Un informe de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza revela que el 26,8% de las mujeres españolas vive en riesgo de pobreza o exclusión social, dos puntos por encima de los hombres. El mercado laboral, marcado por la parcialidad forzosa y los cuidados no remunerados, se configura como eje central de una desigualdad estructural que persiste pese al crecimiento económico del país.
España enfrenta una realidad que la recuperación económica no ha logrado revertir: 6,6 millones de mujeres se encuentran en riesgo de pobreza o exclusión social, frente a 5,9 millones de hombres, según el informe «Feminización de la pobreza en España 2025» presentado por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español. Los datos evidencian que el 26,8% de las mujeres cumple al menos uno de los tres criterios del indicador AROPE, que mide ingresos bajos, privación material severa o baja intensidad de empleo en el hogar, mientras que entre los hombres este porcentaje alcanza el 24,8%. Esta brecha de dos puntos se mantiene prácticamente estancada desde hace una década, demostrando que el crecimiento macroeconómico no ha conseguido reducir las desigualdades de género en materia de vulnerabilidad social.
El estudio, elaborado con datos del Instituto Nacional de Estadística, la Seguridad Social y la Encuesta de Población Activa, subraya que la pobreza resulta más intensa, duradera y difícil de revertir entre las mujeres incluso en épocas de bonanza económica. Alejandro Sanz, uno de los autores del informe, destacó durante la presentación del Observatorio de Feminización de la Pobreza y la Exclusión que cuando se ha producido alguna reducción de la brecha no ha sido tanto porque la situación de las mujeres haya mejorado sustancialmente, sino por un empeoramiento relativo de la situación de los hombres en determinados períodos. Esta constatación refuerza la tesis de que España padece una feminización estructural de la pobreza provocada por múltiples factores que incluyen peores empleos e ingresos, menor protección social y una carga desproporcionada de trabajo de cuidados no remunerado.
Hogares monomarentales en situación crítica
La situación resulta especialmente preocupante en los hogares monomarentales, donde una de cada dos mujeres está en riesgo de pobreza o exclusión social, alcanzando una tasa del 52,1% que casi duplica el promedio general femenino. Estos núcleos familiares, encabezados en su inmensa mayoría por mujeres que asumen en solitario las responsabilidades parentales, caminan en un permanente equilibrio sobre la cuerda floja de la precariedad, donde cualquier gasto imprevisto puede significar la diferencia entre mantenerse a flote o caer en situación de extrema vulnerabilidad. El informe también señala colectivos con incidencia extremadamente alta: más de la mitad de las mujeres desempleadas se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social, con un porcentaje del 54,3%, mientras que entre las mujeres de origen extracomunitario esta proporción alcanza el 55,5%.
Incluso tener un empleo no garantiza salir de la zona de riesgo: el 15,8% de las mujeres ocupadas está en situación AROPE y el 10,8% en pobreza, cifras que contrastan con la narrativa de que el acceso al mercado laboral constituye por sí solo una solución definitiva contra la exclusión social. Los bajos salarios y la precariedad laboral se configuran como factores de empobrecimiento directamente asociados a una mayor carga de cuidados no remunerados, que reducen el tiempo disponible para el trabajo remunerado, limitan los ingresos potenciales y cierran oportunidades de mejora profesional. Para medir la vulnerabilidad extrema, el indicador de Carencia Material y Social Severa revela que esta situación ha aumentado entre mujeres ocupadas del 4,4% en 2015 al 6,5% en 2024, evidenciando un deterioro progresivo en la capacidad de estas trabajadoras para afrontar gastos básicos o mantener un nivel de vida digno.
El empleo precario perpetúa la desigualdad
Según los datos del Observatorio, tres de cada cuatro personas con jornada parcial son mujeres, con una tasa de parcialidad del 21,4% frente al 6,8% de los hombres, una diferencia que se explica fundamentalmente por razones vinculadas a los cuidados. El 16,6% de las mujeres declara cuidar a menores o personas dependientes como motivo principal para trabajar a tiempo parcial, proporción que se reduce al 4,3% en el caso de los hombres. Esta asimetría en las responsabilidades familiares se refleja dramáticamente en otra cifra: el 15,4% de las mujeres dedicó el año completo a trabajo de hogar y cuidados no remunerado, frente a apenas el 0,3% de los hombres, evidenciando cómo los roles de género tradicionales continúan condicionando las trayectorias laborales femeninas.
Las mujeres se concentran además en ocupaciones sistemáticamente peor remuneradas: el 27,3% trabaja en servicios de restauración y ventas, mientras que el 15,4% desempeña tareas administrativas, sectores caracterizados por salarios bajos, temporalidad y escasas posibilidades de promoción profesional. El salario medio mensual de las mujeres es un 16,4% inferior al de los hombres, lo que representa cobrar de media 405 euros menos cada mes, una diferencia que acumulada a lo largo de toda la vida laboral resulta en ingresos totales significativamente menores y, consecuentemente, en cotizaciones más reducidas a la Seguridad Social. Esta brecha salarial tiene efectos directos sobre la capacidad de ahorro, la posibilidad de acceder a vivienda en propiedad y la vulnerabilidad ante situaciones de crisis personal o económica.
