Cuatro prestigiosas asociaciones judiciales progresistas han dirigido un comunicado conjunto al Ejecutivo de Pedro Sánchez reclamando medidas drásticas contra el Estado hebreo por lo que califican como «genocidio en Gaza». Juezas y Jueces para la Democracia, la Unión Progresista de Fiscales, la Unión Progresista de Secretarios Judiciales y la Asociación Pro-Derechos Humanos de España demandan también que España se adhiera a la demanda de Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia y reforme la jurisdicción universal para garantizar la persecución de crímenes internacionales.
La presión sobre el Gobierno español para endurecer su posición hacia Israel ha alcanzado el ámbito judicial. Cuatro asociaciones progresistas de la carrera judicial y fiscal han emitido un comunicado conjunto exigiendo al Ejecutivo de Pedro Sánchez la ruptura total de relaciones comerciales, científicas y diplomáticas con el Estado hebreo ante lo que describen como «genocidio que tiene lugar en Gaza y las vulneraciones de derechos humanos que afectan a periodistas y civiles».
La declaración, firmada por Juezas y Jueces para la Democracia, la Unión Progresista de Fiscales, la Unión Progresista de Secretarios Judiciales y la Asociación Pro-Derechos Humanos de España, representa un paso sin precedentes en la implicación del poder judicial español en cuestiones de política exterior. El documento constituye la manifestación más contundente desde el ámbito de la justicia contra las acciones militares israelíes en los territorios palestinos ocupados.
Las asociaciones denuncian específicamente «los ataques documentados contra personal médico, periodistas y defensores de derechos humanos» y alertan del «riesgo extremo de muertes masivas de civiles palestinos, especialmente niñas y niños, por la privación de alimentos y el uso intencional y sistemático del bloqueo alimentario contra la población civil». El comunicado cita expresamente las advertencias de la Organización Mundial de la Salud sobre la crisis humanitaria en el territorio palestino.
Peticiones concretas al Ejecutivo
El comunicado de las asociaciones judiciales va más allá de la condena retórica y plantea exigencias concretas al Gobierno español. Entre las medidas solicitadas figura la adhesión de España a la demanda presentada por Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia por violación del Convenio de Genocidio, una iniciativa que ya cuenta con el respaldo de varios países pero que España aún no ha secundado oficialmente.
Las organizaciones reclaman también una reforma urgente de la Ley Orgánica del Poder Judicial para «garantizar la efectividad de la jurisdicción universal en crímenes internacionales». Esta petición apunta a eliminar las limitaciones que actualmente impiden a la justicia española investigar crímenes de guerra cometidos fuera del territorio nacional, una competencia que fue restringida durante los gobiernos del Partido Popular tras casos como la querella argentina contra crímenes del franquismo.
Adicionalmente, las asociaciones demandan «la adopción de medidas políticas y humanitarias que garanticen la protección del pueblo palestino, su acceso al sistema de protección internacional y unas condiciones de acogida dignas». Esta petición adquiere especial relevancia en un momento en que miles de palestinos buscan refugio en países europeos huyendo de la ofensiva militar israelí.
Cooperación internacional y sanciones
El documento exige que España coopere activamente con la investigación de la Corte Penal Internacional sobre crímenes de guerra y de lesa humanidad en Palestina, apoyando las decisiones del tribunal internacional. Esta demanda cobra especial significado tras las órdenes de arresto emitidas por la CPI contra el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y otros dirigentes del país por presuntos crímenes de guerra.
Las asociaciones proponen también que España promueva «la celebración de una Conferencia Internacional para la imposición de sanciones a Israel por violaciones graves del Derecho Internacional». Esta iniciativa buscaría coordinar una respuesta multilateral que incluya medidas económicas y diplomáticas similares a las aplicadas contra Rusia tras la invasión de Ucrania.
La posición de estas organizaciones judiciales se alinea con las demandas que durante meses han planteado otros sectores de la sociedad española. El Consejo de la Juventud de España ya había solicitado en junio la ruptura total de relaciones diplomáticas con Israel, mientras que ayuntamientos como el de Barcelona han aprobado medidas para suspender vínculos comerciales y culturales con entidades israelíes.
Un gobierno dividido ante la presión creciente
El comunicado de las asociaciones judiciales llega en un momento de máxima tensión en las relaciones hispano-israelíes. El presidente Sánchez ha endurecido progresivamente su retórica contra Israel, llegando a calificar al país como «Estado genocida» y defendiendo la suspensión del Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea e Israel. Sin embargo, el Gobierno español mantiene relaciones diplomáticas plenas y no ha adoptado las medidas más drásticas que reclaman los sectores progresistas.
La posición del Ejecutivo español ha generado una fuerte reacción israelí. La embajada del país hebreo en Madrid ha acusado al Gobierno de Sánchez de lanzar «una cruzada antisraelí» y de situarse «en el lado equivocado de la historia». Estas declaraciones han llevado al Ministerio de Asuntos Exteriores a convocar al encargado de negocios israelí para protestar por lo que considera un «comunicado inaceptable».
El endurecimiento de la posición española contrasta con la actitud de otros socios europeos. Países como Alemania, Italia o Hungría mantienen una línea más favorable a Israel, lo que complica las aspiraciones españolas de lograr medidas comunitarias como la suspensión del acuerdo comercial bilateral. La previsible oposición de estos gobiernos frustra las expectativas de conseguir la unanimidad necesaria para adoptar sanciones europeas contundentes.
La implicación directa de las asociaciones judiciales progresistas en cuestiones de política exterior plantea interrogantes sobre el papel del poder judicial en el debate público. Aunque estas organizaciones no representan oficialmente a la judicatura española, su peso específico en el sector y su tradición de activismo en defensa de los derechos humanos otorgan especial relevancia a sus posicionamientos.
El comunicado conjunto refleja también las divisiones ideológicas que atraviesan la carrera judicial española. Las asociaciones firmantes representan el sector más progresista de la judicatura, tradicionalmente enfrentado a las organizaciones conservadoras como la Asociación Profesional de la Magistratura. Esta polarización replica en el ámbito judicial las tensiones políticas que el conflicto de Gaza ha generado en la sociedad española.
La presión de las asociaciones judiciales suma un elemento adicional a las múltiples demandas que recibe el Gobierno para endurecer su posición hacia Israel. La combinación de presión judicial, movilización ciudadana y exigencias de los socios de coalición sitúa al Ejecutivo de Sánchez ante la disyuntiva de mantener su actual estrategia de críticas diplomáticas o dar el salto hacia medidas de ruptura que alterarían definitivamente las relaciones bilaterales con un aliado histórico de Occidente.
