Al menos 2.000 mujeres andaluzas esperaron hasta un año para conocer que sus pruebas diagnósticas eran dudosas y requerían exámenes complementarios. Amama prepara una demanda colectiva mientras la Fiscalía investiga un fallo que pudo costar vidas. Entre testimonios de mastectomías dobles que podrían haberse evitado y casos de detección tardía, el sistema sanitario andaluz enfrenta una crisis de confianza que trasciende lo médico para devenir batalla política.
La llamada llegó demasiado tarde para Anabel Cano. Un año después de realizarse una mamografía dentro del programa de detección precoz de cáncer de mama en Andalucía, recibió el aviso de que necesitaba pruebas complementarias. El tumor había progresado. Ahora se enfrenta a una mastectomía. Tras reunirse con responsables de la Consejería de Salud, su petición fue clara: «Que no le pase a ninguna mujer más». Su caso no es aislado. La Junta de Andalucía ha reconocido un fallo en el circuito de notificación que afecta a 2.000 mujeres cuyos resultados eran dudosos y nunca fueron informadas del seguimiento necesario.
El escándalo estalló cuando la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama (Amama) comenzó a recibir testimonios de pacientes que llevaban meses o años esperando noticias tras realizarse mamografías. La Cadena SER difundió los primeros casos y la administración se vio obligada a reconocer públicamente el problema. El Servicio Andaluz de Salud (SAS) admitió que el circuito de comunicación dejó sin notificación a mujeres con mamografías calificadas como «no concluyentes» o con «lesiones posiblemente benignas». Según el protocolo, cuando una mamografía arroja resultados dudosos, clasificados como BI-RADS 3, el radiólogo decide esperar entre tres meses y un año para realizar una segunda prueba. El problema es que muchas mujeres nunca supieron que estaban en esa categoría.
Amparo Pérez tiene ahora 54 años y está viva, pero el camino fue tortuoso. Seis meses después de hacerse una mamografía dentro del programa de cribado, le comunicaron que tenía cáncer. Se sometió a una mastectomía doble, la extirpación de ambos pechos. «Si no se hubiera retrasado, a lo mejor no me habría hecho la mastectomía doble. No lo sé, pero de lo que se trata ahora es de solucionar el error y que no les pase a las que vienen detrás», declaró tras reunirse con la consejera de Salud. Su caso ilustra la incertidumbre que genera un diagnóstico tardío: nunca sabrá si el retraso determinó la agresividad del tratamiento que necesitó.
Disculpas sin asumir responsabilidades
La consejera de Salud de Andalucía, Rocío Hernández, ha intentado transmitir tranquilidad asegurando que estadísticamente el 98% de las lesiones dudosas terminan siendo benignas. En la reunión con afectadas de Amama, pidió disculpas en varias ocasiones y prometió depurar responsabilidades. Sin embargo, sus declaraciones también generaron malestar. «No veáis el vaso medio vacío», dijo a las víctimas en un encuentro tenso donde la gerente del SAS, Valle García, llegó a comentar: «Vosotras no sois médicos, no tenéis que saber esto», mientras explicaba las categorías de resultados de mamografías. Una de las mujeres respondió que «hace año y medio que conozco toda la terminología oncológica». La Junta ha anunciado que revisará las mamografías de tres años atrás y establecerá un circuito preferente para las afectadas.
Ángela Claverol, presidenta de Amama, ha sido la voz más contundente contra lo que considera una negligencia. «¿Y si de las que se han ido era una de las que nunca le llegaron a avisar?», se preguntó con dolor al conocerse el alcance del problema. La asociación presentó este lunes una demanda colectiva contra el SAS y la consejera Rocío Hernández. El abogado de Amama, Manuel Jiménez, explicó que buscan «que se depuren responsabilidades y se otorgue el resarcimiento correspondiente». Según Claverol, varias mujeres fallecieron por retrasos en pruebas complementarias, aunque aún no se ha cuantificado oficialmente cuántas muertes podrían estar relacionadas con el fallo del sistema. La asociación denuncia que ya había trasladado el problema a los dos consejeros anteriores sin obtener respuesta.
El caso ha desatado una tormenta política en pleno periodo preelectoral. Todos los partidos de la oposición han reclamado la dimisión de Rocío Hernández. El PSOE andaluz, a través de su portavoz adjunta Ángeles Férriz, acusó al Gobierno de Juanma Moreno de que «la sanidad andaluza ha colapsado» y exigió que «la Junta tiene que revisar todas las mamografías». Incluso Vox, socio habitual del PP en Andalucía, pidió a Moreno que no «frivolice» con la cuestión. El presidente andaluz descartó cesar a la consejera y se quejó de haber recibido «información muy tarde» sobre los fallos. El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, resumió la situación con ironía en redes sociales: «El resultado de la mamografía para saber si tienes cáncer tarda un año, pero Juanma Moreno te descuenta ocho euros del gimnasio. Prioridades».
La Fiscalía Superior de Andalucía abrió el pasado lunes una investigación tras recibir la denuncia del Defensor del Paciente. La organización Facua ha puesto en marcha una plataforma de afectadas que no se limita a Andalucía, mientras varios despachos de abogados especializados en reclamaciones contra el SAS han comenzado a aglutinar víctimas para reclamar responsabilidad patrimonial. Izquierda Unida presentó otra denuncia ante la Fiscalía General del Estado pidiendo responsabilidades a los tres consejeros de Salud que ha tenido Moreno por homicidio imprudente y omisión del deber de prestar servicios sanitarios. El Ministerio de Sanidad, dirigido por Mónica García, solicitó un informe a la Junta y pidió datos sobre diagnóstico precoz del cáncer para el próximo Consejo Interterritorial.
Problema estructural de la sanidad andaluza
Los primeros análisis del SAS apuntan a que Cádiz, Sevilla y Málaga concentran la mayoría de los casos por revisar. El epicentro es el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, aunque Amama señala que está recibiendo avisos de múltiples provincias, lo que podría ampliar la cifra de afectadas. La Junta atribuye el problema a «disfunciones en los sistemas informáticos», una explicación que tanto Amama como expertos consideran insuficiente. La Consejería ha informado que el programa de cribado se ha reforzado con nuevos mamógrafos: 28 equipos adquiridos en 2023, 33 en 2024 y cuatro más en 2025. La actividad ha crecido de 440.000 citas gestionadas en 2022 a 848.000 en los primeros nueve meses de 2025, un incremento del 48%. Pero el volumen no resuelve el fallo comunicativo.
Este escándalo pone de manifiesto una contradicción en el sistema: mientras la Junta anunció ampliar el rango de edad del cribado para incluir a más mujeres, no garantizaba el seguimiento de quienes ya tenían sospechas de cáncer. Para la oposición política, la ampliación fue una «maniobra propagandística» destinada a ocultar los problemas estructurales. Para las afectadas, es la evidencia de que el sistema falló en lo fundamental: informar a tiempo. Expertos en salud pública advierten que el caso refleja una falla estructural que requiere reformas profundas, con protocolos claros, trazabilidad de pruebas y mecanismos efectivos para garantizar atención inmediata. La acción colectiva de Amama podría sentar un precedente para proteger los derechos de las pacientes y obligar a la Junta a reforzar la supervisión de sus programas de detección precoz. Mientras tanto, 2.000 mujeres esperan respuestas sobre qué salió mal en el sistema que debía cuidarlas.
