Cuatro días después de conocerse el fallo del Tribunal Supremo que le inhabilitaba durante dos años por revelación de secretos, el fiscal general del Estado presentó su renuncia en una carta al ministro de Justicia. Se convierte así en el primer jefe del Ministerio Público condenado en la historia democrática española. La teniente fiscal María Ángeles Sánchez Conde asumirá el cargo de manera interina mientras el Gobierno tramita el nombramiento de un sucesor.
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, presentó este lunes su renuncia al cargo mediante una carta dirigida al ministro de Justicia, Félix Bolaños, apenas cuatro días después de que el Tribunal Supremo lo condenara a dos años de inhabilitación por un delito de revelación de secretos. La decisión judicial, hecha pública el pasado 20 de noviembre, convierte a García Ortiz en el primer fiscal general condenado en la historia democrática de España. El fallo, adoptado por mayoría de cinco magistrados frente a dos votos discrepantes, pone fin a un mandato marcado por la controversia desde que en octubre de 2024 fuera formalmente encausado. La sentencia completa aún no ha sido redactada, aunque se conoce que incluye además una multa de 7.200 euros y una indemnización de 10.000 euros a Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso.
En su misiva, García Ortiz argumentó que su renuncia responde al respeto a las resoluciones judiciales y a la protección de la institución que ha dirigido desde julio de 2022. El fiscal aseguró que no esperaría siquiera a conocer la motivación completa de la sentencia para dar este paso, calificándolo como un acto debido no solo al Ministerio Fiscal sino a toda la ciudadanía española. Agradeció la confianza depositada por el Gobierno en su nombramiento y expresó su convicción de haber servido fielmente a la institución con vocación de servicio público y lealtad institucional. La carta concluía solicitando formalmente que el Consejo de Ministros aceptara el cese de su mandato, considerando que había llegado el momento de abandonar una responsabilidad que juzgaba incompatible con la condena recibida.
Un caso que sacudió las instituciones
La condena de García Ortiz se origina en los acontecimientos de la noche del 13 de marzo de 2024, cuando la Fiscalía difundió información sobre las negociaciones mantenidas con la defensa de Alberto González Amador en un caso de fraude fiscal. El empresario, investigado por defraudar presuntamente 350.000 euros a Hacienda mediante facturas falsas en 2020 y 2021, había ofrecido a través de su abogado reconocer los delitos a cambio de evitar la prisión. El correo electrónico que contenía esta propuesta de conformidad acabó filtrado a varios medios de comunicación en un contexto de intensas acusaciones cruzadas entre el Gobierno madrileño y la Fiscalía. Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Ayuso, había difundido horas antes una versión que invertía los hechos, asegurando que era la Fiscalía quien había ofrecido el pacto y luego lo había retirado por órdenes superiores.
El Tribunal Supremo consideró probado que García Ortiz participó en la filtración de ese documento confidencial, vulnerando el derecho a la intimidad y a la protección de datos personales de González Amador. Durante el juicio, celebrado entre el 3 y el 13 de noviembre, declararon 40 testigos, incluidos periodistas que se acogieron al secreto profesional para no revelar sus fuentes, fiscales, agentes de la Guardia Civil y el propio empresario afectado. El fiscal general negó haber dado instrucciones para trasladar el correo a la prensa y defendió que su objetivo aquella noche fue preparar una nota pública para desmentir las versiones falsas que circulaban sobre la actuación de la Fiscalía. La Abogacía del Estado respaldó su tesis y sostuvo la ausencia de evidencias directas contra él. Sin embargo, cinco de los siete magistrados consideraron suficientes los indicios para condenarle, mientras las magistradas Ana Ferrer y Susana Polo defendieron la absolución en votos particulares discrepantes.
