El exministro de Transportes José Luis Ábalos compareció ante el Tribunal Supremo como investigado en el caso Koldo, negando cualquier participación en financiación ilegal del PSOE durante su etapa como secretario de Organización. Ábalos aseguró no poseer pruebas de conductas delictivas del presidente Pedro Sánchez y solicitó que su causa sea juzgada por un jurado popular.
José Luis Ábalos compareció ante el magistrado instructor del Tribunal Supremo en calidad de investigado por el denominado caso Koldo, una trama presuntamente vinculada a la adjudicación irregular de contratos de mascarillas durante la pandemia de COVID-19. El exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE respondió durante más de una hora a las preguntas del instructor, negando rotundamente su participación en cualquier esquema de financiación ilegal del partido socialista y rechazando las acusaciones que pesan sobre él. Ábalos insistió en que su gestión al frente del ministerio y de la secretaría de Organización se desarrolló siempre dentro de los cauces legales establecidos.
La comparecencia del exdirigente socialista se produce después de que el Supremo confirmara su imputación formal por delitos de cohecho, tráfico de influencias y pertenencia a organización criminal, cargos que Ábalos considera injustificados y que atribuye a una interpretación errónea de sus funciones ministeriales. El instructor le había citado para ampliar su declaración tras analizar nueva documentación aportada por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, que investiga presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos públicos durante el periodo más crítico de la emergencia sanitaria. Ábalos ha mantenido desde el inicio de la investigación que su actuación como ministro fue transparente y ajustada a derecho.
Durante su declaración, el exministro negó explícitamente haber participado en ningún mecanismo de financiación irregular del PSOE durante su etapa como secretario de Organización, cargo que ocupó entre 2017 y 2021. «No hay financiación ilegal del partido durante mi gestión», afirmó Ábalos ante el instructor, descartando cualquier conexión entre las adjudicaciones investigadas y las arcas del partido socialista. Esta afirmación responde directamente a una de las líneas de investigación que el Supremo mantiene abiertas, centrada en determinar si parte de las comisiones presuntamente cobradas por intermediarios en contratos públicos pudieron haber sido destinadas a nutrir las cuentas del partido.
Sin pruebas contra Sánchez
Interrogado específicamente sobre si poseía información o evidencias de conductas delictivas protagonizadas por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, Ábalos respondió de manera categórica que no disponía de ningún elemento probatorio en ese sentido. «No tengo pruebas delictivas contra el presidente», declaró el exministro, cerrando así una de las cuestiones que mayor expectación había generado antes de su comparecencia. Esta afirmación supone un espaldarazo indirecto a Sánchez en un momento en que el Gobierno enfrenta múltiples frentes judiciales que afectan a personas de su entorno político y familiar, aunque también deja abierta la interpretación sobre el alcance real del conocimiento de Ábalos respecto a la gestión gubernamental.
La postura de Ábalos contrasta con las declaraciones de otros investigados en causas conexas, que han apuntado en distintas direcciones sobre la cadena de decisiones que habrían permitido las adjudicaciones investigadas. El exministro ha mantenido que las decisiones adoptadas durante su mandato respondían a criterios técnicos y a la necesidad de dar respuesta urgente a la emergencia sanitaria, descartando cualquier injerencia política o personal en los procesos de contratación que ahora son objeto de escrutinio judicial. Fuentes jurídicas consultadas señalan que esta línea de defensa será central en la estrategia procesal del exministro en las próximas fases de la instrucción.
Petición de jurado popular y rechazo a medidas cautelares
En un giro estratégico de su defensa, Ábalos presentó formalmente ante el Supremo una solicitud para que su causa sea trasladada de la jurisdicción del alto tribunal a un juzgado ordinario donde pueda ser juzgado por un jurado popular. Esta petición, que fue formulada por escrito tras su declaración, supone un cambio significativo en la estrategia procesal del exministro, quien considera que los delitos de los que se le acusa no justifican su permanencia en el Supremo. El aforamiento de Ábalos como diputado, condición que perdió tras no renovar su escaño en las elecciones generales, es el fundamento principal de esta solicitud de traslado jurisdiccional.
La defensa del exministro argumenta que el juicio por jurado garantizaría una mayor transparencia y permitiría que ciudadanos sin vinculación institucional evalúen las pruebas presentadas contra su cliente. Ábalos considera que este formato procesal beneficiaría su estrategia de defensa, al permitir que un tribunal compuesto por ciudadanos comunes valore la complejidad técnica de las decisiones administrativas adoptadas durante la emergencia sanitaria. Expertos jurídicos consultados señalan que esta petición tiene escasas posibilidades de prosperar, dado que el Supremo mantiene competencia exclusiva sobre aforados en el momento de los hechos investigados, independientemente de su situación parlamentaria actual.
Ábalos rechazó enfáticamente cualquier posibilidad de que se le impongan medidas cautelares de prisión provisional, argumentando que no existe riesgo de fuga ni de destrucción de pruebas que justifique tal decisión. El exministro subrayó que ha comparecido voluntariamente en todas las citaciones judiciales desde el inicio de la investigación y que mantiene arraigo familiar y profesional en España. «No hay motivo alguno para plantear mi ingreso en prisión», declaró Ábalos a la salida del Supremo, añadiendo que confía plenamente en que la instrucción demostrará su inocencia en los hechos investigados. La Fiscalía no ha solicitado hasta el momento medidas cautelares contra el exdirigente socialista.
