Una comisión del Parlamento Europeo reclama al Gobierno español que prolongue la actividad de Almaraz hasta 2040 y revise su estrategia de abandono nuclear en plena inquietud europea por la seguridad energética.
La continuidad de la Central Nuclear de Almaraz vuelve a situarse en el centro del debate energético europeo. La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo aprobó este miércoles un informe en el que insta al Gobierno español a suspender el cierre previsto de la planta extremeña y a extender su vida útil, al menos, hasta el año 2040.
El documento, respaldado principalmente por grupos conservadores y soberanistas de la Eurocámara, también anima a España a replantearse su hoja de ruta de salida de la energía nuclear, cuestionando que el abandono progresivo de estas instalaciones responda a criterios estrictamente técnicos o económicos.
La recomendación llega tras la visita realizada en febrero por una delegación de eurodiputados a las instalaciones de Almaraz, en la provincia de Cáceres. Los parlamentarios europeos quisieron comprobar sobre el terreno el impacto económico y social que tendría el cierre de una central considerada estratégica para Extremadura y para el equilibrio energético español.
El informe sostiene que clausurar Almaraz podría agravar la fragilidad demográfica y económica de una región que ya afronta dificultades estructurales en materia de empleo y desarrollo industrial. Los eurodiputados advierten además de que el debate energético europeo ha cambiado de tono tras las recientes tensiones geopolíticas y las dudas sobre la estabilidad del suministro eléctrico en varios países europeos.
En ese contexto, el texto endureció su redacción final después de que varias enmiendas impulsadas por Vox recibieran el apoyo del Partido Popular europeo. El documento expresa preocupación por los recientes apagones y episodios de inestabilidad en el sistema eléctrico español y alerta de las consecuencias que podría tener el cierre de Almaraz sobre la seguridad energética nacional.
La comisión parlamentaria pide incluso a la Comisión Europea que examine si los planes españoles de desmantelamiento nuclear respetan plenamente los principios de transparencia y de toma de decisiones basadas en evidencias técnicas verificables.
Desde Extremadura, el respaldo europeo fue recibido como un espaldarazo político. El vicepresidente regional, Óscar Fernández, defendió que el Ejecutivo autonómico ya ha agotado sus competencias para intentar garantizar la continuidad de la central y reclamó al Gobierno central una mayor implicación.
La presidenta extremeña, María Guardiola, interpretó el posicionamiento de Bruselas como una señal inequívoca del nuevo rumbo energético europeo. Según sostuvo, numerosos países de la UE consideran hoy la energía nuclear una herramienta de transición imprescindible para asegurar estabilidad, competitividad y autonomía energética.
El calendario vigente, pactado en 2019 entre el Gobierno, las compañías eléctricas y los sindicatos, prevé el apagado del primer reactor de Almaraz en noviembre de 2027 y del segundo un año después.
Sin embargo, las propietarias de la planta —Iberdrola, Endesa y Naturgy— solicitaron el pasado otoño ampliar la actividad de ambos reactores hasta 2030. La posibilidad sigue generando un fuerte rechazo entre organizaciones ecologistas, entre ellas Greenpeace, que insiste en acelerar el cierre definitivo de las centrales nucleares en España.
Más allá del caso concreto de Almaraz, el debate refleja la creciente fractura europea sobre el papel que debe desempeñar la energía nuclear en la transición climática y en la búsqueda de soberanía energética frente a un escenario internacional cada vez más incierto.
