El fideicomiso conocido como The JRM 2004 Trust, instrumento financiero creado en la isla de Jersey y vinculado a Juan Carlos I, ha entregado en cuatro pagos un total de 6,6 millones de libras —7,6 millones de euros— al British Council Refugee, una modesta organización londinense de ayuda a refugiados políticos. El dinero procede de una fortuna de 15 millones de euros nunca declarada a Hacienda que el emérito mantuvo oculta en paraísos fiscales desde 1995 y transfirió en 2004 al banquero e historiador Joaquín Romero Maura.
El British Council Refugee (BCR), una organización no gubernamental con sede en un edificio de tres plantas en el barrio londinense de Stratford, acumula desde 2023 un total de 6,6 millones de libras esterlinas —equivalentes a 7,6 millones de euros— procedentes de The JRM 2004 Trust, un fideicomiso creado en la isla de Jersey vinculado al rey emérito Juan Carlos I. Los fondos llegaron en cuatro pagos distribuidos entre 2023 y 2026: 2,3 millones de libras el primero, 1,3 millones el segundo, 1,5 millones el tercero y otros 1,5 millones el más reciente, según confirmó al diario El País una fuente autorizada del BCR en Londres. Los directivos de la organización tardaron seis meses en decidir si aceptaban la donación.
The JRM 2004 Trust toma su nombre de las iniciales de Joaquín Romero Maura, banquero en la City londinense y profesor de historia en la Universidad de Oxford, fallecido en 2022 a los 82 años en una residencia de Zaragoza. Romero Maura era colaborador estrecho de Manuel de Prado y Colón de Carvajal, administrador de la fortuna exterior de Juan Carlos I durante buena parte de su reinado. En 2004, el entonces jefe del Estado transfirió a Romero Maura la titularidad de un patrimonio de 15 millones de euros que había mantenido oculto desde 1995 en las Islas Vírgenes Británicas y en Jersey. Juan Carlos I ha expresado recientemente a personas de su confianza su malestar por la gestión que Romero Maura hizo de ese dinero, que considera de su propiedad, según testigos presenciales consultados por El País.
El origen de una fortuna sin declarar
Los primeros rastros documentados del patrimonio se remontan a dos fideicomisos creados en 1995 y 1997 por Prado y Colón de Carvajal, denominados Tartessos y Hereu, en los que Juan Carlos I figuraba como beneficiario final. Los fondos procedían de Nadine Limited, sociedad domiciliada en las Islas Vírgenes Británicas con cuenta en el Chartered Bank a nombre de Prado. El grueso del capital era una donación de nueve millones de dólares —7,7 millones de euros— efectuada en 1999 por Simeón de Sajonia-Coburgo-Gotha, conocido como Simeón de Bulgaria, procedentes de inversiones en el banco JP Morgan de Suiza. Durante un tiempo, Simeón de Bulgaria compaginó con Prado y Colón de Carvajal la administración de las cuentas exteriores del emérito, según la investigación de El País.
El propósito declarado de los fideicomisos Tartessos y Hereu era sostener económicamente a Juan Carlos I en caso de ser depuesto por un golpe de Estado, según explicó su administrador, el británico John Ruddy, a los responsables de cumplimiento de los bancos depositarios. La ausencia de información sobre el origen del dinero incomodó durante décadas a los gestores bancarios. Jersey Zedra Trustees decidió continuar la administración, pero incrementó sus tarifas por el riesgo reputacional que el encargo conllevaba. En 2003, el entonces jefe del Estado se reunió con Romero Maura y le transmitió que la finalidad original de los fideicomisos ya no era necesaria, pero que su existencia pública «sería embarazosa para la monarquía».
El banquero que decidió darlo todo a la caridad
Según las actas de cumplimiento de los doce bancos por los que circuló la fortuna entre 2004 y su liquidación, Romero Maura explicó a sus interlocutores que Juan Carlos I le había entregado el dinero «en atención a su amistad de muchos años y a los servicios prestados por su familia a la monarquía durante generaciones». La operación replicaba un mecanismo ya empleado por el emérito: en 2012 transfirió a su entonces pareja Corinna Larsen los 65 millones de euros recibidos en 2008 del Ministerio de Finanzas de Arabia Saudí, ocultos en una fundación panameña con cuenta en el banco ginebrino Gonet & Cie.
A diferencia de Larsen, Romero Maura decidió desde el principio destinar el patrimonio a fines benéficos tras su muerte. En cartas dirigidas a los administradores del fideicomiso, el historiador expresó su voluntad de que los fondos se destinaran a organizaciones de ayuda social, con especial atención a la infancia. En 2017 añadió al British Council Refugee como beneficiario. El banquero, viudo y sin hijos, falleció sin haber revelado la existencia del trust ni a sus dos hermanos residentes en Zaragoza ni a sus amigos más cercanos. El secreto lo custodió hasta el final.
La investigación que no encontró pruebas
Fue la Fiscalía Anticorrupción la que descubrió la existencia del fideicomiso en el marco de las diligencias de investigación abiertas en 2020 en torno al patrimonio exterior del rey emérito. Las diligencias fueron archivadas al no encontrar indicios que vincularan en ese momento a The JRM 2004 Trust con Juan Carlos I «ni en su gestión ni en la capacidad para disponer de los fondos», según la resolución fiscal. La investigación concluyó que, en esa etapa, el emérito no fue beneficiario del trust ni recibió cantidad alguna de sus cuentas.
El caso ilustra la complejidad de los instrumentos financieros utilizados durante décadas para gestionar el patrimonio no declarado del anterior jefe del Estado. La fortuna ha terminado en manos de una organización de ayuda a refugiados en el este de Londres, un destino que su último custodio eligió en vida y que sus herederos desconocían por completo. El debate sobre la responsabilidad del emérito ante el ordenamiento tributario español permanece, no obstante, abierto: el origen del capital, su ocultación sistemática durante tres décadas y su nunca aclarada relación con servicios prestados a la monarquía siguen sin obtener una respuesta judicial definitiva.
