La jueza que investiga la catástrofe de la dana de Valencia ha solicitado a la periodista Maribel Vilaplana el tique del aparcamiento donde se despidió del presidente autonómico la tarde del 29 de octubre. El presidente de la Generalitat reconoció haber cancelado dos llamadas de su consejera Salomé Pradas cuando esta intentaba informarle sobre el envío del sistema de alerta masiva ES-Alert. Mazón descarta ser candidato del PP a las próximas elecciones y trabaja en diversos escenarios para su sucesión, siendo Vicente Mompó el nombre con mayor respaldo interno.
La jueza de Catarroja que investiga la gestión de la dana en Valencia, Nuria Ruiz Tobarra, ha solicitado a la periodista Maribel Vilaplana el tique del aparcamiento donde se despidió del presidente Carlos Mazón durante la mortal riada del 29 de octubre de 2024. El documento forma parte de la investigación sobre la cronología de los movimientos del máximo responsable autonómico durante las horas críticas de la catástrofe. Según información a la que ha tenido acceso la prensa, la magistrada requiere que Vilaplana aporte la prueba de pago del parking donde guardó su vehículo entre las 15:00 y las 18:45 horas, periodo en el que se desarrolló un almuerzo de casi cuatro horas entre el barón popular y la informadora.
El movimiento de la instructora se produce después de que la acusada popular, el PSPV y Compromís presentaran escritos requiriendo esta documentación como prueba del fallo de la Delegación Provincial de Valencia para activar a tiempo el protocolo de emergencias. La jueza ha citado también a declarar a Vilaplana para el próximo lunes, audiencia en la que deberá comparecer ante el juzgado con el tique del aparcamiento y otras pruebas que documenten fehacientemente la duración del encuentro. La defensa de Mazón sostiene que el presidente acudió a una comida de trabajo en el restaurante El Ventorro donde abordó asuntos relacionados con la llegada de la instructora El País Valenciano a la Comunidad Valenciana, pero la prolongación del almuerzo en plena emergencia meteorológica ha generado críticas generalizadas.
El presidente de la Generalitat valenciana admitió en una reciente entrevista haber cancelado dos llamadas de la exconsejera de Gestión de Emergencias, Salomé Pradas, cuando esta intentaba comunicarle el envío del sistema de alerta masiva ES-Alert durante la tarde del 29 de octubre. Mazón reconoció que las llamadas se produjeron a las 19:10 horas y a las 19:36 horas, en plena respuesta a la emergencia por las inundaciones que finalmente causaron más de 230 fallecidos. El registro de llamadas efectuado por la Generalitat confirma que las comunicaciones se enmarcaron en los 37 minutos previos a la activación definitiva del ES-Alert a las 20:11 horas.
Pradas, que fue cesada posteriormente junto a otros miembros del equipo de gestión de crisis, ha declarado ante la jueza que el jefe del Consell canceló sus intentos de contacto cuando pretendía informarle sobre la necesidad urgente de activar el sistema de alerta ciudadana. La exconsejera explicó que, ante el fracaso de las llamadas directas, comunicó la situación a través del secretario autonómico de Infraestructuras y del responsable directo de Metro Valencia, quien posteriormente contactó con Presidencia. Mazón ha defendido públicamente que su ausencia durante esas horas no afectó la coordinación de la respuesta de emergencia, argumentando que la consejera Pradas era la máxima responsable operativa y que él se incorporó al Centro de Coordinación de Emergencias después de las 19:00 horas.
La presión judicial alcanza al entorno del presidente
La investigación judicial sobre la gestión de la dana se ha extendido más allá de Mazón para alcanzar a su entorno inmediato y a las estructuras del Partido Popular valenciano. La jueza Ruiz Tobarra ha citado a declarar como investigados a varios altos cargos de la Generalitat, entre ellos Salomé Pradas, cuya declaración se produjo en calidad de investigada por su responsabilidad en la activación tardía del ES-Alert. La magistrada investiga si hubo negligencia en la gestión del protocolo de emergencias y si las autoridades autonómicas dispusieron de información suficiente para activar antes las alertas a la población civil.
Fuentes próximas a la investigación señalan que la jueza explora tres líneas principales: el fallo en la coordinación entre organismos autonómicos y estatales, la tardanza en la activación del sistema ES-Alert que debió emitirse según el protocolo entre las 17:00 y las 18:00 horas, y las responsabilidades personales de quienes tomaron decisiones durante las horas críticas. El sumario incluye ya decenas de documentos técnicos, registros de comunicaciones y valoraciones de expertos sobre cuándo se conoció la magnitud real de la emergencia. La Generalitat ha defendido que actuó conforme a los protocolos establecidos, pero asociaciones de víctimas y partidos de la oposición han presentado querellas por homicidio imprudente y prevaricación administrativa.
El barón popular descarta presentarse y Vox amenaza con romper
Carlos Mazón ha trasladado en conversaciones privadas que descarta presentarse como candidato del PP a las próximas elecciones autonómicas en Valencia. El presidente, que cuenta con el apoyo formal de Vox en su gobierno de coalición, trabaja desde hace semanas en diversos escenarios para gestionar su sucesión política. Fuentes del entorno del barón popular consultadas por varios medios confirman que Mazón considera que su desgaste político tras la catástrofe imposibilita una candidatura viable, por lo que centra sus esfuerzos en ordenar una transición que permita al PP valenciano mantener opciones electorales.
El nombre con mayor respaldo interno para sustituir a Mazón es Vicente Mompó, actual presidente de la Diputación de Valencia y figura con amplio consenso en las estructuras provinciales del partido. Mompó, de 38 años, ha ganado preeminencia mediática en las últimas semanas gracias a declaraciones donde estudió de manera crítica la gestión de la dana. El dirigente provincial evitó criticar directamente a Mazón pero insistió en que los valencianos «no decidimos cuándo un accidente dimite, sino que queremos que alguien asuma responsabilidades». La estrategia del PP valenciano pasa por presentar a Mompó como un rostro de renovación capaz de desvincularse parcialmente de la gestión fallida de la catástrofe mientras mantiene la estructura territorial del partido.
El partido de Santiago Abascal ha intensificado la presión sobre Carlos Mazón mediante declaraciones públicas que cuestionan la continuidad del pacto de gobierno en Valencia. Vox, que aporta consejeros fundamentales en áreas como Cultura y Justicia, ha advertido que la gestión de la dana constituye un punto de inflexión que obliga a replantearse la coalición. Fuentes de la dirección nacional del partido ultra han deslizado que podrían forzar elecciones anticipadas si consideran que Mazón no asume responsabilidades políticas claras sobre el desastre.
La estrategia de Vox combina la presión pública con la negociación interna para obtener concesiones políticas a cambio de mantener la estabilidad gubernamental. El partido ha exigido públicamente que se depuren responsabilidades en la gestión de la catástrofe, aunque evita mencionar directamente a Mazón como objetivo de esas exigencias. La ultraderecha calcula que su participación en un gobierno cuestionado podría perjudicar sus expectativas electorales futuras, por lo que mantiene abierta la opción de romper unilateralmente el acuerdo de coalición si considera que el desgaste del PP valenciano amenaza sus propias opciones. El escenario de elecciones anticipadas en Valencia gana fuerza conforme aumenta la presión judicial y mediática sobre la gestión autonómica del desastre que causó más de dos centenares de víctimas mortales.
