El CEO del grupo que gestiona hospitales públicos ordenó rechazar pacientes para aumentar la rentabilidad. Los audios filtrados revelan las contradicciones de un modelo de colaboración público-privada que opera en Madrid, Galicia y otras comunidades autónomas, y que ha generado 7.500 millones de euros en contratos públicos desde 2003.
Un audio revelado por El País ha destapado las prácticas del grupo Ribera Salud, uno de los principales operadores privados de hospitales públicos en España. Pablo Gallart, consejero delegado de la compañía, ordenó a los directivos del Hospital de Torrejón alargar las listas de espera y rechazar pacientes para mejorar la rentabilidad del centro. Las declaraciones, realizadas durante una reunión interna el 25 de septiembre, han provocado la dimisión temporal de Gallart, la apertura de una auditoría interna y la activación de controles extraordinarios por parte de la Comunidad de Madrid. El caso pone en evidencia las tensiones estructurales de un modelo que combina gestión privada y financiación pública en la sanidad española.
Ribera Salud gestiona actualmente cuatro hospitales públicos en España: el Hospital Universitario de Torrejón en Madrid, el Hospital Ribera Povisa en Vigo, el Hospital Ribera Polusa en Lugo y el Hospital de Vinalopó en Alicante. Además, ha operado otros cuatro centros en la Comunidad Valenciana que no fueron renovados por el gobierno progresista del Botànic, formado por PSOE y Compromís. Entre estos últimos figuran el Hospital de la Ribera, el primero de gestión privatizada inaugurado en España en 1999, el Hospital Universitario de Torrevieja, el Hospital de Manises y el Hospital Marina Salud. Según el libro del periodista Sergi Castillo sobre el modelo Alzira, las concesiones sanitarias valencianas han consumido 7.500 millones de euros de gasto público entre 2003 y 2018.
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Los audios que destapan la prioridad del beneficio económico
En la grabación publicada por El País, Pablo Gallart instaba a los directivos del Hospital de Torrejón a «desandar el camino» tras los esfuerzos realizados en 2022 y 2023 para reducir listas de espera. El CEO proponía realizar iteraciones para alcanzar un Ebitda de cuatro o cinco millones de euros, sugiriendo evitar prácticas no rentables y rechazar pacientes cuya atención resultara económicamente perjudicial para el centro. «Hacemos actividad que nos perjudica», afirmó Gallart durante la reunión, dejando constancia de que la prioridad del grupo residía en la optimización de resultados financieros por encima de la atención sanitaria universal.
Las declaraciones contrastan radicalmente con el discurso público de Ribera Salud, que tras la difusión del audio emitió un comunicado asegurando que su prioridad son los pacientes y que mantiene intacto su compromiso con el sistema sanitario público. El grupo ha anunciado una auditoría interna para verificar que no se han vulnerado los estándares de calidad asistencial, la ética profesional ni la legislación vigente. Sin embargo, las instrucciones grabadas evidencian que la lógica empresarial de maximización de beneficios puede entrar en conflicto directo con el derecho universal a la salud cuando una entidad privada gestiona recursos públicos bajo contratos de concesión administrativa.
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El modelo de Torrejón: 30 años de gestión privada por 2.127 millones
El Hospital de Torrejón de Ardoz opera bajo un contrato firmado en 2009 entre Ribera Salud y la Comunidad de Madrid, entonces gobernada por Esperanza Aguirre. El acuerdo, rubricado por el expresidente del grupo Alberto de Rosa y el consejero de Sanidad Juan José Güemes, estableció la construcción del hospital y su gestión durante treinta años por un valor total de 2.127 millones de euros. El contrato se insertó en la mayor operación de privatización sanitaria ejecutada en la región madrileña, cuando se construyeron once hospitales de gestión privada siguiendo el modelo Alzira desarrollado originalmente en la Comunidad Valenciana.
Este sistema de colaboración público-privada implica que la Administración paga una cantidad al operador privado, quien a cambio debe proporcionar servicios sanitarios a una población asignada. El modelo ha generado numerosas controversias sobre eficiencia, calidad asistencial y control del gasto público. Los defensores argumentan que permite ampliar la oferta sanitaria sin aumentar el déficit público a corto plazo, mientras los críticos sostienen que supone un coste superior a largo plazo, reduce el control democrático sobre los servicios esenciales y subordina las decisiones médicas a criterios empresariales de rentabilidad.
