El Ayuntamiento ordenó el desalojo de personas sin hogar que se alojaban en un instituto abandonado, suscitando las condenas de entidades sociales, políticas y religiosas por la gestión de la crisis y la falta de alternativas para estas personas. La controversia evidencia las tensiones sobre políticas de exclusión social y convivencia en municipios españoles.
El desalojo del antiguo instituto B9 de Badalona, ejecutado el pasado 18 de diciembre por los Mossos d’Esquadra, desencadenó una crisis humanitaria que puso al descubierto las carencias del sistema de atención a personas sin hogar en Cataluña. Unas cuatrocientas personas que ocupaban el edificio abandonado fueron expulsadas sin que el Ayuntamiento ofreciera alternativas habitacionales inmediatas, lo que provocó que decenas de ellas acabaran durmiendo a la intemperie bajo el puente de la autopista C-31, en pleno invierno y en condiciones de extrema vulnerabilidad. El caso ha generado un intenso debate sobre las responsabilidades institucionales en la gestión de la exclusión social.
La controversia escaló cuando más de cincuenta párrocos y asociaciones vinculadas a la Iglesia Católica de toda España firmaron un manifiesto público criticando la actuación del alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, del Partido Popular. El documento, que incluye diócesis de ciudades como Santiago de Compostela, Jaén, Ourense, Madrid, Bilbao y León, acusó al regidor de haber dejado a cientos de personas en la calle en pleno invierno sin ofrecer soluciones habitacionales dignas. Esta movilización religiosa contra una política municipal resulta inusual en el panorama español contemporáneo y evidencia la gravedad de la situación humanitaria generada tras el desalojo.
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El desalojo del instituto B9 y el campamento bajo el puente
El antiguo instituto B9 de Badalona llevaba ocupado desde dos mil veintitrés por personas en situación de sinhogarismo, en su mayoría migrantes subsaharianos sin papeles ni recursos económicos. El edificio, propiedad municipal, se había convertido en refugio de emergencia ante la falta de alternativas habitacionales en la ciudad. El Ayuntamiento, gobernado por el Partido Popular con mayoría absoluta desde junio de dos mil veintitrés, solicitó una orden judicial de desalojo argumentando que el inmueble era necesario para construir una nueva comisaría de policía en la zona de Sant Roc, uno de los barrios más degradados de Badalona.
El operativo policial se ejecutó el miércoles 18 de diciembre, cuando los Mossos d’Esquadra desalojaron a las aproximadamente doscientas personas que permanecían en el interior del edificio. La mitad de los ocupantes había abandonado el instituto voluntariamente en los días previos, ante la inminencia del desalojo. Sin embargo, la operación se llevó a cabo sin que el Ayuntamiento hubiera habilitado recursos de acogida suficientes para las personas expulsadas. Según denunciaron entidades sociales presentes durante el desalojo, aunque había trabajadores sociales municipales en el lugar, solo una cincuentena de personas accedió a los servicios ofrecidos por considerarlos insuficientes o inadecuados a sus necesidades.
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Acusaciones de xenofobia y discriminación contra el alcalde Albiol
La gestión del desalojo reavivó las acusaciones históricas de xenofobia contra Xavier García Albiol, un político que ha construido gran parte de su carrera en torno a discursos duros sobre inmigración y seguridad ciudadana. Desde su llegada a la alcaldía en dos mil once, Albiol ha protagonizado numerosas polémicas por declaraciones y campañas electorales consideradas discriminatorias hacia la población migrante. En dos mil diez repartió un folleto que vinculaba a gitanos rumanos con la delincuencia, lo que le valió una denuncia judicial de la que fue absuelto, aunque el magistrado reconoció que sus palabras habían sido ofensivas. Su lema electoral de dos mil quince, «Limpiando Badalona», generó acusaciones de estigmatización hacia colectivos vulnerables.
En el caso del B9, múltiples voces políticas y sociales han acusado al alcalde de utilizar a las personas desalojadas como herramienta de movilización política de su electorado más conservador. La Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona denunció que Albiol trata a los afectados «como si fueran basura» y le acusó de instrumentalizar el conflicto para generalizar acusaciones de delincuencia contra estos grupos. Desde Esquerra Republicana, su portavoz Isaac Albert calificó la situación como una «crisis humanitaria evidente» y tildó al alcalde de «pirómano» por su gestión. Por su parte, desde Comunes se acusó a Albiol de «esparcir el odio y el problema del sinhogarismo» por diferentes barrios en lugar de buscar soluciones integrales.