Pensiones insuficientes perpetúan la vulnerabilidad
Las mujeres mayores llegan a la vejez con pensiones marcadamente inferiores a las de los hombres, muchas de ellas con ingresos apenas por encima del umbral de pobreza fijado en 965 euros mensuales. En las pensiones contributivas la brecha de género ha alcanzado la mayor diferencia de toda la serie histórica desde 2017: la pensión media masculina es de 1.510 euros mientras que la femenina se sitúa en 1.026 euros, una diferencia de 484 euros mensuales que representa un 32% menos. Para lograr la equiparación, la pensión media de las mujeres tendría que aumentar un 47%, un objetivo que parece lejano dada la estructura actual del mercado laboral y las trayectorias profesionales interrumpidas que caracterizan las carreras laborales femeninas.
La situación resulta aún más dramática en el caso de las pensiones no contributivas, que en 2024 alcanzan los 601 euros mensuales para jubilación y 662 euros para invalidez, cuantías que permanecen por debajo del umbral de pobreza severa fijado en 644 euros mensuales. Estas pensiones mínimas, percibidas mayoritariamente por mujeres que no acumularon suficientes cotizaciones durante su vida laboral, demuestran que la red mínima de protección social no garantiza siquiera escapar de la pobreza severa. El Gobierno ha implementado un complemento para la reducción de la brecha de género en las pensiones contributivas, que en 2025 se fija en 35,90 euros mensuales por hijo, aunque los expertos consideran insuficiente esta medida para compensar décadas de desigualdad acumulada en el mercado laboral.
Propuestas para revertir la feminización de la pobreza
Ruth Caravantes, responsable de Investigación e Incidencia Política de EAPN, subrayó que el impacto desproporcionado de la feminización de la pobreza no constituye un fenómeno residual sino un síntoma de desigualdades estructurales que las políticas públicas deben corregir urgentemente. Entre las propuestas presentadas por la Red destaca la creación de un sistema público de cuidados que socialice estas responsabilidades actualmente recaídas casi exclusivamente sobre las mujeres, liberando tiempo y recursos para su participación plena en el mercado laboral. El informe reclama también el refuerzo del Ingreso Mínimo Vital y de las rentas mínimas autonómicas, una prestación universal para niñas, niños y adolescentes que rompa el ciclo de transmisión intergeneracional de la pobreza, mejoras laborales sustanciales en sectores de primera necesidad como el empleo de hogar o la ayuda a domicilio, y la mejora significativa de las pensiones, especialmente las no contributivas.
José Javier López, director de EAPN, señaló durante la presentación del Observatorio que en un momento en que hay un estancamiento global de los avances de las mujeres y se extienden discursos que cuestionan sus derechos y relativizan la violencia contra ellas, combatir estas narrativas con datos sólidos y verificables resulta fundamental. El Observatorio de Feminización de la Pobreza y la Exclusión Social, creado como proyecto de referencia para informar, sensibilizar e incidir en torno a las causas y consecuencias de la pobreza con perspectiva de género, pretende sumar un análisis que las estadísticas oficiales en ocasiones no recogen para orientar políticas públicas basadas en evidencia empírica robusta.
Contexto de recuperación económica desigual
Los datos presentados contrastan con los indicadores macroeconómicos que señalan una recuperación sostenida de la economía española en los últimos años, con crecimiento del Producto Interior Bruto y creación neta de empleo. Sin embargo, esta recuperación no se ha distribuido equitativamente entre hombres y mujeres, perpetuando brechas históricas que hunden sus raíces en la división sexual del trabajo, la infravaloración de las ocupaciones feminizadas y la ausencia de políticas efectivas de corresponsabilidad en los cuidados. El estudio evidencia que en la última década los hombres han mejorado sus indicadores de pobreza un 30% más que las mujeres, demostrando que los beneficios del crecimiento económico no fluyen uniformemente hacia todos los sectores de la población.
La presentación del Observatorio incorporó también un Foro Ciudadano para la Promoción del Diálogo Social celebrado en el Instituto de las Mujeres, con intervenciones de Cristina Hernández, directora del organismo, Sara Giménez, directora de la Fundación Secretariado Gitano y miembro del Consejo para la Brecha de Género, y Patricia Durán, representante de la Comisión Permanente de EAPN. Las tres expertas coinciden en señalar que tener en cuenta los aportes del feminismo resulta imprescindible para diagnosticar correctamente las desigualdades y evaluar el impacto real de las políticas públicas, generando desde ese diagnóstico propuestas que impacten de forma decisiva en la reducción de la pobreza entre las mujeres.
