Un informe del Instituto de Estudios Económicos presentado este jueves concluye que la inmigración explica casi tres cuartas partes del crecimiento del Producto Interior Bruto español entre 2018 y 2025, dos tercios del empleo creado y el 86% del aumento del consumo privado. El mismo organismo rebaja su previsión de crecimiento para 2026 al 2,1%, siete décimas menos que en 2025, como consecuencia del impacto económico de la guerra de Irán.
El Instituto de Estudios Económicos (IEE), centro de análisis vinculado a la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), presentó este jueves un informe que cuantifica con detalle inédito la contribución de la inmigración al ciclo económico español. Según el documento, titulado El aumento demográfico en España como factor explicativo del actual ciclo económico, la población extranjera y con doble nacionalidad aportó el 73,9% del crecimiento total del Producto Interior Bruto (PIB) entre 2018 y 2025, equivalente a 9,1 puntos porcentuales de los 12,3 que creció la economía en términos reales durante ese periodo. La población nacida en España contribuyó con los 3,2 puntos restantes. El factor demográfico, en su conjunto, explica por sí solo el 43% del crecimiento acumulado en el último ciclo económico.
El contexto en que se inserta ese crecimiento es el de una economía que ha destacado en la eurozona. España creció un 2,8% en 2025, el doble de la media de la zona euro, que se situó en el 1,4%, y mantuvo un avance trimestral promedio del 0,8% en los últimos dos años, frente al 0,3% de sus vecinos. Detrás de esa fortaleza relativa, el informe identifica un motor específico: entre 2018 y 2025, la población nacida en España descendió un 1,9%, mientras que la residente nacida en el extranjero creció un 52,5%, pasando de 6,2 a 9,5 millones de personas. Sin ese aporte, que compensó íntegramente la pérdida vegetativa de la población autóctona, España habría registrado descensos demográficos y una capacidad de expansión del PIB sensiblemente inferior.
El mercado laboral, sostenido por la inmigración
Los datos sobre el mercado de trabajo ilustran con mayor precisión la escala de la dependencia. De los dos millones de personas que se incorporaron a la población activa entre 2018 y 2025, el 97% es extranjera o tiene doble nacionalidad. La población activa española se mantuvo estancada en torno a los 19,3 millones durante ese periodo, lastrada por el envejecimiento y las jubilaciones. El perfil demográfico de los migrantes refuerza su impacto laboral: ocho de cada diez están en edad de trabajar —entre los 16 y los 64 años—, frente a seis de cada diez entre la población nacional. Como resultado, la inmigración ha cubierto casi dos tercios del empleo creado desde 2018, y su peso sobre el total de ocupados ha escalado hasta el 21,3%.
El informe señala también que los hogares con personas nacidas en el extranjero explican el 86% del crecimiento del consumo privado en el periodo analizado, una cifra que refleja no solo el aumento de efectivos sino también la capacidad de gasto que la incorporación laboral de esa población ha generado. El IEE subraya que la tasa de dependencia de la población extranjera —la proporción entre inactivos y activos— es del 10%, frente al 35,5% de la población nacional, lo que convierte a los migrantes en un pilar de la sostenibilidad del sistema de pensiones a corto y medio plazo.
El freno de la guerra: revisión a la baja de las previsiones
El propio IEE rebaja en el mismo informe su previsión de crecimiento para 2026 al 2,1%, siete décimas por debajo del dato de 2025, como consecuencia del impacto económico de la guerra de Irán y la presión inflacionaria derivada del cierre del estrecho de Ormuz. Para 2027, el organismo proyecta una moderación adicional hasta el 1,8%. La inflación media de 2026 se estima en el 3,2%, con una corrección prevista hasta el 2,4% en 2027. El Banco de España, por su parte, ha elevado al 3,6% su previsión de inflación media para 2026, con una décima adicional para 2027. La Comisión Europea es más optimista y apunta a un crecimiento del 2,4% para el conjunto del año, mientras que el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) se sitúan en el 2,1% y el 2,2%, respectivamente.
La desaceleración proyectada no borra el diferencial positivo de España respecto a la eurozona, pero sí reduce el margen con el que la economía española había operado en los últimos años. El mercado de la vivienda emerge como uno de los efectos colaterales más visibles del crecimiento demográfico acelerado: en 2025 se formaron cerca de 230.000 nuevos hogares, pero solo se terminaron unas 80.000 viviendas nuevas, lo que supone casi tres hogares nuevos por cada unidad construida. Los precios acumulan una subida del 88% desde el mínimo de 2013, y la participación del comprador extranjero en las transacciones inmobiliarias ha crecido del 7% al 17% entre 2007 y 2025.
Invierno demográfico y dependencia estructural
El informe del IEE plantea un diagnóstico que va más allá del ciclo económico reciente. España enfrenta lo que el documento denomina un «invierno demográfico»: el descenso sostenido de la población nacida en el territorio nacional hace que la actividad económica dependa de forma creciente de los flujos migratorios para mantener su base de trabajadores, consumidores y cotizantes a la Seguridad Social. El IEE señala que «la contribución al crecimiento total de la población de los no nacidos en España superó el 131%, al compensar la caída de la población española», una formulación que expresa la magnitud de la sustitución demográfica en curso.
La conclusión tiene una lectura política incómoda para quienes impulsan restricciones a la inmigración: la economía española no crece a pesar de los flujos migratorios, sino en buena medida gracias a ellos. El propio informe advierte, sin embargo, de que el crecimiento basado en la incorporación masiva de mano de obra tiene límites: la productividad por ocupado ha caído un 0,1% en el periodo analizado, lo que indica que la expansión del PIB no está asociada a mejoras de eficiencia sino al aumento del número de trabajadores. Esa dualidad —crecimiento robusto en términos agregados, estancamiento de la productividad— define el principal reto estructural de la economía española de cara a la segunda mitad de la década.
