La Guardia Civil arrestó al presidente de la Diputación provincial, Javier Aureliano García, a su vicepresidente y al alcalde de Fines en la segunda fase de una investigación iniciada en 2021. Los agentes documentaron un sistema de adjudicaciones irregulares mediante lenguaje codificado en mensajes que hablaban de tallas para referirse a porcentajes de comisiones, con un circuito de blanqueo que incluye coches de lujo y una administración de lotería.
La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil detuvo este martes al presidente de la Diputación de Almería y máximo dirigente del Partido Popular en la provincia, Javier Aureliano García, junto a otras seis personas en el marco de la segunda fase del caso que investiga presuntas adjudicaciones irregulares de contratos públicos durante la pandemia. Entre los arrestados figuran el vicepresidente segundo de la institución provincial, Fernando Giménez, y el alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez, todos ellos militantes del PP. La operación, dirigida por el Juzgado de Instrucción número 1 de Almería, incluyó diez registros en inmuebles particulares, oficinas públicas y sedes mercantiles de sociedades vinculadas a la trama. Los agentes investigan delitos de cohecho, malversación de caudales públicos y blanqueo de capitales.
La investigación se remonta a junio de 2021, cuando la Guardia Civil detuvo al entonces vicepresidente tercero de la Diputación, Óscar Liria, por la adjudicación de un contrato de suministro de material sanitario valorado en 2.036.186 euros a la empresa Azor Corporate Ibérica. Según el informe policial, la trama habría obtenido casi un millón de euros en comisiones por intermediar en el suministro de 500.000 mascarillas, 15.570 monos de protección y 500.000 guantes de nitrilo. Parte del material resultó defectuoso. Liria fue hallado con 26.250 euros en efectivo distribuidos en sobres en su domicilio de Fines. Su primo y su tío fueron interceptados a bordo de un Mercedes con 119.950 euros escondidos en una funda de almohada dentro del maletero. La Guardia Civil requisó aquel día un total de 178.895 euros en efectivo.
El entonces vicepresidente fue cesado y expulsado del PP, quedando en libertad provisional tras quince días de prisión. La investigación inicial concluyó que Liria habría propuesto adjudicar el contrato a Killian López, administrador de Azor Corporate Ibérica y amigo de la infancia del exdirigente provincial. López, según consta en las pesquisas, carece de experiencia en el sector sanitario y mantiene vínculos con actividades de narcotráfico, venta de armas y blanqueo de capitales. El empresario también controlaba otra compañía, Pulconal, que entre 2017 y 2021 recibió contratos menores de la Diputación de Almería por un total de 375.939 euros para arreglos de cementerios y parques infantiles, siempre con la participación de Liria en la tramitación de los expedientes.
Lenguaje codificado para hablar de comisiones
El núcleo de las pruebas acumuladas por la Guardia Civil se encuentra en las conversaciones de WhatsApp intervenidas entre los implicados. Los mensajes revelan un sistema de comunicación codificado para ocultar las negociaciones sobre porcentajes de comisiones. En uno de los intercambios más comprometedores, Fernando Giménez pregunta a Óscar Liria en abril de 2020: «¿Qué talla me dijiste que gastaba, la 20?». Liria responde: «Sí, pero al final será más o menos la 10». Los investigadores interpretan que ambos discutían el reparto de comisiones, donde la talla 20 equivaldría a un 20% y la talla 10 a un 10% del valor del contrato, es decir, aproximadamente 200.000 euros de los dos millones adjudicados.
Las conversaciones incluyen expresiones como «ponerse un guante» o «necesitar una talla más grande», que los agentes consideran intentos de enmascarar la naturaleza económica ilegal de las negociaciones. En otro mensaje, Giménez y Liria hablan del idioma que habla «tu amigo» y plantean que «si habla inglés podemos comprarle un buen puñaico», en clara alusión a la empresa de Killian López. Además, cuando el contrato ya estaba formalizado, Liria envió al grupo de WhatsApp denominado «naranjito», donde también participaba el presidente de la Diputación Javier Aureliano García, una imagen de una televisión valorada en 1.019 euros con el mensaje: «Mira Fernando y la envían gratis a casa». Giménez respondió: «Si no tuviéramos una cuadrilla de imbéciles en nuestro partido hasta me lo pensaba, pero me tengo que joder y poner la radio». La UCO considera este intercambio una muestra de los beneficios que recibían los implicados.
