El BOE publica las nuevas normas que permiten sancionar a «pseudoperiodistas» como Vito Quiles o Bertrand Ndongo. La reforma introduce controles más estrictos sobre la acreditación de profesionales, un régimen sancionador y un consejo consultivo que regulará la presencia de agitadores ultra en el Parlamento. El cambio responde a la proliferación de activistas digitales que instrumentalizan las instituciones democráticas para generar desinformación y polarización social bajo la cobertura de ejercer el periodismo.
El Boletín Oficial del Estado publicó este jueves la reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados que introduce por primera vez en la democracia española un sistema para sancionar a los denominados «pseudoperiodistas». La normativa, aprobada el pasado 22 de julio con la oposición del Partido Popular (PP), Vox y Unión del Pueblo Navarro (UPN), establece controles más estrictos sobre la acreditación de profesionales de la información y crea mecanismos para expulsar a quienes obstaculicen la actividad parlamentaria. Estas son las cinco claves principales de una reforma que marca un precedente en la lucha institucional contra la desinformación.
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Definición del problema: activismo ultra disfrazado de periodismo
La reforma surge como respuesta a una realidad inédita en el Parlamento español: la proliferación de agitadores políticos que utilizan credenciales de prensa para interrumpir ruedas de prensa, acosar a diputados y crear contenido viral para redes sociales. Figuras como Vito Quiles, vinculado a Estado de Alarma TV y al partido ultraderechista Se Acabó la Fiesta de Alvise Pérez, o Bertrand Ndongo, colaborador de Periodista Digital y exasesor de Vox en la Asamblea de Madrid, han protagonizado múltiples incidentes que llevaron a la Asociación de Periodistas Parlamentarios a reclamar medidas urgentes.
Estos activistas han desarrollado un patrón sistemático de desinformación y manipulación. Quiles, por ejemplo, difundió bulos sobre supuestas irregularidades en ayudas estatales sin contrastar fuentes oficiales, mientras siguió por los pasillos del Congreso al diputado José Luis Ábalos en una grabación tensa que posteriormente viralizó presentándola como «periodismo de investigación». Por su parte, Ndongo protagonizó episodios como el señalamiento público de periodistas en redes sociales, publicando fotografías de profesionales de La Sexta con mensajes intimidatorios que calificó como «desenmascaramiento» de la «prensa cómplice».
El fenómeno trasciende lo anecdótico para convertirse en manifestación del crecimiento del pseudoperiodismo digital, caracterizado por la instrumentalización de las instituciones democráticas para generar desinformación y polarización social. Estos perfiles aprovechan las credenciales periodísticas para acceder a espacios institucionales que después utilizan como escenarios para producir contenido propagandístico destinado a audiencias radicalizadas en redes sociales. La estrategia forma parte de lo que los especialistas denominan «activismo digital ultra», que busca erosionar la confianza en las instituciones democráticas mediante la generación sistemática de conflictos y polémicas.
La distinción entre periodismo legítimo y activismo político resulta fundamental para comprender el alcance de la reforma. Mientras el periodismo profesional se basa en la verificación de hechos, el contraste de fuentes y la separación entre información y opinión, el pseudoperiodismo opera mediante la manipulación emocional, la generación de bulos y la instrumentalización de sesgos cognitivos para reforzar narrativas preestablecidas. Esta diferencia no es meramente técnica, sino que afecta al funcionamiento de la democracia, cuya estabilidad depende de la existencia de un espacio público informado y basado en hechos contrastados.
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Nuevo régimen sancionador: de la suspensión a la expulsión definitiva
La reforma introduce por primera vez un sistema escalonado de sanciones para profesionales acreditados que incumplan las normas de convivencia parlamentaria. Las medidas van desde advertencias y suspensiones temporales hasta la retirada definitiva de la acreditación, dependiendo de la gravedad de las infracciones cometidas. Los criterios incluyen el incumplimiento de las directrices de la Mesa del Congreso, la realización de grabaciones sin autorización, el acoso a otros profesionales o diputados, y cualquier comportamiento que obstaculice el normal desarrollo de la actividad parlamentaria.
El sistema establece tres niveles de infracciones: leves, graves y muy graves. Las infracciones leves conllevan amonestaciones escritas; las graves pueden suponer la suspensión temporal de la acreditación por períodos de entre uno y seis meses; mientras que las muy graves permiten suspensiones de hasta tres años o la retirada definitiva del pase de prensa. Un ejemplo de infracción grave sería el caso reciente de Ndongo, quien interrumpió sin turno de palabra a la portavoz de Sumar, Verónica Martínez, para increparla sobre su apoyo a Mónica Oltra, convirtiendo una rueda de prensa oficial en un espectáculo de confrontación personal grabado para redes sociales.
La aplicación del régimen sancionador quedará en manos de la Mesa del Congreso, previa propuesta del nuevo Consejo Consultivo de Comunicación Parlamentaria. Este mecanismo busca despolitizar las decisiones mediante la participación de representantes de organizaciones profesionales de periodistas, que aportarán criterios técnicos sobre qué constituye ejercicio legítimo de la profesión. La reforma incluye además garantías procesales como el derecho de audiencia y la posibilidad de recurrir las decisiones, protegiendo así los derechos fundamentales de los afectados.