La sentencia del Supremo llega en un momento de máxima tensión institucional y política. El caso ha alimentado durante meses un debate sobre la independencia de la Fiscalía, su relación con el Gobierno y las acusaciones de politización de la justicia. El entorno de Isabel Díaz Ayuso celebró la condena como una victoria frente al aparato del Estado, mientras el Ejecutivo de Pedro Sánchez reiteró su discrepancia con el fallo y mantuvo su respaldo al fiscal condenado. El propio presidente del Gobierno manifestó públicamente su creencia en la inocencia de García Ortiz, una posición que mantuvieron diversos ministros tras conocerse la sentencia. La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, negó que la dimisión hubiera sido solicitada o sugerida por el Ejecutivo, asegurando que se enteró de la decisión minutos antes de iniciar una entrevista este lunes.
Transición y relevo en la Fiscalía
Con la renuncia de García Ortiz, la jefatura del Ministerio Fiscal recae de forma interina en María Ángeles Sánchez Conde, teniente fiscal del Tribunal Supremo y persona de máxima confianza del dimisionario. Sánchez Conde fue precisamente quien ejerció la defensa de García Ortiz durante el juicio, reivindicando su inocencia ante el tribunal. Se convirtió en 2021 en la primera mujer nombrada teniente fiscal del Supremo, designación realizada por Dolores Delgado, antecesora de García Ortiz. Milita en la Unión Progresista de Fiscales y ya ejerció como fiscal general interina cuando Delgado dejó el cargo por motivos de salud. Su proximidad al fiscal saliente y su perfil profesional la sitúan como una de las candidatas para sucederle de manera permanente, junto a Teresa Peramato, actual fiscal jefe de la Sección Penal del Supremo y experta en violencia de género.
El Gobierno debe ahora tramitar el nombramiento del nuevo fiscal general siguiendo el procedimiento establecido en la Constitución y el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. El candidato debe ser propuesto por el Ejecutivo tras oír al Consejo General del Poder Judicial, comparecer ante la Comisión de Justicia del Congreso y ser finalmente nombrado por el Rey. La normativa exige que sea un jurista español de reconocido prestigio con más de quince años de ejercicio profesional y que no haya ocupado en los últimos cinco años cargos políticos de relevancia como ministro, secretario de Estado, consejero autonómico o diputado. El ministro de Justicia, Félix Bolaños, anunció la semana pasada que el proceso estaba en marcha, aunque no precisó si el nombramiento se aprobaría en el Consejo de Ministros de este martes.
La salida de García Ortiz arrastra consecuencias más allá de su persona. El artículo 36 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal establece que cuando cesa el fiscal general también deben abandonar sus puestos los fiscales de la Secretaría Técnica, de la Unidad de Apoyo y los adscritos a los fiscales de sala integrados en la Fiscalía General. Estos profesionales continuarán ejerciendo de forma interina hasta que el nuevo fiscal general los releve o confirme en sus cargos. Además, la condena por delito doloso abre interrogantes sobre la continuidad de García Ortiz como fiscal de carrera, ya que el reglamento de la profesión establece la incapacidad para ejercer funciones fiscales de quienes hayan sido condenados por esta categoría de delitos mientras no obtengan la rehabilitación. Aunque el fiscal condenado puede todavía recurrir ante el Tribunal Constitucional, su dimisión cierra la posibilidad de prolongar el conflicto institucional mientras agotaba las vías judiciales.
El caso que ha terminado con la inhabilitación del fiscal general permanece abierto en otras instancias. Alberto González Amador afronta un juicio oral por fraude fiscal, falsedad documental, delito contable e integración en organización criminal, además de una segunda investigación por corrupción en los negocios y administración desleal. Su defensa estudia si la condena a García Ortiz puede tener implicaciones en estos procedimientos, aunque fuentes jurídicas consideran improbable que afecte sustancialmente al desarrollo de las causas. Mientras tanto, la Fiscalía se enfrenta a una transición compleja en un contexto de escrutinio público intenso, con el desafío de recuperar credibilidad y estabilidad institucional en medio de acusaciones cruzadas sobre su independencia y el papel de la política en la administración de justicia.
