apenas conocida la filtración de los audios, cuatro directivos del hospital que habían utilizado el canal interno de denuncias para alertar sobre las prácticas ordenadas fueron despedidos de manera fulminante. El 22 de octubre, la entonces gerente del Hospital de Torrejón, Pilar Navarro, había presentado una denuncia interna advirtiendo de la vulneración de los derechos de los pacientes y la posible mala praxis asistencial derivada de las instrucciones de Gallart. Cuatro días después, el 26 de octubre, tres altos directivos más presentaron denuncias similares: el director médico del grupo Carlos Catalán, la directora de enfermería María Josefa Soriano y el director de calidad y experiencia del paciente José David Zafrilla. Al día siguiente, los tres fueron cesados de sus puestos.
Ribera Salud ha negado que estos despidos constituyeran una represalia, argumentando que los cambios en puestos de responsabilidad son habituales en organizaciones empresariales de este tamaño. Sin embargo, la coincidencia temporal entre las denuncias y los ceses ha generado suspicacias tanto en el sector sanitario como en el ámbito político y judicial. Por su parte, Pablo Gallart anunció su apartamiento temporal de la gestión del Hospital de Torrejón horas después de la publicación de los audios, aunque permanece en su cargo dentro de la estructura general de Ribera Salud. La compañía ha comunicado que realizará una auditoría interna en profundidad para verificar que no se ha producido ningún incumplimiento de los estándares de calidad en la atención a los pacientes, de la ética profesional ni de la normativa legal vigente.
-
El modelo Alzira: origen y evolución de la gestión privada en sanidad pública
El sistema bajo el cual opera el Hospital de Torrejón tiene su origen en el denominado modelo Alzira, implementado por primera vez en 1999 en el Hospital de la Ribera, en la localidad valenciana que le da nombre, durante el gobierno del Partido Popular presidido por Eduardo Zaplana en la Comunidad Valenciana. Este modelo se basa en una concesión administrativa mediante la cual una empresa privada construye, equipa y gestiona integralmente un centro sanitario público durante un periodo de entre 15 y 30 años. A cambio, la administración autonómica abona a la empresa concesionaria una cantidad fija anual por cada habitante adscrito al área sanitaria del hospital, independientemente de si esas personas utilizan o no los servicios médicos y de la complejidad de los tratamientos que requieran.
La lógica económica del sistema establece que cuantos menos servicios preste efectivamente el hospital y cuanto menos costosas sean las intervenciones realizadas, mayores serán los beneficios de la empresa, ya que el ingreso permanece constante mientras los gastos se reducen. Este modelo fue presentado inicialmente como una fórmula de eficiencia que permitiría ahorrar recursos públicos mediante la gestión empresarial privada. Sin embargo, el Hospital de Alzira tuvo que ser rescatado por la Generalitat Valenciana apenas cuatro años después de su apertura, en 2003, cuando Ribera Salud acumulaba pérdidas superiores a los cinco millones de euros y no podía mantener el servicio. El gobierno valenciano tuvo que abonar casi 44 millones de euros para extinguir el primer contrato de concesión, reformulando posteriormente las condiciones económicas del modelo.
-
La expansión y caída del modelo en la Comunidad Valenciana
Tras el rescate inicial y la reformulación del contrato en 2003, el modelo Alzira se expandió significativamente por el territorio valenciano durante los gobiernos del Partido Popular. Ribera Salud llegó a gestionar cinco departamentos de salud completos en la Comunidad Valenciana: Alzira, Manises, Dénia, Torrevieja y Elche-Vinalopó, que incluían hospitales y centros de atención primaria. El modelo también se exportó a otras comunidades autónomas gobernadas por el PP, siendo Madrid uno de los principales receptores con el Hospital de Torrejón y otros centros. La Comunidad de Madrid ha pagado al hospital madrileño más de 120 millones de euros adicionales desde que gobierna Isabel Díaz Ayuso, según datos oficiales, para reequilibrar el contrato de concesión ante las reclamaciones de la empresa sobre supuestas pérdidas económicas.
Sin embargo, el cambio político en la Comunidad Valenciana en 2015, con la llegada al poder del Pacto del Botánico formado por PSPV-PSOE, Compromís y Podemos, marcó el inicio de la reversión del modelo. La consellera de Sanidad, Carmen Montón, anunció que no se prorrogarían las concesiones al vencimiento de los contratos y que los hospitales volverían a la gestión pública directa. El Hospital de Alzira fue el primero en revertirse en abril de 2018, tras casi dos décadas de gestión privada, seguido por el de Torrevieja en 2021. Los hospitales de Dénia y Manises también han retornado a la gestión pública, quedando únicamente el del Vinalopó, en Elche, bajo gestión de Ribera Salud, aunque con fuerte contestación social y peticiones de reversión por parte de plataformas ciudadanas y formaciones políticas progresistas en la región.
-
La respuesta del Gobierno: una nueva ley para limitar la gestión privada
La ministra de Sanidad, Mónica García, ha anunciado que el Gobierno central elaborará una nueva Ley de Gestión Pública y de Integridad del Sistema Nacional de Salud que derogará la normativa de 1997 que habilitó las nuevas formas de gestión privada dentro del sistema sanitario público español. Esta ley, que se presentará al Consejo de Ministros a principios de 2026 según ha adelantado la ministra, no prohibirá completamente la colaboración público-privada, pero establecerá restricciones estrictas para impedir que empresas con ánimo de lucro y fondos de inversión puedan gestionar centros sanitarios públicos. La nueva normativa impedirá explícitamente modelos como el de Alzira, Torrejón o la Fundación Jiménez Díaz que, según García, permiten seleccionar pacientes según criterios de rentabilidad económica en lugar de necesidad médica.
El Ministerio de Sanidad ha anunciado además que enviará a la Alta Inspección al Hospital de Torrejón para realizar una investigación exhaustiva sobre las prácticas denunciadas, y que tanto el departamento ministerial como el grupo político Más Madrid presentarán una denuncia ante la Fiscalía por un presunto delito de lesiones contra los pacientes. García ha señalado públicamente a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, acusándola de connivencia con el sector privado sanitario y de permitir que las listas de espera en la sanidad pública madrileña se hayan duplicado durante su mandato, afectando a más de un millón de personas. La ministra ha afirmado que el sistema funciona derivando pacientes desde hospitales públicos saturados hacia centros privados como Quirón o Torrejón, que reciben pagos adicionales por esas derivaciones, generando así un círculo de beneficio empresarial a costa del deterioro de la sanidad pública de gestión directa.
