La participación en proyectos de infraestructura en territorios palestinos ocupados ha dejado de ser rentable tras la escalada del conflicto en Gaza. CAF puede perder un megacontrato de 3.400 millones, eDreams abandona sus servicios en asentamientos ilegales y Comsa renunció a 2.200 millones tras la presión internacional. El movimiento BDS demuestra que la colaboración empresarial con la ocupación termina saliendo cara cuando la opinión pública internacional gira contra Israel.
La empresa vasca Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF) enfrenta la posible pérdida del contrato más importante de su historia por mantener su participación en el controvertido tranvía de Jerusalén que conecta asentamientos ilegales israelíes. El megacontrato para renovar la mitad de la flota de trenes de Bélgica, valorado entre 1.700 y 3.400 millones de euros, está en riesgo tras las advertencias del Consejo de Estado belga sobre las actividades de la empresa española en territorios palestinos ocupados. Esta situación evidencia cómo la colaboración empresarial con la ocupación israelí se ha convertido en un pasivo económico que compromete operaciones en mercados internacionales.
El lehendakari vasco, Imanol Pradales, reconoció públicamente esta realidad el 3 de septiembre cuando instó a CAF a realizar una «reflexión ética» sobre su participación en el proyecto ferroviario que facilita la colonización israelí. Sus declaraciones en Radio Euskadi constituyen la primera vez que un responsable político vasco cuestiona la legitimidad de estos contratos, reflejando el cambio en la percepción pública tras el inicio de la ofensiva en Gaza. La presión política se intensificó cuando Arnaldo Otegi, líder de EH Bildu, advirtió que colaborar con Israel puede suponer la pérdida de otros contratos, asegurando que «a CAF le renta más acabar con ese contrato en Israel».
La dinámica alcanza dimensiones significativas cuando se considera que el contrato israelí de CAF, valorado en 500 millones de euros, amenaza con costarle a la empresa un proyecto seis veces superior en Bélgica. El tranvía que la empresa mantiene y amplia conecta la ciudad antigua de Jerusalén con asentamientos ilegales en Cisjordania y el este de la ciudad, facilitando el traslado de colonos y soldados israelíes a territorios ocupados en violación del derecho internacional. Esta infraestructura ha sido calificada por la relatora especial de la ONU, Francesca Albanese, como crucial para «el establecimiento y la expansión de las colonias» mientras excluye y segrega a la población palestina.
La presión internacional cambia las reglas del juego
El caso de CAF ilustra una tendencia más amplia que afecta a empresas españolas con actividades en territorios ocupados. eDreams, la única empresa española incluida en la base de datos de la ONU de compañías que operan en asentamientos ilegales, confirmó el 2 de septiembre la retirada de alojamientos ofertados en territorios ocupados tras una intensa campaña del movimiento Boicot, Desinversiones y Sanciones (BDS). El director financiero de la compañía, David Elizaga, explicó que la empresa activó controles de localización para filtrar pisos y hoteles en colonias israelíes, asegurando que se había contactado con la ONU para ser excluida de la próxima actualización de la lista.
La empresa catalana Comsa tomó una decisión similar en abril de 2024 cuando anunció su retirada del consorcio hispano-israelí JTrain, renunciando a un contrato de 25 años valorado en 2.200 millones de euros para ampliar la Línea Azul del tranvía que conecta Jerusalén con el asentamiento ilegal de Gilo. Esta decisión, adoptada apenas siete meses después de ganar el concurso, demuestra cómo el cálculo de riesgos empresariales ha cambiado radicalmente tras la escalada del conflicto palestino-israelí. La retirada de Comsa anticipó las dificultades que posteriormente enfrentaría CAF con su proyecto similar.
El contexto político en Bélgica, donde CAF busca cerrar su megacontrato, refleja este cambio en la percepción internacional. El ministro de Exteriores belga, Maxime Prévot, anunció el 2 de septiembre medidas que incluyen la prohibición de importar productos de territorios ocupados y la revisión de la política de compras públicas. Aunque estas medidas están condicionadas a desarrollos en Gaza, muestran un endurecimiento de la posición europea que puede afectar directamente a contratos con empresas implicadas en la ocupación.
