La política de regularización del Gobierno de coalición ha cosechado el apoyo de las principales organizaciones empresariales españolas, desde el campo y la construcción hasta los cuidados, la hostelería y el transporte. La Confederación Española de Organizaciones Empresariales no ha emitido comunicado oficial, pero su presidente se ha mostrado favorable. La reserva común es que la medida debería haber pasado por el Congreso y ligarse con más claridad al mercado laboral.
El decreto de regularización extraordinaria pactado por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Podemos, que prevé formalizar la situación administrativa de alrededor de un millón de personas que ya residen en España en situación irregular, ha recibido una respuesta mayoritariamente favorable del tejido empresarial. Patronales de la construcción, la agricultura, la dependencia, la hostelería, el transporte de viajeros, el de mercancías y los servicios domésticos han coincidido en calificarlo de necesario. La principal organización del país, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), no ha formalizado ningún comunicado, pero su presidente ha expresado en público su respaldo.
El argumento de fondo que comparten los distintos sectores remite a un dato estructural. Los trabajadores extranjeros afiliados a la Seguridad Social superan los tres millones de personas, el 14% del total de afiliados. Su presencia es transversal pero se concentra con especial intensidad en determinadas actividades: representan el 43% de los afiliados al sistema especial del empleo doméstico, el 39,4% en el régimen agrario, el 29,1% en la hostelería y el 24,3% en la construcción. Son también los sectores donde la escasez de mano de obra resulta más pronunciada.
El campo, los cuidados y el transporte
Las patronales del campo se cuentan entre las más entusiastas. Andrés Góngora, responsable de relaciones laborales de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), la califica de necesaria y muy positiva para el sector. Dirigentes de la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja) en Cataluña señalan que parte de la cosecha de fruta se ha perdido en los últimos años por falta de trabajadores disponibles. «No tiene sentido que tú necesites personas para trabajar, ellas quieran hacerlo», afirma Góngora, quien precisa que el obstáculo para contratarlas era exclusivamente de carácter administrativo, no de voluntad de ninguna de las dos partes.
En el transporte, la posición es igualmente favorable, aunque con más matices. La patronal de viajeros Confebus recuerda que el sector turístico ha vivido temporadas en las que tenía clientes y vehículos disponibles pero no podía dar servicio por falta de conductores. La Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM) subraya que los inmigrantes llegan con disposición para trabajar en puestos que los trabajadores nacionales rechazan con más frecuencia, en especial en el transporte de larga distancia. La voz más crítica es la de Francisco Aranda, de la patronal logística UNO, quien objeta que la regularización no está «ligada a ofertas de trabajo ni a itinerarios de formación».
Cuidados, construcción y hostelería
Donde el respaldo llega más cargado de urgencia es en el sector de los cuidados. Rafael Sánchez-Ostiz, presidente del Círculo Empresarial de Atención a las Personas (CEAPs), sostiene que su actividad padece un déficit estructural de personal que la regularización puede aliviar. «Contamos con la inmigración o no sé quién nos va a cuidar», afirma. El envejecimiento de la población española exige miles de nuevas incorporaciones en los próximos años que la fuerza de trabajo nacional no cubre por sí sola. Ana Garrido, presidenta de la Asociación Española de Servicios Personales y Domésticos (AESPyD), añade que «esta regularización va a dar la oportunidad a muchas familias» de contratar de manera legal a profesionales del cuidado a domicilio.
En la construcción, Pedro Fernández Alén, presidente de la Confederación Nacional del Sector (CNC), vincula la medida a los objetivos de la política de vivienda. Para cumplir las ambiciosas metas fijadas, el sector necesita «jóvenes, mujeres y sobre todo inmigrantes». La gran patronal catalana, Foment del Treball, la califica de necesaria para garantizar el funcionamiento del mercado de trabajo. En la hostelería, el secretario general de Hostelería España, Emilio Gallego, respalda la iniciativa pero lamenta que haya sido necesaria. Lo ideal habrían sido «canales de migración ordenados y dignos para las dos partes». «Es lamentable que esta pobre gente haya tenido que vivir periplos», señala, en referencia a los recorridos irregulares que muchas personas emprenden antes de llegar a España.
La CEOE y el debate sobre el Congreso
La posición de la CEOE es la más matizada del conjunto. Su presidente, Antonio Garamendi, no ha emitido comunicado formal, pero sí ha expresado su respaldo en declaraciones públicas. «Pasar a A lo que estaba en B no está mal», afirmó en referencia a la regularización de quienes llevan años trabajando en situación irregular. Al mismo tiempo, no ocultó sus reservas sobre el procedimiento. «Echo de menos que se cuente con el Congreso», señaló, al considerar que el diálogo social habría permitido orientar mejor la norma hacia el empleo. Fuentes empresariales atribuyen esa postura a la estrategia de la organización de cara a sus elecciones internas, previstas para este mismo año.
La patronal madrileña, la Confederación Empresarial de Madrid (CEIM), adopta la posición más crítica entre las que respaldan la medida. Su presidente, Miguel Garrido, advierte de que una regularización sin criterios suficientemente claros puede generar más problemas que soluciones, en particular para los servicios públicos de las comunidades autónomas. Ángela de Miguel, vicepresidenta de la CEOE y presidenta de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme), coincide en el fondo con Garamendi. «Esta regularización es una oportunidad para que estas personas se integren», señala, y matiza que «las regulaciones que salen con acuerdos son más estables», en clara referencia a la ausencia de un trámite parlamentario formal.
El debate expone una tensión estructural del mercado de trabajo en España. El país registra una de las tasas de desempleo más elevadas de la Unión Europea, próxima al 10%, y al mismo tiempo una de las tasas de vacantes más altas del continente. Los empresarios sostienen que quienes buscan empleo rechazan con frecuencia los puestos disponibles en los sectores más sacrificados —campo, hostelería, cuidados, transporte de larga distancia—. Los sindicatos y una parte del propio Gobierno de coalición cuestionan ese diagnóstico y apuntan que el problema son las condiciones laborales que se ofrecen, no la disposición de quienes buscan trabajo.
