El vicepresidente ejecutivo y comisario de Prosperidad y Estrategia Industrial de la Comisión Europea, Stéphane Séjourné, señaló que Bruselas estudia recuperar el gravamen extraordinario a las empresas energéticas ya aplicado durante la guerra de Ucrania para hacer frente al encarecimiento de la energía derivado del conflicto de Irán. El comisario evitó comprometerse con una decisión inmediata y remitió la respuesta a un análisis pendiente de una reunión del Colegio de Comisarios.
La Comisión Europea ha abierto la puerta a recuperar el impuesto extraordinario a las empresas energéticas que ya se aplicó para aliviar los efectos de la guerra de Ucrania sobre los precios de la energía. Así lo indicó el vicepresidente ejecutivo y comisario de Prosperidad y Estrategia Industrial, Stéphane Séjourné, al ser preguntado por la carta que varios países miembros, entre ellos España, han remitido a Bruselas reclamando una respuesta común de alivio económico ante el encarecimiento derivado de la guerra de Irán.
Séjourné recordó que la Unión Europea (UE) activó una fórmula parecida durante la crisis energética provocada por la invasión rusa de Ucrania. «Ya lo hicimos durante la guerra de Ucrania», afirmó el comisario en el European Pulse Forum de Barcelona, precisando que esa medida «forma parte del paquete de flexibilidad que podemos dar a los estados miembros». Sin embargo, descartó anticipar una decisión inmediata y enmarcó cualquier paso en un análisis más amplio del alcance real del choque energético antes de comprometerse con ninguna medida concreta.
Séjourné avanzó que habrá «una reunión importante del Colegio de Comisarios» para evaluar el impacto de los precios en cada país antes de adoptar ningún compromiso formal. La incertidumbre sobre la duración del conflicto es el factor que más complica la respuesta comunitaria. «Hay una incertidumbre muy grande sobre cuánto durará esta crisis», señaló el comisario, que subrayó que la situación cambia «hora a hora» y que, en consecuencia, «la respuesta también tiene que cambiar». Cualquier paquete de medidas debe calibrarse en función tanto del impacto como del horizonte temporal del conflicto.
El precedente ucraniano
El impuesto extraordinario a las empresas energéticas aplicado durante la crisis provocada por la invasión rusa de Ucrania en 2022 constituye el referente directo al que Séjourné apela para justificar la viabilidad jurídica de la medida. La UE dispone de mecanismos de flexibilidad que permiten a la Comisión proponer contribuciones extraordinarias a los sectores que obtienen ganancias excepcionales en situaciones de emergencia, sin necesidad de reformar los tratados. La pregunta es si el nivel de perturbación energética actual es comparable al que justificó el recurso a esos instrumentos hace cuatro años.
La respuesta de Bruselas se produce cuando varios estados miembros ya han actuado por su cuenta ante el encarecimiento de la energía. España aprobó la semana pasada el decreto anticrisis con 80 medidas valoradas en 5.000 millones de euros que incluye, entre otras, rebajas del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) a los carburantes y ayudas directas al transporte profesional, al sector agrario y al pesquero. Una eventual tasa comunitaria a las energéticas operaría como instrumento adicional y complementario a esas políticas nacionales, no como alternativa a las medidas de alivio que cada Estado ya ha puesto en marcha.
La incertidumbre como freno
El principal obstáculo para que Bruselas avance con mayor celeridad no es político sino temporal. La duración del conflicto de Irán es la variable que condiciona el alcance y la urgencia de cualquier paquete de respuesta. Si el enfrentamiento se prolonga y el precio del crudo se mantiene elevado, el argumento para una medida extraordinaria de recaudación sobre las grandes compañías del sector gana fuerza. Si la frágil tregua en vigor deriva en un acuerdo estable, la urgencia se diluye. La Comisión no quiere comprometerse con un instrumento que pueda resultar innecesario si el panorama mejora en las próximas semanas.
El debate sobre el gravamen a las energéticas conecta con una discusión más estructural sobre la arquitectura fiscal de la Unión. Las respuestas nacionales al choque energético han sido heterogéneas: algunos países han optado por subvenciones directas, otros por rebajas sobre los carburantes y otros por intervenciones en los mercados de electricidad. La coordinación comunitaria tiene el potencial de evitar que esas divergencias generen distorsiones en el mercado interior, pero requiere acuerdo político entre estados con niveles de exposición al choque muy distintos, lo que históricamente ha ralentizado la toma de decisiones en Bruselas.
Lo que ya ha hecho España
La presión de los países más afectados por el encarecimiento energético ha sido el detonante directo de la respuesta de Séjourné. La carta remitida a Bruselas por varios estados miembros es la expresión de un malestar que no puede resolverse exclusivamente desde las capitales nacionales. España es uno de los firmantes, lo que convierte al Gobierno de Sánchez en parte interesada en que la Comisión adopte el gravamen extraordinario, especialmente si las medidas del paquete anticrisis resultan insuficientes para contener el impacto inflacionario del alza del petróleo a medio plazo.
La reunión del Colegio de Comisarios en la que Séjourné planea abordar la cuestión marcará el ritmo del proceso. Si la Comisión avanza hacia una propuesta concreta, los estados miembros deberán negociar su alcance, sus destinatarios y el reparto de la recaudación. El antecedente ucraniano demostró que ese tipo de acuerdos es posible bajo presión, pero también que requiere una percepción generalizada de urgencia. La clave es si la guerra de Irán genera ese grado de consenso político en Bruselas con la misma rapidez con que ha disparado los precios del crudo en los mercados internacionales.
