La titular del Juzgado de Instrucción 45 de Madrid ha inadmitido la querella presentada por Manos Limpias contra Francisco Martín, al considerar que los hechos relacionados con la gestión del dispositivo de seguridad desplegado el pasado 14 de septiembre no constituyen infracción penal. La magistrada rechaza las acusaciones de desórdenes públicos, desobediencia a la autoridad y lesiones por imprudencia, subrayando que la denuncia constituye una queja administrativa sobre directrices políticas que debe canalizarse fuera del ámbito penal.
La magistrada Luisa María Prieto, titular del Juzgado de Instrucción número 45 de Madrid, ha inadmitido a trámite la denuncia presentada por la organización Manos Limpias contra el delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín, por su gestión del operativo policial desplegado durante la última etapa de la Vuelta Ciclista a España celebrada el pasado 14 de septiembre en la capital. En un auto al que han tenido acceso medios como EFE y Europa Press, la jueza determina que los hechos denunciados no son constitutivos de infracción penal y procede a decretar el archivo de las actuaciones. La resolución judicial cierra definitivamente la vía penal sobre este asunto tras apenas cinco días desde que se abrieran las diligencias previas.
El Juzgado había registrado la denuncia presentada por el autodenominado sindicato Manos Limpias, que atribuía a Francisco Martín presuntos delitos de lesiones por imprudencia grave, desórdenes públicos, desobediencia a la autoridad y prevaricación administrativa en relación con el dispositivo de seguridad desplegado aquel día. La querella argumentaba que la actuación policial se vio condicionada por órdenes que priorizaban la imagen pública del operativo y la intención de evitar molestias a los manifestantes, dejando a los agentes sin instrucciones claras ni autorización suficiente para intervenir de forma contundente. Según la denuncia, esta gestión habría provocado que 22 agentes policiales resultaran heridos leves durante las protestas.
La magistrada es contundente en su resolución al analizar los delitos que Manos Limpias pedía investigar, descartando uno por uno la existencia de tipos penales aplicables al caso. Respecto a los presuntos desórdenes públicos y desobediencia a la autoridad con imprudencia grave, la jueza sostiene que este delito simplemente no existe en la modalidad imprudente, ya que se trata de figuras dolosas que requieren intencionalidad y no pueden cometerse por mera negligencia. En cuanto al posible delito de lesiones imprudentes, la magistrada señala que sería preciso demostrar la existencia de dolo o una conducta voluntaria claramente identificable, elementos que no aparecen descritos en ningún momento en el escrito presentado por la organización denunciante.
Queja administrativa, no delito
La jueza interpreta que la denuncia de Manos Limpias constituye fundamentalmente una queja de un tercero respecto a las directrices adoptadas por el delegado del Gobierno durante el desarrollo de un evento deportivo multitudinario, y subraya que este tipo de reclamaciones tienen su cauce natural al margen del derecho penal. La resolución judicial indica que la denuncia pretende atribuir responsabilidad penal al delegado del Gobierno por actos realizados por otras personas que, según el escrito, provocaron lesiones a los agentes durante el ejercicio de sus funciones dirigidas a garantizar el desarrollo del evento ciclista. Esta atribución de responsabilidad por hechos de terceros no tiene, según la magistrada, encaje en el ámbito de la responsabilidad penal.
La Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que el tribunal debe abstenerse de la práctica de diligencias cuando los hechos descritos en una denuncia no revistan caracteres de delito, fundamento jurídico que la magistrada invoca para inadmitir la querella y archivar definitivamente las actuaciones. La resolución deja claro que cualquier eventual revisión de la gestión del operativo policial debe realizarse en el ámbito administrativo, sin consecuencias penales para el delegado del Gobierno. Esta decisión judicial supone un respaldo implícito a la tesis sostenida por Francisco Martín, quien ha defendido públicamente en reiteradas ocasiones que el dispositivo policial actuó con proporcionalidad y ajustado a derecho.
Los hechos que motivaron la denuncia se produjeron el pasado 14 de septiembre durante la celebración de la última etapa de la Vuelta Ciclista a España en Madrid, jornada en la que se registraron protestas contra la participación del equipo ciclista Israel Premier Tech en rechazo a la ofensiva militar israelí en Gaza. El operativo policial desplegado aquel día arrojó un balance de 22 agentes con heridas leves y la identificación de 97 personas por la Policía Nacional, de las cuales cuatro tenían antecedentes por desórdenes públicos y siete por delincuencia común. Las protestas obligaron finalmente a recortar en cinco kilómetros la etapa final y alteraron significativamente el desarrollo de la prueba deportiva.
Respuesta del delegado del Gobierno
Tras conocerse la inadmisión de la denuncia, el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha reclamado el fin de lo que denominó la política de cotillón y querella, en clara alusión a la estrategia de judicialización que, a su juicio, caracterizan las actuaciones de organizaciones como Manos Limpias. El representante gubernamental en la Comunidad de Madrid había defendido días atrás, tras conocer la apertura de diligencias, que aún no había recibido notificación oficial del juzgado y que solo conocía la investigación a través de los medios de comunicación. En aquellas declaraciones, Martín arremetió contra lo que calificó como pseudosindicatos ultraderechistas que, según afirmó, hacen un flaco favor a la Policía Nacional al no reconocer la profesionalidad de los agentes.
Francisco Martín ha mantenido desde el primer momento que Madrid no fue Sarajevo aquel 14 de septiembre, en referencia a las críticas vertidas desde sectores políticos de la oposición que cuestionaron la gestión del dispositivo. El delegado del Gobierno reivindicó la jornada como un ejemplo de defensa de la dignidad y humanidad, afirmando que la capital lanzó un nítido mensaje al mundo clamando por el fin del genocidio en Gaza. Esta postura le ha valido reproches de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y del alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, quienes han criticado reiteradamente lo que consideran una gestión permisiva con manifestantes violentos que puso en riesgo un evento deportivo de relevancia internacional.
La organización Manos Limpias argumentaba en su denuncia que la diferencia entre el número elevado de agentes heridos y el bajo número de detenciones constituía una prueba evidente de que se había aplicado una política de contención y guante blanco hacia los manifestantes. El sindicato sostenía que la responsabilidad de los incidentes recaía directamente en la Delegación del Gobierno, tanto por las órdenes transmitidas a los efectivos policiales como por la supuesta falta de recursos y previsión en el diseño del operativo. Esta línea argumental ha quedado definitivamente rechazada por la resolución judicial, que cierra la vía penal y deja cualquier eventual reclamación en el ámbito administrativo o político.
