La 90ª edición de La Vuelta Ciclista a España arranca con polémica por la presencia del Israel Premier-Tech, en lo que que organizaciones pro-palestinas interpretan como una campaña para «blanquear un régimen de apartheid». El director de la competición, Javier Guillén, defiende el derecho del equipo a participar mientras entidades convocan manifestaciones durante el paso de la décima etapa por Navarra el 2 de septiembre.
La 90ª edición de La Vuelta Ciclista a España comenzó este sábado 23 de agosto marcada por la ausencia de grandes nombres como Pogacar, Roglic o Evenepoel, pero cargada de polémica por la participación del equipo Israel Premier-Tech. La competición, que se extenderá hasta el 14 de septiembre cubriendo 3.151 kilómetros en 21 etapas, reproduce las tensiones del año anterior cuando las metas se llenaron de banderas palestinas en protesta contra el equipo patrocinado por el Estado hebreo. Las organizaciones pro-palestinas han intensificado sus campañas, calificando la presencia del conjunto israelí como una operación de «sportswashing» destinada a blanquear internacionalmente la imagen de Israel en pleno conflicto de Gaza.
La plataforma política Contigo-Zurkein Navarra, integrada por Podemos Navarra, Izquierda Unida, Batzarre, Alianza Verde y Verdes Equo, emitió un comunicado el 20 de agosto exigiendo la «exclusión» del equipo israelí de la competición. La petición cobra especial relevancia ante el paso de la décima etapa por territorio navarro el 2 de septiembre, cuando los corredores recorrerán la geografía foral desde El Parque de la Naturaleza (Sendaviva) hasta El Ferial Larra Belagua. La plataforma había solicitado tanto al Gobierno de Navarra, presidido por la socialista María Chivite, como a los ayuntamientos que demandaran a Unipublic, empresa organizadora de la competición, la inmediata exclusión del conjunto ciclista.
Las protestas trascienden el ámbito político para extenderse a organizaciones sociales. Yala Nafarroa ha convocado manifestaciones en diversos puntos del recorrido durante la décima etapa, mientras que la Plataforma Villena por la Paz suma sus voces críticas contra lo que consideran una instrumentalización deportiva. «Israel lleva décadas llevando a cabo una ocupación y aplicando un sistema de apartheid sobre el pueblo palestino, por eso hay que hacer todo lo posible para acabar con esto, no podemos dejar que utilicen el deporte para lavar su imagen», declaró Lidón Soriano Segarra, miembro de Yala Nafarroa, expresando las motivaciones de la movilización ciudadana.
Guillén defiende la participación: «Tienen derecho»
El director de La Vuelta, Javier Guillén, ha defendido categóricamente la presencia del equipo israelí en una entrevista concedida a Mundo Deportivo. «Es imposible» expulsar al conjunto de la competición, declaró Guillén, argumentando que «está en la carrera por derecho propio. Tiene todo el derecho a participar y nosotros a cogerlo». Esta posición institucional choca frontalmente con las demandas de exclusión, generando un debate sobre los límites entre deporte y política que reproduce dinámicas similares a otros conflictos internacionales donde el ciclismo ha servido como escenario de tensiones geopolíticas.
La defensa de Guillén se basa en argumentos procedimentales que delimitan claramente las competencias organizativas. Según el enviado especial del Diario Sport, Sergi López-Egea, la organización de La Vuelta carece de «competencia para desestimar la presencia del equipo», siendo la Unión Ciclista Internacional (UCI) «la única entidad con capacidad para retirarle la licencia». Este precedente se materializó en 2022 cuando la UCI retiró la licencia al conjunto ruso Gazprom-Rusvelo tras la invasión de Ucrania, estableciendo un antecedente sobre sanciones deportivas por motivos geopolíticos que las organizaciones pro-palestinas intentan aplicar al caso israelí.
La cuestión de las competencias está siendo estudiada por los equipos jurídicos de diferentes organizaciones sociales para «esclarecer ante un Tribunal» las posibilidades legales de exclusión. Esta estrategia judicial refleja la determinación de los movimientos pro-palestinos para utilizar todas las vías disponibles, incluida la judicial, para conseguir la retirada del equipo israelí. El precedente ruso genera expectativas sobre la posibilidad de lograr medidas similares, aunque las diferencias contextuales entre ambos conflictos complican las comparaciones directas.
Los ciclistas del Israel Premier-Tech lucirán este año, como en 2024, su característico maillot azul con una estrella de David futurista en el pecho que mostrarán en caso de victoria. Esta simbología, que el año pasado exhibió Michael Woods tras coronar el puerto de Ancares, se ha convertido en el foco visual de las protestas que consideran cada imagen del equipo como una operación de propaganda estatal.
El precedente ucraniano
La comparación con el caso ruso-ucraniano ilustra las complejidades de aplicar sanciones deportivas por motivos geopolíticos. La UCI retiró la licencia al Gazprom-Rusvelo en 2022 tras la invasión rusa de Ucrania, estableciendo un precedente de exclusión deportiva por agresión militar internacional. Sin embargo, las organizaciones ciclistas han mantenido criterios diferentes respecto al conflicto israelí-palestino, argumentando que la situación presenta características jurídicas y políticas distintas que no justificarían medidas similares desde la perspectiva de los organismos deportivos internacionales.
Esta disparidad de criterios alimenta las críticas de las organizaciones pro-palestinas, que denuncian un doble rasero en la aplicación de principios éticos al deporte internacional. La acusación de «sportswashing» se inscribe en una estrategia más amplia de denuncia del uso del deporte como herramienta de blanqueamiento de imagen por parte de regímenes controvertidos, siguiendo precedentes establecidos en otros deportes donde países como Arabia Saudí o Qatar han sido señalados por prácticas similares.
El contexto internacional añade complejidad al debate. Las declaraciones se producen en un momento de máxima tensión, coincidiendo con el anuncio israelí del inicio de la «primera fase militar para tomar la Ciudad de Gaza». Este timing intensifica las críticas contra la participación del equipo, al coincidir la competición deportiva con una escalada militar que ha provocado, según datos de la ONU, 60.000 víctimas palestinas desde octubre de 2023. El jefe de Derechos Humanos de la ONU acusó directamente a Israel de ser responsable de la «situación de hambruna en Gaza» apenas días antes del inicio de La Vuelta.
Las protestas durante la competición prometen replicar las imágenes de 2024, cuando las banderas palestinas proliferaron en las llegadas de etapa. Esta movilización ciudadana convierte cada jornada ciclista en un potencial escenario de manifestación política, transformando la competición deportiva en un termómetro de las tensiones internacionales que atraviesan la sociedad española y europea ante uno de los conflictos más dramáticos de la actualidad geopolítica.
