En un pueblo madrileño, dos jóvenes intentaron incendiar la casa de una familia pobre. No por venganza ni por conflicto vecinal, sino por lo que son. La palabra que lo explica, aporofobia, no tapa el horror: apenas lo nombra. Lo perturbador es que no se trata de un caso aislado.
Hay épocas en que el odio se disfraza de miedo, y otras en que ya ni se molesta en hacerlo. Lo ocurrido en Torres de la Alameda, un pueblo de la Comunidad de Madrid en España, es una escena menor en escala, pero mayor en significado: dos jóvenes rociaron con lejía e intentaron prender fuego a la vivienda de una familia en situación extrema. No buscaban revancha ni justicia. Solo despreciaban a los pobres.
La Guardia Civil actuó sin esperar una denuncia: colocó cámaras, registró los ataques y detuvo a los responsables. Las imágenes muestran lo que las palabras apenas alcanzan: botellas arrojadas, insultos, fuego nocturno, una mujer discapacitada corriendo como puede para salvarse. El crimen se llama aporofobia. Lo acuñó la filósofa Adela Cortina para nombrar el odio estructural hacia los pobres. Lo reconoció la RAE en 2017 y el Código Penal español lo incorporó como agravante en 2021.
Pero no se trata solo de un caso español. La aporofobia, como forma de violencia social, también recorre América Latina, aunque muchas veces sin nombre ni cifras. En ciudades como Bogotá, Ciudad de México o Lima, los sin techo padecen agresiones sistemáticas —de ciudadanos comunes, policías o grupos organizados— simplemente por existir. En Santiago, en Rosario, en Quito, hay informes dispersos de golpizas, desalojos forzosos, incendios de refugios precarios. A veces, lo más violento no es el golpe, sino la indiferencia institucional.
La aporofobia se nutre de dos ingredientes: desprecio y costumbre. Se desprecia al pobre por recordarnos lo que el sistema no resuelve. Y se normaliza su exclusión bajo formas edulcoradas: «marginados», «vulnerables», «informales». Palabras que no denuncian, apenas designan.
En Torres de la Alameda, los vecinos susurran: “Se lo tienen merecido”, “llevan años viviendo de ayudas”. Es el viejo relato del merecimiento: el que fracasa, algo habrá hecho mal. Así, el pobre se convierte en chivo expiatorio. Y la violencia, en justicia popular.
Según datos del Ministerio del Interior de España, los delitos por aporofobia crecieron un 33% en 2024. Pero, como en América Latina, la mayoría de las víctimas no denuncia. Por miedo, por desconfianza, por haberse acostumbrado. Según la Fundación Rais, el 87% de las personas sin hogar agredidas no acude a comisaría. Y cuando lo hacen, no siempre les creen.
Frente a ello, la respuesta no puede limitarse a sancionar. Hay que incomodar. Preguntarnos por qué las políticas públicas —en Madrid o en Montevideo— continúan tratando la pobreza como un desajuste económico y no como una relación social jerarquizada. Por qué se subsidia la caridad, pero se criminaliza la marginalidad. Por qué el pobre molesta cuando reclama, pero emociona cuando calla.
La aporofobia es el espejo de un fracaso colectivo: el de sociedades que se dicen igualitarias, pero se estructuran desde el privilegio. Sociedades que toleran el hambre mientras financian museos, que vigilan a quien duerme en la calle pero no al que especula con la vivienda.
Aun en un entorno hostil, algunos gestos restauran el sentido. Que en un pueblo pequeño la Guardia Civil actúe de oficio y detenga a los agresores dice más que mil discursos. Es una afirmación clara: la dignidad humana permanece intacta en la pobreza; quien la niega es el prejuicio.
Quizás este caso sirva para algo más que un titular. Para que en América Latina también nombremos la aporofobia. Y la enfrentemos. Porque si algo nos une como región es la obscena naturalización de la desigualdad.
Lo que se quemó en Torres de la Alameda no fue solo una casa. Fue la imagen de una comunidad que prefirió ignorar lo evidente hasta que ardió.