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Control de acreditaciones: nuevos filtros para el acceso institucional
La normativa refuerza significativamente los controles sobre la concesión y renovación de acreditaciones periodísticas en el Congreso. Los profesionales deberán demostrar no solo su vinculación a medios de comunicación, sino también el cumplimiento de estándares profesionales básicos y el respeto a códigos deontológicos reconocidos. La Mesa podrá establecer requisitos adicionales y revisar periódicamente las credenciales, especialmente en casos donde se detecten conductas inapropiadas o incompatibles con el ejercicio periodístico legítimo.
Los flamantes criterios buscan alinearse con estándares europeos sobre qué constituye un medio de comunicación válido para la acreditación institucional, estableciendo filtros que distingan entre medios informativos genuinos y plataformas de propaganda política. La reforma contempla la evaluación de factores como la independencia editorial, la transparencia en la financiación, el cumplimiento de normas profesionales y la existencia de mecanismos de corrección de errores. Estos criterios pretenden evitar que organizaciones puramente propagandísticas obtengan acreditaciones que después instrumentalizan para generar disrupciones.
El proceso de acreditación incluirá también la exigencia de formación periodística acreditada o experiencia profesional demostrable, así como el compromiso escrito de respetar las normas de convivencia parlamentaria. La renovación periódica de credenciales permitirá revisar el cumplimiento de estos compromisos y retirar el acceso a quienes hayan demostrado comportamientos incompatibles con el ejercicio profesional del periodismo.
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El Consejo Consultivo: profesionales contra la politización
La reforma crea el Consejo Consultivo de Comunicación Parlamentaria, un órgano mixto integrado por representantes de todos los grupos parlamentarios y delegados de organizaciones profesionales de periodistas reconocidas. Este consejo tendrá competencias para proponer sanciones contra periodistas acreditados, aunque la decisión final corresponderá siempre a la Mesa del Congreso. La participación de colegios profesionales busca despolitizar las decisiones y garantizar que los criterios sancionadores se basen en estándares técnicos del ejercicio periodístico.
El consejo actuará como filtro técnico entre las denuncias por comportamientos inadecuados y las decisiones políticas de la Mesa, aportando criterios profesionales sobre qué constituye ejercicio legítimo del periodismo. Su composición paritaria entre representantes políticos y profesionales pretende equilibrar la protección de la actividad parlamentaria con la salvaguarda de la libertad de información. El órgano podrá además proponer modificaciones en los criterios de acreditación y desarrollar protocolos específicos para situaciones conflictivas.
La creación de este consejo representa un precedente en el Parlamento español, que hasta ahora había gestionado las acreditaciones de prensa mediante criterios puramente administrativos. La participación de organizaciones profesionales como la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) o los colegios autonómicos de periodistas aportará legitimidad técnica a las decisiones mientras reduce el riesgo de instrumentalización política de los mecanismos sancionadores.
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Contexto mediático digital: desinformación y erosión democrática
La reforma debe entenderse en el contexto más amplio de la batalla global contra la desinformación y la erosión democrática que caracteriza la era digital. El pseudoperiodismo que pretende regular forma parte de estrategias más amplias de actores autoritarios para deslegitimar las instituciones democráticas mediante la generación sistemática de confusión, polarización y desconfianza ciudadana. Un caso paradigmático es el de Quiles durante los disturbios xenófobos de Torre Pacheco, donde difundió información sesgada y sin contrastar sobre los enfrentamientos, presentando una narrativa que culpabilizaba exclusivamente a la población inmigrante mientras omitía el papel de grupos organizados de extrema derecha en la escalada de violencia. Este tipo de manipulación informativa se enmarca en lo que los especialistas denominan «periodismo de guerra híbrida», que utiliza técnicas propagandísticas para alimentar conflictos sociales.
La instrumentalización de las instituciones parlamentarias para generar contenido viral responde a lógicas algorítmicas que premian la controversia y el conflicto por encima de la información rigurosa. Los pseudoperiodistas explotan estas dinámicas creando situaciones artificialmente conflictivas que después monetizan a través de plataformas digitales o utilizan para construir marcas personales basadas en la confrontación sistemática. Esta lógica convierte los espacios democráticos en decorados para espectáculos diseñados para audiencias radicalizadas.
El fenómeno español se inscribe en tendencias globales identificadas por organismos como la Comisión Europea, que ha señalado la amenaza que supone la desinformación sistemática para la estabilidad democrática. La reforma del Congreso representa un intento de adaptar las instituciones parlamentarias a realidades digitales que no existían cuando se diseñaron los marcos regulatorios actuales. Su efectividad dependerá de su capacidad para distinguir entre críticas legítimas al poder y estrategias organizadas de desestabilización institucional, un equilibrio complejo que determinará el futuro de la convivencia democrática en la era digital.
*David Alvarado: politólogo y periodista