El presidente de la Diputación aparece en las conversaciones advirtiendo a Liria sobre las consecuencias del asunto. «La que estás liando con las mascarillas», le espeta en uno de los mensajes interceptados. Sin embargo, la investigación judicial determina que García Molina firmó el contrato de suministro en abril de 2020, lo que le sitúa como responsable último de la adjudicación. El PSOE, que ejerce la acusación popular en la causa, solicitó el pasado mes de octubre que García declarara como testigo para esclarecer cuándo, cómo y de quién tuvo conocimiento de las negociaciones investigadas. Semanas después, la Guardia Civil procedió a su detención junto al resto de la cúpula provincial del PP.
Blanqueo de capitales y ramificaciones empresariales
La segunda fase de la investigación, activada tras las declaraciones de los 17 implicados que concluyeron en marzo de este año, se centra en determinar si las comisiones cobradas fueron blanqueadas mediante la adquisición de bienes y negocios aparentemente legítimos. La Guardia Civil ha identificado la compra de vehículos de alta gama, incluidos dos BMW que Óscar Liria habría regalado a su novia y a su padre utilizando empresas pantalla con sede en Fines. El concesionario que vendió los vehículos está administrado por el hijo del alcalde de la localidad, Rodrigo Sánchez, ahora también detenido. Además, los investigadores documentaron la adquisición de una administración de lotería en Adra gestionada mediante terceros, presumiblemente para canalizar fondos de origen ilícito.
La magistrada que dirige la causa amplió las pesquisas para determinar si el sistema de comisiones se extendió a otros contratos públicos adjudicados por la Diputación entre 2017 y 2021. Los agentes han requerido documentación sobre licitaciones relacionadas con obras públicas y servicios urbanos donde participaron empresas vinculadas a Killian López y al Ayuntamiento de Fines. El alcalde de esta localidad de 2.200 habitantes, Rodrigo Sánchez, gobierna desde hace más de dos décadas y mantiene lazos familiares con varios implicados. Es tío de Óscar Liria y familiar político de Killian López. La UCO considera que Fines se convirtió en el epicentro de la red, concentrando las sociedades instrumentales utilizadas para adjudicaciones irregulares.
El juzgado ha ordenado medidas de aseguramiento patrimonial sobre las cuentas bancarias, cajas de seguridad y propiedades inmuebles de los investigados, además de prohibir la enajenación de vehículos. También ha autorizado el volcado, visionado y copiado de comunicaciones privadas para reconstruir el entramado completo de adjudicaciones fraudulentas. Los investigadores sospechan que algunos detenidos no participaron directamente en las adjudicaciones, sino en la canalización posterior de los fondos ilegales hacia el circuito legal del dinero, lo que constituiría delito de blanqueo de capitales. La Guardia Civil rastrea transferencias hacia empresas nacionales e internacionales que podrían haber servido como vehículos de blanqueo.
Reacciones políticas y suspensión de militancia
El Partido Popular ha decidido suspender cautelarmente de militancia al presidente de la Diputación de Almería, al vicepresidente y al resto de detenidos en la operación. El presidente de la Junta de Andalucía y del PP andaluz, Juanma Moreno, evitó pronunciarse sobre las detenciones alegando falta de información. El líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, declaró que esperaría a disponer de información adecuada antes de realizar valoraciones. Por su parte, el PSOE de Almería ha exigido la salida inmediata de los implicados de sus cargos institucionales y orgánicos, responsabilizando a Moreno Bonilla y Feijóo de la situación. El secretario general socialista en la provincia, José María Martín, afirmó que existía una organización criminal dirigida por la cúpula del PP centrada en la manipulación de contratos públicos.
Podemos también ha exigido explicaciones al presidente andaluz, señalando que los indicios son muy graves y demuestran un problema estructural en la gestión de la Diputación almeriense. La formación morada reclama la revisión de todas las licitaciones bajo sospecha y la suspensión de contratos con empresas investigadas. Izquierda Unida de Almería culpó a Javier Aureliano García de haber convertido la institución provincial en un cortijo al servicio de unos pocos. Los siete detenidos pasaron la noche del martes bajo arresto y comparecieron ante la autoridad judicial el jueves para determinar su situación procesal. El caso permanece bajo secreto de sumario mientras la Guardia Civil continúa analizando documentación y comunicaciones para esclarecer el alcance completo de la trama.
