El Plan de Control Tributario 2026, publicado en el Boletín Oficial del Estado el 12 de marzo, sitúa a los creadores de contenido digital como colectivo de atención preferente. Los expertos identifican tres ejes principales de riesgo fiscal: la dispersión de ingresos a través de plataformas internacionales, el uso de sociedades instrumentales para reducir la carga impositiva y la deslocalización mal ejecutada. La reforma fiscal de Andorra y el refuerzo tecnológico de la Agencia Tributaria complican las vías de elusión más habituales del sector.
La Agencia Tributaria ya no improvisa frente a los creadores de contenido digital. El Plan de Control Tributario 2026, publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado 12 de marzo, incluye una mención explícita a los influencers —término anglosajón que designa a quienes monetizan su presencia en redes sociales— como colectivo de atención preferente. La novedad no reside en que Hacienda los tenga en el radar, sino en que la vigilancia se especializa ahora con herramientas tecnológicas más precisas. La actividad de contenido digital genera flujos económicos complejos —publicaciones patrocinadas, colaboraciones con marcas, ingresos por royalties y suscripciones—, y para quienes viven de monetizar su presencia en redes, el mensaje es inequívoco: el tiempo de operar en la penumbra fiscal ha terminado.
El catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Autónoma de Madrid, Javier Martín, subraya la novedad que representa la consolidación del sector: «Una de las nuevas tipologías de negocio surgidas del auge de las redes sociales es el marketing de influencia, que genera a los influencers flujos económicos que resultan complejos de rastrear». La complejidad no deriva únicamente de los volúmenes de dinero en juego, sino de la propia naturaleza transfronteriza del negocio: un creador con audiencia global puede cobrar simultáneamente de plataformas domiciliadas en varios países, lo que dificulta la trazabilidad de sus ingresos y, en ocasiones, genera dudas legítimas tanto para el contribuyente como para la propia Administración tributaria.
Tres focos de riesgo
Los abogados fiscalistas identifican tres prácticas que concentran la atención de los inspectores. La primera es la dispersión de ingresos: un creador de contenido puede percibir pagos de YouTube con sede en Irlanda, de marcas españolas y de plataformas de suscripción internacionales en el mismo ejercicio. Marta Espejo, abogada fiscalista de Ontier, advierte de que esas fuentes de ingresos «generan en ocasiones dudas en su calificación y en su tratamiento fiscal, especialmente en entornos transfronterizos». Esa incertidumbre afecta tanto al contribuyente, que puede clasificar mal una retribución, como a Hacienda, que debe verificar la correcta tributación de ingresos dispersos por múltiples jurisdicciones.
El segundo foco es el uso de sociedades para canalizar ingresos personales. Tributar por el Impuesto sobre Sociedades (IS) en lugar de por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) —cuyo tipo marginal alcanza el 47%— es una práctica habitual entre profesionales con ingresos elevados. El problema surge cuando la sociedad carece de actividad real: «Las sociedades no pueden ser pantalla para evitar la tributación», recuerda Espejo, quien añade que la retribución del socio debe calcularse a valor de mercado. El portavoz de la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE), José María Peláez, es más directo: «La facturación a través de sociedades es uno de los fraudes más típicos para rebajar los impuestos a pagar».
Andorra ya no es el paraíso de antes
El tercer eje de riesgo es la deslocalización. La fuga de influencers conocidos hacia Andorra hace unos meses, que arrastró a otros creadores, se ha complicado desde enero de 2026, cuando el principado aprobó una reforma que exige una inversión mínima de un millón de euros en activos del país para obtener la residencia fiscal. La barrera eleva sustancialmente el coste de entrada y reduce el atractivo del modelo para creadores de ingresos medios-altos pero sin grandes patrimonios inmovilizados.
Pero incluso para quienes satisfacen ese requisito económico, la Agencia Tributaria aplica el criterio de residencia fiscal efectiva basándose en la localización de los centros de interés económico y personal. Peláez recuerda que la letra de la ley no cambia con el plan de 2026; lo que cambia es la precisión con que se aplica: «El simple traslado físico durante unos días no impide que esas personas sigan siendo residentes fiscales en España, cuando aquí conservan sus centros de interés económicos o tengan aquí su vivienda y sus principales relaciones familiares». El argumento fiscal es el mismo que se aplica a directivos de grandes empresas: la residencia se demuestra con hechos, no con empadronamiento.
Gestha pide más medios al nuevo ministro
El sindicato Gestha, que agrupa a los técnicos del Ministerio de Hacienda, aprovechó la presentación del plan para trasladar al nuevo ministro del ramo, Arcadi España, un paquete de reivindicaciones sobre sus capacidades. La organización advierte de que el bloqueo de plazas de inspector desde 2010 ha provocado un desplome del 87% en las denuncias por delitos fiscales, una cifra que los técnicos presentan como evidencia de que el sistema de control descansa en exceso sobre los eslabones más accesibles —autónomos y pequeñas y medianas empresas— mientras los grandes patrimonios y las estructuras complejas quedan fuera del alcance operativo de la Administración.
Los especialistas coinciden en desaconsejar renunciar a estructuras legítimas por miedo al control. La planificación fiscal correcta, recuerda Martín, se funda en el principio de autonomía de la voluntad y «produce un ahorro fiscal no contrario a derecho». Lo que el plan de 2026 persigue no es la estructura societaria en sí, sino su uso como mero instrumento de elusión sin sustancia real. La abogada de Ontier lo resume con precisión: los creadores de contenido encajan en «un perfil de riesgo caracterizado por la movilidad internacional, el peso de los intangibles y el frecuente uso de sociedades». Para Hacienda, esa combinación es exactamente el tipo de caso que el refuerzo tecnológico del control está diseñado para detectar.