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El cierre previo del albergue municipal y la falta de alternativas
La gravedad de la crisis se explica en gran medida por el cierre previo del único albergue municipal de Badalona para personas sin hogar. El equipamiento conocido como Can Bofí Vell, una antigua masía que funcionaba como centro de acogida nocturna, cerró en mayo de dos mil veinticuatro después de que el Ayuntamiento acumulara una deuda de un millón setecientos mil euros con la cooperativa Suara, que gestionaba el centro desde dos mil veinte. La cooperativa decidió no renovar la licitación del servicio ante la imposibilidad de continuar asumiendo los gastos mensuales sin el pago municipal correspondiente.
Este cierre dejó a Badalona, la cuarta ciudad de Cataluña en población con doscientos veinticinco mil habitantes, sin ningún dispositivo público básico de alojamiento de emergencia para personas sin hogar. La consejera de Derechos Sociales de la Generalitat, Mónica Martínez Bravo, reconoció públicamente que ciento veinte personas vulnerables habían sido desalojadas sin alternativa habitacional adecuada. Diversas entidades sociales cifraron en aproximadamente ciento ochenta el número total de personas afectadas que necesitaban recursos de emergencia. La ausencia de este albergue municipal convirtió el desalojo del B9 en una crisis de mayor envergadura, al no existir capacidad institucional local para absorber a las personas expulsadas.
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La movilización de la Iglesia Católica y las entidades sociales
La respuesta más contundente al desalojo provino de la Iglesia Católica. Más de cincuenta párrocos, asociaciones y entidades vinculadas a diócesis de toda España firmaron un manifiesto público criticando la actuación del Ayuntamiento de Badalona. La carta incluía una referencia evangélica explícita: «Jesús no se identifica con el poder que desaloja, sino con el pobre desalojado». El documento denunció que «no se puede hablar de seguridad cuando se fabrica exclusión» y acusó implícitamente al alcalde de utilizar el orden público como coartada para políticas discriminatorias. La participación de diócesis de Santiago de Compostela, Jaén, Ourense, Madrid, Bilbao y León evidenció que la preocupación trascendía el ámbito catalán.
Esta movilización religiosa resulta significativa en el contexto español actual, donde la Iglesia Católica mantiene una posición influyente en cuestiones sociales. La parroquia de Santa Anna de Barcelona se sumó a las críticas, al igual que organizaciones como Cáritas y Cruz Roja, que intentaron articular respuestas de emergencia. Sin embargo, el intento de habilitar acogida en la parroquia de la Mare de Déu de Montserrat del barrio de Sant Crist fracasó cuando un grupo de vecinos bloqueó físicamente la entrada de los migrantes al espacio preparado para su acogida. Este episodio, en el que se escucharon gritos racistas y homófobos según testigos presentes, evidenció la fractura social existente en sectores de la población badalonesa respecto a la gestión de la inmigración y la pobreza.
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El contexto político: Badalona y la gestión de la exclusión social
El caso del B9 se inscribe en un debate más amplio sobre la gestión municipal de la exclusión social y el sinhogarismo en España. Badalona presenta características específicas que explican parcialmente la intensidad del conflicto: es una ciudad con elevados índices de paro, pobreza y problemas de convivencia en varios barrios, especialmente en Sant Roc, donde se concentra población de etnia gitana y migrantes en situación precaria. El Ayuntamiento argumenta que carece de recursos económicos suficientes para atender a todas las personas en situación de vulnerabilidad y que la competencia en materia de inmigración y servicios sociales corresponde a otras administraciones.
Xavier García Albiol ha defendido públicamente que el Ayuntamiento no destinará «ni un solo euro» a quienes han ocupado ilegalmente edificios municipales. El alcalde cuestionó retóricamente si la administración local debe proporcionar vivienda o pensión a cuatrocientas personas que ocupaban ilegalmente un inmueble, argumentando que los recursos materiales y económicos son finitos. Esta posición generó críticas de la oposición municipal, que acusó al PP de priorizar la confrontación política sobre la búsqueda de soluciones. La Generalitat ofreció colaboración económica y técnica para reabrir el albergue de Can Bofí Vell, pero el Ayuntamiento rechazó la propuesta alegando deficiencias estructurales en el edificio.
El desalojo también tuvo repercusión internacional. Dos relatores de Naciones Unidas expresaron su preocupación por la actuación y cuestionaron la falta de alternativas habitacionales dignas para las personas afectadas. Albiol respondió con desdén afirmando que no perdería «ni un minuto» con dichos expertos, asegurando que no se habían puesto en contacto con el Ayuntamiento. Esta respuesta evidencia una estrategia deliberada de confrontación que conecta con un electorado sensible a discursos de mano dura en materia migratoria. Para sus críticos, Albiol utiliza Badalona como escaparate político del ala más contundente del Partido Popular en gestión de inmigración y exclusión social, estableciendo un modelo que podría replicarse en otros municipios españoles con problemáticas similares.
