El Barómetro Económico del primer semestre de 2026 del Consejo General de Economistas de España revela un deterioro generalizado de las expectativas sobre la economía española. El 64,3% de los encuestados anticipa un empeoramiento en los próximos seis meses y casi dos de cada tres consideran probable o muy probable un escenario de estanflación, es decir, de bajo crecimiento combinado con inflación persistente. El gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, compareció el mismo día ante el Congreso para calificar el problema de acceso a la vivienda de «emergencia nacional».
El Consejo General de Economistas de España presentó ayer su Barómetro Económico del primer semestre de 2026, un informe de percepción elaborado a partir de las opiniones de los profesionales del sector que arroja un diagnóstico de deterioro progresivo de las expectativas. El índice de expectativas económicas nacionales descendió de −67,7 a −72,9 puntos respecto al semestre anterior, su nivel más negativo en lo que va de legislatura. El 64,3% de los economistas encuestados anticipa un empeoramiento de la economía española en los próximos seis meses, frente al 57,8% que percibía deterioro en la medición anterior. Las percepciones de mejora han caído hasta el 12%. El presidente del Consejo General de Economistas, Miguel Vázquez Taín, identificó la estanflación como el principal riesgo percibido por el colectivo: casi un 64% lo considera probable o muy probable.
El concepto de estanflación designa un escenario en el que la economía registra un bajo crecimiento simultáneamente a una inflación que se mantiene por encima del objetivo de los bancos centrales. En el caso español, ese escenario cobra verosimilitud por la combinación de dos datos: las previsiones macroeconómicas sitúan el crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) en 2026 en una horquilla de entre el 2,2% y el 2,4%, mientras el Índice de Precios de Consumo (IPC) general se sitúa en el 3,2%, por encima del objetivo del 2% fijado por el Banco Central Europeo (BCE). El encarecimiento de alimentos, energía y transporte reduce la capacidad de respuesta de las familias ante nuevos choques externos, lo que alimenta la percepción de que el crecimiento no se traduce en mejora del bienestar cotidiano.
Estanflación: crecer con inflación alta
El barómetro muestra que el deterioro de las expectativas no se limita al ámbito nacional, sino que se extiende con fuerza creciente a los ámbitos autonómico y provincial. El índice de expectativas económicas autonómicas cayó de −26,4 a −32,3 puntos; el provincial descendió de −29,3 a −36,2 puntos. En ambos casos, las respuestas que anticipan empeoramiento aumentaron entre cuatro y cinco puntos porcentuales respecto al semestre anterior. El secretario general del Consejo General de Economistas, Marín-Hernández, describió este fenómeno como un «efecto contagio con más fuerza que en ediciones anteriores», y señaló que la confianza sobre la economía nacional «se va debilitando barómetro tras barómetro».
En el plano personal, la estabilidad sigue siendo la respuesta dominante: el 62,6% de los economistas considera que su situación económica individual no ha variado respecto a hace seis meses. Sin embargo, las expectativas de ahorro se han deteriorado de forma notable: el porcentaje de quienes anticipan dificultades para ahorrar en los próximos meses se sitúa en el 44,8%, mientras que la proporción de quienes esperan poder ahorrar ha caído al 23,1%. El barómetro recoge también un aumento significativo de las respuestas de incertidumbre —«no lo sé»— hasta el 32,1%, lo que los autores del informe interpretan como señal de una mayor dificultad para anticipar la evolución económica personal a corto plazo.
Presión fiscal, energía y costes salariales, los tres frenos
El barómetro analiza también los factores que los economistas consideran más limitantes para la competitividad de la economía española. A escala nacional, la presión fiscal encabeza la lista con un 72,9% de respuestas en la categoría «afecta mucho», seguida muy de cerca por el precio de la energía, con el 72,1%, y los costes salariales, con el 69,8%. La proximidad entre los tres factores refleja que ninguno de ellos se percibe como el determinante exclusivo del problema de competitividad, sino como una combinación de presiones que actúan de forma simultánea sobre las empresas.
En los ámbitos autonómico y provincial se produce, sin embargo, un cambio de orden relevante: el precio de la energía desplaza a la presión fiscal al primer puesto como factor limitante de la competitividad, con el 65,7% y el 66,2% de respuestas respectivamente. Este desplazamiento refleja el mayor peso del coste energético en las actividades productivas de carácter regional y local, más expuestas al encarecimiento de los combustibles y la electricidad derivado de la guerra de Irán que las grandes empresas nacionales con mayor capacidad de cobertura y diversificación.
La vivienda, una emergencia nacional
En paralelo a la presentación del barómetro, el gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, compareció ante la Comisión de Economía del Congreso para presentar el Informe Anual 2025 del organismo supervisor. Escrivá dedicó una parte significativa de su intervención al mercado inmobiliario, al que calificó de «emergencia nacional», y cifró el déficit de viviendas respecto a la demanda generada por la creación de nuevos hogares en 750.000 unidades. El gobernador señaló que España tiene una de las ratios más bajas de vivienda pública de Europa: una vivienda pública por cada 65 habitantes, frente a una por cada tres en Países Bajos.
Escrivá reclamó una respuesta coordinada entre el Estado, las comunidades autónomas y los ayuntamientos, e identificó la falta de colaboración entre administraciones como «uno de los grandes puntos débiles del sistema actual». El gobernador no planteó medidas inmediatas sin un análisis previo, aunque dejó abierta la puerta a intervenciones temporales para moderar la demanda, diseñadas con cautela para evitar efectos adversos sobre el acceso de jóvenes y hogares con menores recursos. El Banco de España revisó sus previsiones para la economía española sin cambios en el crecimiento, pero con una ligera subida de la inflación prevista, en un contexto marcado por la incertidumbre geopolítica y la volatilidad energética.