Bélgica y la nueva sensibilidad europea
El proceso de adjudicación del contrato belga se ha desarrollado en un contexto político marcado por el genocidio palestino y las tensiones internas en la coalición de gobierno sobre este tema. Cuatro ONG belgas lograron participar en una vista ante el Consejo de Estado para impugnar la adjudicación de CAF alegando su implicación en asentamientos ilegales, estableciendo un precedente sobre la consideración de criterios de derechos humanos en contratos públicos. Los auditores del Consejo concluyeron que la empresa belga de ferrocarriles debe investigar «a fondo la postura de CAF» antes del fallo definitivo.
Esta investigación debe ser «verdaderamente exhaustiva» según las ONG participantes, que califican de «victoria» haber logrado que «el debate no se limitó a un tecnicismo» sino que CAF tuviera que «rendir cuentas ante el Consejo de Estado por sus actividades en el Territorio Palestino Ocupado». La decisión contrasta con procesos anteriores donde las consideraciones técnicas y económicas predominaban sobre evaluaciones éticas o de derechos humanos en la adjudicación de contratos públicos.
El rey Felipe de Bélgica había calificado la situación en Gaza como «una vergüenza para la humanidad» en su discurso de la fiesta nacional de julio, reflejando un cambio en la percepción oficial que trasciende divisiones partidistas. Esta sensibilización alcanza niveles institucionales donde se mezclan la protección de empleos locales con la participación empresarial en lo que los críticos denominan «tren del apartheid», evidenciando las nuevas complejidades que enfrentan las empresas europeas en sus decisiones de inversión.
Efecto dominó del movimiento BDS
La efectividad del movimiento de BDS se evidencia en múltiples sectores y países. En agosto, la empresa francesa Alstom fue excluida de un contrato con Transports Metropolitans de Barcelona por contribuir a la ocupación de Palestina, mientras que el Fondo de Pensiones Global de Noruega retiró inversiones en más de una decena de empresas israelíes. Estos precedentes demuestran que la colaboración con la ocupación genera riesgos reputacionales y comerciales que trascienden fronteras nacionales.
El caso de la siderúrgica vasca Sidenor ilustra la eficacia de estas campañas. Tras la presión del BDS y sindicatos vascos, la empresa anunció el 1 de julio el fin de su relación con Industrias Militares Israelíes, una decisión que suponía perder el 0,5% de su facturación pero que evitaba mayores riesgos reputacionales. Este «efecto Sidenor» ha influido en el cambio de discurso político sobre CAF, según expertos en impunidad corporativa que siguen estas campañas.
Noruega, uno de los mercados predilectos de CAF, se ha convertido en el país que más medidas ha adoptado para cortar la financiación de empresas que facilitan la ocupación. El Gobierno noruego emitió en octubre de 2024 un comunicado alertando sobre los riesgos de participar en actividades económicas vinculadas a asentamientos ilegales israelíes, mientras que su fondo soberano retiró inversiones masivas en empresas israelíes. Esta política puede comprometer futuros contratos de CAF en un mercado tradicionalmente favorable para la empresa vasca.
La cronología de desinversiones y boicots desde octubre de 2023 muestra un patrón acelerado que incluye desde fondos de pensiones daneses hasta empresas de seguros francesas como AXA. La marca deportiva Puma no renovó su patrocinio de la Asociación de Fútbol de Israel, mientras que múltiples instituciones financieras europeas han retirado inversiones en bancos y empresas israelíes por su conexión con asentamientos ilegales.
La transformación del panorama empresarial internacional respecto a Israel evidencia que la colaboración con la ocupación se ha convertido en un riesgo calculable que puede comprometer operaciones más rentables en mercados sensibilizados. La experiencia de empresas españolas como CAF, eDreams y Comsa demuestra que el coste reputacional y comercial de mantener actividades en territorios ocupados puede superar significativamente los beneficios económicos directos, redefiniendo los parámetros de decisión empresarial en un contexto de creciente escrutinio internacional.
