Pedro Sánchez ha evitado mencionar directamente la sentencia pero ha alertado sobre amenazas a la democracia y «abusos de poder», en un discurso cargado de simbolismo pronunciado durante el estreno de una serie sobre el 23-F. Ministros y socios parlamentarios han intensificado las críticas al Tribunal Supremo, calificando el fallo de «vergüenza» y «golpismo judicial», mientras el Ejecutivo anuncia el inicio del proceso para nombrar un nuevo fiscal general y no descarta explorar la vía del indulto para García Ortiz.
El Gobierno de Pedro Sánchez ha reaccionado a la condena del fiscal general Álvaro García Ortiz con una estrategia dual que combina prudencia institucional en lo formal con un discurso beligerante en lo político. Apenas dos horas después de conocerse el fallo del Tribunal Supremo, el presidente compareció en el Congreso de los Diputados durante la presentación de una serie televisiva sobre el golpe de Estado del 23-F y, sin mencionar explícitamente la sentencia, lanzó un mensaje sobre la necesidad de defender la democracia frente a quienes pretenden tutelarla o amordazarla. Fuentes gubernamentales expresaron que respetan pero no comparten el criterio del Supremo, fórmula diplomática que disimula el profundo malestar en Moncloa por una decisión que interpretan como lawfare contra el Ejecutivo.
El Ejecutivo ha anunciado que iniciará en los próximos días el procedimiento para designar al sucesor de García Ortiz, quien será una persona de máximo prestigio profesional en el ámbito del Derecho, aunque sectores del partido han expresado la posibilidad de estudiar un indulto una vez que la sentencia adquiera firmeza definitiva. La primera reacción gubernamental corrió a cargo de Óscar López, ministro de Transformación Digital, quien se mostró visiblemente incómodo y optó por morderse la lengua y ser prudente. Posteriormente, el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, compareció sin admitir preguntas para transmitir el mensaje oficial: respeto institucional al fallo combinado con el reconocimiento explícito a la labor de García Ortiz en defensa de la ley y la verdad.
Reacciones contundentes desde el PSOE
El portavoz parlamentario del PSOE, Patxi López, rompió la contención institucional al calificar la sentencia de auténtica vergüenza. Viendo lo que hemos visto y pasando lo que ha pasado, es una auténtica vergüenza, sentenció el dirigente socialista. La eurodiputada socialista Hana Jalloul se expresó en términos similares en redes sociales. Dentro del Gobierno de coalición, las reacciones fueron aún más duras: la ministra de Juventud, Sira Rego, definió la sentencia como un mensaje de poder al país por parte de los militantes con toga y la enmarcó dentro de la ofensiva ultra contra el Gobierno progresista.
La ministra de Sanidad, Mónica García, escribió que la condena del fiscal general deja a los pies de los caballos a toda la ciudadanía frente al Estado de derecho, la necesidad de pruebas incriminatorias y la presunción de inocencia. Estas declaraciones reflejan la percepción mayoritaria en el bloque gubernamental de que el Tribunal Supremo ha aplicado un rasero diferente al fiscal general. El Gobierno sostiene que García Ortiz se limitó a desmentir un bulo difundido por el entorno de Isabel Díaz Ayuso mediante una nota de prensa que contenía información veraz y de interés público.
Los socios parlamentarios del Gobierno han elevado el tono de las críticas hasta niveles inéditos. Ione Belarra, líder de Podemos, acusó a la derecha judicial y mediática de asesinar civilmente al fiscal general para tapar la corrupción de Ayuso y su novio. Belarra calificó la sentencia de puro golpismo judicial y se preguntó qué más tiene que pasar para que el PSOE renueve el CGPJ con la mayoría democrática y plurinacional. Pablo Iglesias, exvicepresidente del Gobierno, escribió que después de lo ocurrido al fiscal general, ningún juez o fiscal se atreverá a actuar contra los jefes del PP o sus familiares.
Críticas matizadas de los socios nacionalistas
Esquerra Republicana de Catalunya también se sumó a las críticas, aunque matizando que la situación vivida por García Ortiz palidece en comparación con la persecución judicial sufrida por los independentistas catalanes. Gabriel Rufián afirmó que el lawfare no es nuevo para quienes defienden la autodeterminación de Cataluña y que ahora el PSOE está experimentando en carne propia lo que ERC ha denunciado durante décadas. EH Bildu denunció que la condena forma parte de una estrategia de la derecha judicial para condicionar las políticas del Gobierno.
Junts per Catalunya adoptó una posición más crítica con el propio PSOE. Miriam Nogueras se quejó de que los socialistas solo critican las resoluciones judiciales cuando les perjudican a ellos. Para el PSOE la justicia deja de ser justa solo cuando les afecta a ellos, afirmó en un audio facilitado a los medios. Esta crítica de Junts refleja las tensiones internas del bloque de investidura, donde coexisten visiones divergentes sobre la naturaleza del problema.
La oposición exige dimisión de Sánchez
El Partido Popular ha aprovechado la condena para intensificar su ofensiva contra Pedro Sánchez, exigiendo su dimisión inmediata. Alberto Núñez Feijóo recordó que el presidente defendió públicamente la inocencia del fiscal general y llegó a preguntar retóricamente en Bruselas quién va a pedir disculpas al fiscal general del Estado. La vicesecretaria Cuca Gamarra afirmó que la verdad se ha impuesto y que quien tiene que perseguir los delitos, los ha cometido. El PP ha anunciado que aprovechará la sesión de control del próximo miércoles para exigir explicaciones a Sánchez y Bolaños.
Vox ha ido más allá, calificando al Gobierno de organización criminal que utiliza las instituciones del Estado para perseguir a adversarios políticos. Santiago Abascal exigió que se investigue penalmente al propio presidente por su presunta responsabilidad en la instrumentalización de la Fiscalía. A pesar de la presión, fuentes gubernamentales han descartado que Pedro Sánchez valore dimitir o convocar elecciones, porque consideran que sería mostrar debilidad. En Moncloa consideran que el fallo del Supremo les saldrá el tiro por la culata porque prevén una ola de indignación en la izquierda que puede movilizar electoralmente a la base progresista.