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Expansión del grupo y contratos millonarios en Galicia
Ribera Salud ha ampliado significativamente su presencia en el sistema sanitario público español más allá de Madrid. En Galicia, el grupo gestiona el Hospital Povisa de Vigo, el mayor centro concertado de la comunidad autónoma, bajo un convenio renovado en abril de 2025 por el gobierno de Alfonso Rueda. El nuevo contrato asciende a 195 millones de euros para dos años, lo que representa un incremento aproximado del 17% respecto al acuerdo anterior. El centro atiende a una población asignada de alrededor de 116.000 personas en el área sanitaria de Vigo.
El contrato gallego introduce un cambio sustancial en el modelo de financiación. Anteriormente, el Servizo Galego de Saúde pagaba una cantidad fija por cada paciente adscrito al hospital. Con el nuevo acuerdo, el pago dependerá de cada proceso sanitario realizado, lo que genera el riesgo de incentivar la multiplicación de procedimientos para garantizar ingresos independientemente de su necesidad clínica real. La población asignada a Povisa está disminuyendo por el goteo de solicitudes de traslado a hospitales públicos, lo que incrementa la presión para que el centro aumente la actividad si quiere alcanzar los niveles de facturación pactados. Hace apenas unos meses, un tercio de los médicos de urgencias del hospital presentaron su dimisión en protesta por las condiciones laborales.
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Conexiones políticas y lawfare contra Mónica Oltra
La trayectoria de Ribera Salud ha estado marcada por estrechos vínculos con dirigentes políticos conservadores. Alberto de Rosa, expresidente del grupo hasta mayo de 2025, protagonizó un episodio controvertido cuando en abril de 2022 la entonces vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra, mostró en el parlamento autonómico una fotografía en la que aparecía De Rosa en corrillo con la fundadora de Vox, Cristina Seguí, y el expresident Francisco Camps. Oltra sugirió que existían lazos entre la derecha, la extrema derecha y el lobby sanitario para precipitar su caída política tras las acusaciones que pesaban sobre su exmarido por abusos a una menor tutelada.
En abril de 2023, Alberto de Rosa se querelló contra Mónica Oltra por unas declaraciones en el programa Salvados en las que denunciaba ser víctima de una cacería política. El día anterior al juicio, De Rosa presentó escrito de renuncia a la acción emprendida, tras lo que la juez acordó desestimar la demanda y condenar al pago de costas al demandante. El episodio ilustra cómo los intereses económicos del sector sanitario privado pueden entrecruzarse con dinámicas políticas y judiciales, especialmente cuando gobiernos progresistas intentan revertir procesos de privatización sanitaria que habían beneficiado a grupos empresariales durante décadas.
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Reacciones institucionales y políticas tras el escándalo
La Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, dirigida por Fátima Matute, activó un equipo multidisciplinar que se desplazó al Hospital de Torrejón para revisar la prestación del servicio en todos sus ámbitos. El departamento autonómico convocó una reunión urgente con la dirección de Ribera Salud, que finalmente fue anulada tras la dimisión temporal de Gallart. Sanidad solicitará una nueva cita con el máximo responsable del grupo y ha advertido de que adoptará todas las actuaciones y controles que pudieran corresponder, subrayando que no tolerará ninguna práctica que perjudique el acceso a la asistencia sanitaria pública.
Los grupos parlamentarios PSOE-M y Más Madrid han anunciado que están preparando acciones legales contra el Gobierno regional, al considerar que las prácticas reveladas por el audio reflejan una gestión orientada a incrementar beneficios económicos en detrimento de la atención a los pacientes. Ambas formaciones exigen responsabilidades políticas y la revisión de todos los contratos de colaboración público-privada en el sistema sanitario madrileño. El caso Ribera Salud reabre el debate sobre los límites y riesgos de la externalización de servicios sanitarios esenciales, poniendo en cuestión si un modelo basado en concesiones a largo plazo puede garantizar simultáneamente el derecho universal a la salud y la sostenibilidad económica del sistema público sin subordinar el primero a criterios de rentabilidad empresarial.
