El dictamen de Dean Spielmann rechaza la tesis de la «autoamnistía» y descarta que los gastos del procés afectaran a fondos europeos, aunque advierte sobre tres aspectos técnicos de la norma que podrían vulnerar el derecho a la tutela judicial efectiva. La decisión definitiva del Tribunal de Justicia se conocerá en los primeros meses de 2026 y marcará el futuro político de Carles Puigdemont.
El abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Dean Spielmann, emitió el jueves un dictamen que supone un respaldo sustancial a la ley de amnistía aprobada por el Gobierno español en mayo de 2024. En sus conclusiones, el jurista luxemburgués rechaza frontalmente las principales objeciones presentadas por el Tribunal Supremo español y la Comisión Europea, aunque introduce matices técnicos sobre aspectos procesales que podrían requerir ajustes en la aplicación de la norma. El pronunciamiento, que responde a las cuestiones prejudiciales planteadas por el Tribunal de Cuentas y la Audiencia Nacional, representa un paso determinante para el futuro del expresidente catalán Carles Puigdemont y los demás líderes independentistas beneficiarios de la medida.
Spielmann concluye que la ley no constituye una autoamnistía, como habían sostenido tanto el Tribunal Supremo como el representante de la Comisión Europea en Luxemburgo, Carlos Urraca Caviedes. El abogado general argumenta que la norma es fruto de un procedimiento parlamentario regular tramitado en el seno de un sistema democrático pluralista, no el resultado de un acto unilateral impuesto por un poder autoritario. Esta valoración contradice directamente la posición mantenida por los servicios jurídicos comunitarios, que en su informe de diciembre de 2024 calificaron la ley como parte de un acuerdo político para lograr la investidura del presidente Pedro Sánchez, sin responder a un objetivo de interés general. El dictamen subraya que la aplicación de la amnistía no escapa al control judicial y que no percibe vínculo directo entre el ejercicio del poder político y el beneficio de la medida.
En cuanto a los aspectos sustantivos analizados, el abogado general descarta que los gastos del proceso independentista hayan afectado a los intereses financieros de la Unión Europea. Spielmann considera que no existe una conexión directa entre los actos de los dirigentes del procés y la reducción, actual o potencial, de los recursos propios del presupuesto comunitario. Esta conclusión elimina uno de los principales obstáculos para la aplicación de la amnistía al expresidente Puigdemont y a la treintena de exaltos cargos de la Generalitat que enfrentan responsabilidades contables ante el Tribunal de Cuentas por el referéndum del primero de octubre de 2017. El organismo fiscalizador había reclamado aproximadamente tres millones de euros por el uso de fondos públicos destinados a la organización de la consulta y a la acción exterior del Govern catalán.
Luz verde para los acusados de terrorismo
Respecto a los doce miembros de los Comités de Defensa de la República acusados de terrorismo, Spielmann sostiene que la amnistía no vulnera la directiva europea de lucha contra el terrorismo. El abogado general explica que las amnistías son una materia de competencia exclusiva de los Estados miembros, dado que no están armonizadas en el Derecho europeo, y señala que la directiva no contiene ninguna disposición que prohíba expresamente el uso de mecanismos de extinción de la responsabilidad penal. La Fiscalía de la Audiencia Nacional había solicitado penas de hasta veintisiete años de prisión para ocho de los encausados antes de la entrada en vigor de la ley, mientras que la propia Audiencia Nacional planteó la cuestión prejudicial al considerar que el perdón de delitos de terrorismo facilitaba la impunidad.
Sin embargo, el dictamen identifica tres aspectos procedimentales de la ley que podrían ser incompatibles con el derecho a la tutela judicial efectiva. En primer lugar, cuestiona el plazo máximo de dos meses establecido para que los jueces decidan sobre la aplicación de la amnistía, aunque reconoce que el Gobierno español ha indicado que se trata de un plazo estrictamente indicativo. Spielmann advierte que un plazo excesivamente corto y vinculante podría quebrantar la independencia judicial, especialmente cuando se requiere tiempo para determinar si se emplearon fondos europeos. En segundo lugar, considera que no es conforme con el derecho comunitario excluir a las partes que hayan ejercitado la acción pública de la audiencia ante la justicia para decidir sobre la aplicación de la amnistía, como en el caso de Sociedad Civil Catalana en el procedimiento del Tribunal de Cuentas.
El tercer reparo afecta a la obligación de que los tribunales españoles levanten las medidas cautelares y dicten resoluciones absolutorias en el plazo máximo de dos meses, incluso cuando hayan consultado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea y este aún no haya resuelto. Spielmann sostiene que tal obligación privaría al procedimiento prejudicial de todo efecto útil y podría impedir un debate contradictorio sobre los elementos de hecho y de derecho decisivos para la resolución del procedimiento. Este aspecto resulta especialmente relevante para la situación procesal de Puigdemont, dado que algunos tribunales podrían argumentar que deben mantener las medidas cautelares hasta que se conozca la sentencia definitiva de Luxemburgo, prevista para inicios de 2026.
Reacciones políticas encontradas
Las reacciones políticas al dictamen han reflejado las profundas divisiones que la ley de amnistía ha generado en España. El presidente de Junts, Carles Puigdemont, valoró que el informe deja en evidencia la estrategia de dilación y manipulación para bloquear la aplicación de la ley, aunque advirtió que la última palabra la tienen unos jueces que se sintieron llamados a salvar la patria. El presidente de Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, celebró que el letrado avale las tesis defendidas por su partido y criticó la intención manifiesta del Tribunal Supremo de no aplicar la norma. Por su parte, el Gobierno español subrayó que el dictamen representa una victoria rotunda que confirma la compatibilidad de la amnistía con el Derecho europeo.
En el otro lado del espectro político, el Partido Popular ha destacado los cuestionamientos menores que introduce Spielmann, mientras que Sociedad Civil Catalana manifestó su total confianza en la justicia europea y recordó que aún queda mucho partido por jugar. El presidente de la entidad constitucionalista, Álex Ramos, anunció que harán todo lo posible para mantener viva ante el Tribunal de Cuentas la causa contable por malversación contra los dirigentes independentistas. Las conclusiones del abogado general desautorizan también al futuro representante de la Comisión Europea en España, Daniel Calleja, quien como director del Servicio Jurídico supervisó el polémico informe que calificó la ley como una autoamnistía.
La decisión definitiva del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que históricamente sigue las conclusiones del abogado general en aproximadamente el ochenta por ciento de los casos, se conocerá previsiblemente en los primeros meses de 2026. Mientras tanto, el Tribunal Constitucional español debe resolver los recursos de amparo presentados por Puigdemont y los exconsellers tras la decisión del Tribunal Supremo de no aplicar la amnistía al delito de malversación. El Supremo conserva además la posibilidad de presentar nuevas cuestiones prejudiciales si considera necesario afinar aspectos específicos de la aplicación de la norma, especialmente en lo relativo a la malversación de fondos públicos. La sentencia europea marcará no solo el futuro judicial de los líderes independentistas, sino también el equilibrio entre soberanía legislativa nacional y principios rectores de la Unión en materia de Estado de derecho.
