Una investigación periodística de tres años documenta testimonios de violencia sexual, aislamiento laboral y condiciones de servidumbre en las residencias del cantante en República Dominicana y Bahamas. La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha abierto diligencias preprocesales tras la denuncia presentada el pasado 5 de enero por dos mujeres latinoamericanas que trabajaron para el artista en 2021.
Una empleada del servicio doméstico y una fisioterapeuta que trabajaron para Julio Iglesias en sus mansiones caribeñas han denunciado al cantante por agresiones sexuales, acoso y trata de seres humanos. Los hechos, según revelan bajo los nombres ficticios de Rebeca y Laura, ocurrieron entre enero y octubre de 2021 en las residencias del artista en Punta Cana y Lyford Cay, cuando ambas mujeres tenían 22 y 28 años respectivamente. La denuncia fue presentada el 5 de enero ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional con el respaldo de la organización internacional Women’s Link Worldwide.
La investigación periodística que ha destapado estos testimonios fue realizada durante tres años por elDiario.es y Univision Noticias. Los equipos periodísticos contactaron con 15 extrabajadores que prestaron servicio en las propiedades del cantante entre finales de los años noventa y 2023. Las dos denunciantes fueron entrevistadas en múltiples ocasiones durante más de un año, y sus declaraciones se mantuvieron coherentes y estables. Los medios han tenido acceso a documentación que respalda los relatos: contratos laborales, visados, reconocimientos médicos, fotografías, mensajes de WhatsApp y registros de llamadas.
Rebeca, la empleada del servicio doméstico, relata que Iglesias la mandaba llamar a su habitación de forma recurrente tras finalizar la jornada laboral. Según su testimonio, estos encuentros incluían tocamientos y penetraciones no consentidas, además de bofetadas e insultos. «Me usaba casi todas las noches», afirma en declaraciones recogidas por la investigación. «Me sentía como un objeto, como una esclava», añade. La mujer asegura que estos episodios se producían con frecuencia y que en varias ocasiones participaba otra empleada con un cargo jerárquico superior, quien ostentaba una posición de autoridad sobre el personal doméstico.
Los testimonios de Rebeca y Laura
Laura, la fisioterapeuta, denuncia haber sufrido tocamientos en contra de su voluntad en espacios comunes de las residencias. Describe besos forzados y contacto físico no consentido tanto en la playa como en la piscina de la villa de Punta Cana. A esto se suman humillaciones públicas, insultos constantes y un trato intimidatorio durante su jornada laboral. Desde sus primeros días de trabajo, cuenta haber sido calificada con adjetivos como «bruta de mierda» y «boluda», y señala que sus conversaciones con el cantante derivaban habitualmente hacia temas de carácter sexual.
Ambas mujeres coinciden en describir un clima de miedo constante, con normas estrictas, vigilancia permanente y amenazas de despido. La investigación recoge que las trabajadoras vivían en condiciones de aislamiento, con salidas restringidas y jornadas laborales que se prolongaban hasta 16 horas diarias. No siempre existía contrato escrito y las libranzas se retrasaban durante meses. Según los relatos documentados, Iglesias utilizaba su posición de poder para imponer reglas sobre la alimentación, el uso del teléfono móvil y las relaciones personales de las empleadas.
La estructura jerárquica en las mansiones
Los testimonios de seis extrabajadoras y visitantes de las residencias describen una estructura laboral dividida en categorías claramente diferenciadas. Por un lado, el personal del servicio doméstico, y por otro, quienes tenían funciones específicas como fisioterapeutas o acompañantes del cantante. Por encima de todas, las encargadas manejaban los asuntos del hogar y transmitían las órdenes del propietario. Según uno de los relatos, estas encargadas instaban o pedían a las empleadas del servicio doméstico que acudieran a la habitación del cantante.
La denuncia presentada ante la Fiscalía señala como presuntas colaboradoras a dos empleadas encargadas que trabajaban en las mansiones de República Dominicana y Bahamas. Las abogadas de Women’s Link consideran esta actuación coordinada como una estructura de «grupo criminal» orientada a la explotación. Los hechos denunciados podrían constituir un delito de trata de seres humanos con fines de imposición de trabajo forzado y servidumbre, además de delitos contra la libertad sexual, acoso sexual, lesiones y vulneración de derechos laborales.
Las reacciones políticas y sociales
El caso ha generado una intensa ola de reacciones en España. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, pidió que «se investigue y se llegue hasta el final» en este asunto. «Sin cuestionar la presunción de inocencia, en España la ley protege a las víctimas. Cuando no hay consentimiento, hay agresión», declaró. Por su parte, la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, calificó los testimonios de «escalofriantes» y describió situaciones de «abusos sexuales y una situación de esclavitud».
La Fiscalía de la Audiencia Nacional anunció este miércoles que tomará declaración a las denunciantes como testigos protegidas, una medida solicitada por las abogadas de Women’s Link en la denuncia original. El Ministerio Público tiene ahora un plazo máximo de seis meses, prorrogables excepcionalmente otros seis, para decidir si archiva las diligencias preprocesales o presenta una querella formal contra Julio Iglesias ante los Juzgados Centrales de Instrucción. Hasta el momento, ni el cantante ni su entorno han emitido declaraciones públicas sobre las acusaciones.
