El alcalde Jaume Collboni comunica oficialmente su decisión de no aceptar «empresas que se lucren gracias al genocidio» en eventos deportivos organizados en la ciudad, que acogerá la salida del Tour de Francia del próximo año. La medida responde al precedente de La Vuelta 2025, donde las protestas contra el equipo israelí Premier-Tech culminaron con la cancelación de la última etapa en Madrid tras incidentes entre manifestantes y ciclistas.
El Ayuntamiento de Barcelona ha dado un paso sin precedentes al anunciar oficialmente que vetará la participación de equipos vinculados al Estado de Israel en el Tour de Francia 2026, cuya salida está prevista desde la ciudad condal. El alcalde Jaume Collboni comunicó formalmente su decisión mediante una carta dirigida a los organizadores franceses, argumentando que Barcelona «no puede aceptar empresas que se lucren gracias al genocidio» en eventos deportivos organizados en territorio municipal. Esta posición representa el endurecimiento más significativo adoptado por una administración local europea contra la participación deportiva israelí desde el inicio del conflicto en Gaza.
La decisión municipal se fundamenta en los precedentes establecidos durante La Vuelta Ciclista a España 2025, donde las protestas contra el equipo Israel Premier-Tech marcaron el desarrollo de la competición durante tres semanas consecutivas. Los incidentes alcanzaron su punto culminante en Madrid, cuando manifestantes lograron paralizar la última etapa tras cortar el recorrido y generar enfrentamientos que obligaron a suspender la prueba. El alcalde barcelonés consideró estos sucesos como «una demostración de que la sociedad civil española no tolera la normalización del genocidio en eventos deportivos», justificando así su decisión de evitar escenarios similares en la capital catalana.
El comunicado oficial del Consistorio barcelonés especifica que la medida no se dirige contra ciclistas individuales sino contra «equipos financiados por estados que practican el genocidio», en clara alusión al Israel Premier-Tech propiedad del millonario canadiense Sylvan Adams. Las investigaciones periodísticas han documentado que Adams, quien se autodeclara «embajador autoproclamado del Estado de Israel», destina decenas de millones de dólares a operaciones de sportswashing israelí y mantiene vínculos directos con el primer ministro Benjamin Netanyahu. El Ayuntamiento argumenta que permitir la participación de estos equipos equivaldría a legitimar actividades de propaganda estatal que utilizan el deporte para blanquear violaciones del derecho internacional.
La posición barcelonesa cuenta con respaldo jurídico basado en resoluciones municipales aprobadas en mayo de 2025, cuando el Pleno decidió romper relaciones institucionales con Israel hasta lograr «un alto el fuego definitivo en Gaza» y el respeto a los derechos internacionales. Esta decisión suspendió el acuerdo de hermanamiento con Tel Aviv establecido en 2013 y prohibió la contratación de empresas que mantengan actividades en territorios palestinos ocupados. El marco legal municipal permite al Ayuntamiento ejercer competencias sobre eventos organizados en su territorio, incluyendo la autorización de actividades deportivas que requieren uso del espacio público y recursos municipales.
Precedente de La Vuelta y movilización social
Los sucesos de La Vuelta 2025 proporcionaron el precedente inmediato que fundamenta la decisión barcelonesa. Durante más de dos semanas, manifestantes pro-palestinos mantuvieron una presión constante sobre el equipo israelí mediante protestas coordinadas en múltiples etapas. Los lemas utilizados, desde «La neutralidad es complicidad» hasta «Boicot a Israel», evidenciaron una estrategia comunicativa coherente que cuestionó tanto la participación israelí como la supuesta neutralidad del deporte. La capacidad organizativa demostrada por estos movimientos, que lograron mantener movilizaciones sistemáticas durante toda la competición, influyó decisivamente en la evaluación municipal sobre los riesgos asociados a eventos similares.
La respuesta institucional fragmentada durante La Vuelta también condicionó la posición barcelonesa. Mientras el presidente Pedro Sánchez expresó «admiración» por las manifestaciones y varios ministros las respaldaron públicamente, la oposición conservadora denunció un «ridículo internacional» que compromete la imagen del país. Esta división política nacional convenció al Ayuntamiento barcelonés de la necesidad de adoptar una posición clara y preventiva que evite la instrumentalización política de eventos deportivos celebrados en la ciudad.
La Unión Ciclista Internacional (UCI) respondió a los incidentes de Madrid cuestionando frontalmente la capacidad de España para organizar grandes eventos deportivos. El organismo con sede en Suiza responsabilizó directamente al Gobierno español de los disturbios y advirtió que los sucesos «ponen en tela de juicio la capacidad de España para acoger grandes eventos deportivos internacionales garantizando su buen desarrollo en condiciones de seguridad». Esta crítica institucional refuerza la argumentación barcelonesa sobre la necesidad de medidas preventivas que garanticen el desarrollo pacífico de competiciones deportivas.
El director de La Vuelta, Javier Guillén, intentó trasladar la responsabilidad sobre la participación de equipos controvertidos a la UCI, argumentando que la organización española carece de «competencia para desestimar la presencia del equipo» israelí. Sin embargo, el Ayuntamiento de Barcelona considera que sus competencias municipales le permiten establecer condiciones específicas para eventos celebrados en territorio de la ciudad, independientemente de las decisiones adoptadas por organismos deportivos internacionales.
Las declaraciones de dirigentes políticos durante La Vuelta también influyeron en la decisión barcelonesa. La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, calificó la suspensión de la última etapa como «una victoria del movimiento solidario con Palestina», mientras que la vicepresidenta Yolanda Díaz afirmó que «la sociedad española no tolera que se normalice el genocidio en Gaza en eventos deportivos y culturales». Estas posiciones institucionales proporcionan cobertura política a iniciativas municipales como la adoptada por Barcelona.
Los organizadores franceses del Tour han evitado pronunciarse públicamente sobre la posición barcelonesa, limitándose a confirmar que están «estudiando todas las implicaciones» de la decisión municipal. Fuentes cercanas a la organización expresan preocupación por un precedente que podría replicarse en otras ciudades europeas, comprometiendo la viabilidad comercial de competiciones que dependen de patrocinios internacionales.
