La Comisión Europea comunicó al Gobierno de Pedro Sánchez, en una carta remitida a finales de marzo, que la reducción del Impuesto sobre el Valor Añadido a los combustibles fósiles hasta el 10% contraviene las normas fiscales comunitarias. Hacienda defiende la medida como una respuesta coyuntural al conflicto en Irán, pero deberá decidir antes del 30 de junio si la prorroga o la adapta a los requerimientos de Bruselas.
La Comisión Europea envió a finales de marzo una carta al Ejecutivo de Pedro Sánchez en la que le advertía de que la reducción del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) a los combustibles fósiles hasta el 10% —una de las principales medidas fiscales del decreto anticrisis aprobado el 20 de marzo— no está contemplada en las directivas tributarias de la Unión Europea (UE). Según confirmaron fuentes del Gobierno a El País, el Ministerio de Hacienda, dirigido desde hace poco más de una semana por Arcadi España, ha recibido la comunicación y la estudia.
La advertencia no constituye un veto ni una orden de rectificación inmediata. Bruselas carece de atribuciones para paralizar de manera unilateral una decisión fiscal de un Estado miembro, pero el aviso genera un precedente jurídico que el Gobierno deberá gestionar antes de que expire el plazo fijado para las rebajas: el 30 de junio de 2026. A partir de esa fecha, si la situación económica derivada de la guerra en Irán lo exige, Hacienda valorará la posibilidad de prorrogar los descuentos o de ajustarlos a las exigencias comunitarias.
El argumento de Hacienda
La postura del Ministerio descansa en un argumento de temporalidad. El descuento en el IVA no es una respuesta estructural sino coyuntural al impacto del conflicto bélico en los precios de la energía, según la defensa oficial del Ejecutivo. El coste recaudatorio de esa rebaja se estima en 507 millones de euros hasta el 30 de junio. A esa cifra se suma el impacto del recorte sobre el tributo especial de hidrocarburos, extendido al gasóleo, la gasolina sin plomo, el fuelóleo, el gas licuado, el gas natural y el queroseno, valorado en 636,5 millones adicionales.
Polonia ha recibido una comunicación análoga de la Comisión por haber adoptado disposiciones equivalentes. Desde el organismo comunitario no se cuestiona la voluntad política de los gobiernos de aliviar la presión sobre los consumidores. «Comprendemos y compartimos plenamente la necesidad de apoyar a los ciudadanos», señalaron fuentes de la institución, que sin embargo subrayaron que reducir el IVA a los carburantes fósiles no figura entre las opciones que contemplan las directivas tributarias europeas. Bruselas apunta en cambio a las rebajas sobre la electricidad y la electrificación del transporte como alternativas más acordes con la normativa vigente.
Los límites que marca Bruselas
La Comisión considera más adecuadas las iniciativas que incentivan el ahorro de energía fósil y el despliegue de renovables. Dan Jørgensen, comisario de Energía, y la presidenta de la institución, Ursula von der Leyen, han trasladado a los Estados miembros que no deben adoptar medidas susceptibles de aumentar el consumo de hidrocarburos convencionales. «Los impuestos energéticos, en muchos Estados miembros, pueden ser más racionales», afirmó Jørgensen, en referencia al margen de mejora existente en varios países para reformar la fiscalidad sin contravenir las directivas europeas.
Dentro de ese enfoque, uno de los departamentos comunitarios planteó como alternativa a la reducción del IVA el recorte de los tributos especiales sobre los carburantes, un camino que España ya ha recorrido de manera simultánea con las medidas incluidas en el decreto anticrisis. El Gobierno de Sánchez ha adoptado tanto la vía cuestionada por Bruselas como la que esta propone. La propia Comisión reconoce que este segundo camino también tiene límites «al menos por el momento», en función de la evolución del conflicto y de la capacidad presupuestaria de cada Estado.
Valdis Dombrovskis, comisario de Economía, reconoció en su última reunión con los ministros de Finanzas de la zona euro, el 27 de marzo, que la situación actual no es comparable a la crisis de 2022, cuando la invasión rusa de Ucrania generó un riesgo inmediato de desabastecimiento de gas natural. «La estamos evaluando y responderemos en su debido tiempo», señaló un portavoz del Ejecutivo comunitario al ser preguntado por la carta enviada a España. El margen presupuestario limitado de varios Estados y el nivel creciente de la deuda soberana complican cualquier respaldo institucional a medidas que contravengan las propias directivas fiscales.
La perspectiva de la AIE
La dimensión energética de la crisis desborda el debate tributario. Fatih Birol, director ejecutivo de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), advirtió en declaraciones publicadas este miércoles que el mundo atraviesa la mayor perturbación del suministro de su historia reciente, de mayor alcance que las de los años setenta. «Al principio, los gobiernos subestimaron la magnitud de la crisis energética», señaló Birol, que indicó que más de 70 instalaciones en Oriente Próximo han sufrido daños desde el inicio del conflicto, con más de un tercio de ellas gravemente afectadas, lo que dificulta la recuperación de los niveles normales de operación.
La perspectiva del economista turco apunta a que la perturbación no será breve. «Estamos ante el mayor riesgo para la seguridad del sector de la historia», afirmó Birol, que descartó que el mercado del crudo y el gas pudiera recuperar su estado anterior aunque el Estrecho de Ormuz se reabriera de inmediato. Para España, ese diagnóstico tiene una traducción concreta: si el conflicto se prolonga, la presión para mantener las rebajas fiscales sobre la energía irá en aumento, en abierta tensión con una normativa comunitaria que no contempla esas ayudas como solución de largo plazo. El Gobierno dispone de dos meses y medio para encontrar una fórmula que concilie la protección de los consumidores con las exigencias de Bruselas.
