Josep Sánchez Llibre reclama un acuerdo entre Gobierno, sindicatos y empresarios para garantizar mano de obra extranjera que cubra las necesidades del tejido productivo. El presidente de Foment del Treball advierte que España enfrentará un déficit de 1,4 millones de empleos en 2035 si no se facilita la incorporación de trabajadores inmigrantes a sectores clave de la economía.
La patronal catalana Foment del Treball ha reclamado al Gobierno un pacto social que sitúe la inmigración laboral como prioridad nacional para garantizar la viabilidad del tejido productivo español. Josep Sánchez Llibre, presidente de la organización empresarial, advirtió durante su intervención en Madrid que las empresas necesitan trabajadores extranjeros para cubrir las vacantes que la población autóctona no puede satisfacer. La propuesta llega en un momento de creciente envejecimiento demográfico y de tensiones políticas en torno a las políticas migratorias, con el debate sobre la redistribución de menores extranjeros no acompañados entre comunidades autónomas generando fracturas en el panorama institucional español.
Sánchez Llibre defendió la inmigración como una necesidad económica ineludible y reclamó que el debate público supere las polarizaciones ideológicas. «Las empresas necesitamos la inmigración como el aire para respirar y el agua que bebemos. Las empresas españolas necesitan a trabajadores inmigrantes para ser competitivas», declaró el presidente patronal durante la presentación del informe «La España de los 50 millones de habitantes» elaborado por la Sociedad Barcelonesa de Estudios Sociales y Económicos. El documento, que proyecta escenarios demográficos para las próximas décadas, sostiene que España podría superar los 51,2 millones de habitantes en 2035, con la población originaria del extranjero representando el 34,1% del total. Según estas proyecciones, la población vinculada en primera o segunda generación a la inmigración se convertiría en un componente estructural del país.
Déficit de 1,4 millones de empleos en 2035
El estudio presentado por Foment del Treball, parte de una proyección demográfica consensuada, alerta de que la población española alcanzará los 50 millones de habitantes en las próximas dos décadas, con un saldo migratorio neto que resultará imprescindible para sostener la actividad económica. Si se cumplen estas previsiones, en el año 2035 la suma de empleos totales no cubiertos podría alcanzar los 1,4 millones de puestos de trabajo. Esta cifra obligaría a España a facilitar la entrada de 140.000 personas anualmente en edad laboral para evitar el colapso de sectores productivos fundamentales.
El informe subraya que en paralelo al envejecimiento de la población autóctona, la proporción de descendientes de extranjeros nacidos en España podría superar el 31,4% del total. Esta realidad demográfica implica que los puestos vacantes no podrán cubrirse solo con la incorporación de las generaciones jóvenes autóctonas, ni siquiera contando con la población inmigrante ya asentada. «Si no actuamos ahora, el tejido productivo español enfrentará un cuello de botella que frenará el crecimiento económico», advirtió Sánchez Llibre, quien insistió en que la sostenibilidad del Estado del bienestar depende directamente de garantizar suficiente mano de obra para mantener la actividad económica y la recaudación fiscal.
Choque entre sindicatos y patronal
La propuesta de Foment del Treball ha generado una nueva tensión con los sindicatos mayoritarios, que exigen que cualquier acuerdo sobre inmigración laboral incluya garantías de derechos laborales y condiciones dignas para los trabajadores extranjeros. Trabajo y CEOE mantienen abierta una negociación para romper el misterio que rodea la patronal al boicotear los acuerdos en materia de permisos de trabajo, una situación que se intensificó cuando no se les tuvo en cuenta en la redacción del permiso con el Ministerio de Trabajo. Ambas partes buscan que la negociación se desarrolle solo con luz y taquígrafos, alejada de la arena mediática y de la política, lejos de la mesa de diálogo que impulsa el Gobierno.
El secretario de Acción Sindical de CCOO, Joaquín Pérez Rey, defendió que la patronal está en plena campaña para desviar la atención pública sobre las elecciones sindicales programadas para el próximo año en la CEOE. «Lo que esperan es que estrellemos el pacto para decir que los sindicatos no se han puesto de acuerdo», afirmó Pérez Rey en declaraciones recientes. Por su parte, el vicepresidente de la patronal, Antonio Garamendi, criticó la postura sindical y calificó las exigencias como un intento de bloqueo que responde a intereses legislativos y de representación interna en la Administración.
El enfrentamiento entre ambas organizaciones se produce mientras el Gobierno negocia la ampliación del permiso por defunción de 15 días y la creación de un nuevo permiso por cuidado de familiares dependientes, propuestas que CCOO y UGT respaldan pero que generan resistencias en sectores empresariales. El choque evidencia las dificultades para alcanzar consensos amplios en materia laboral, incluso cuando existe coincidencia sobre la necesidad de incorporar trabajadores inmigrantes al mercado español.
Urgencia de un acuerdo transversal
Sánchez Llibre insistió en que el pacto social debe trascender las diferencias partidistas y sindicales para garantizar el futuro económico del país. «Nosotros pretendemos bajar juntamente con el fin de conseguir que este tema no derive en una discusión vertiente política e ideológica», explicó el dirigente patronal, quien reclamó que el debate centre la atención en la contribución de la inmigración a la generación de riqueza y al mantenimiento del Estado del bienestar. El presidente de Foment del Treball subrayó que sin un flujo constante de trabajadores extranjeros, sectores como la construcción, la hostelería, la agricultura y los servicios de cuidados enfrentarán crisis estructurales que comprometerán la competitividad del tejido productivo español.
La propuesta catalana llega en un contexto de creciente presión demográfica en toda Europa, donde varios países enfrentan desafíos similares de envejecimiento poblacional y escasez de mano de obra. La experiencia de otros Estados miembros de la Unión Europea sugiere que los pactos sociales amplios, que incluyan a gobiernos, patronales y sindicatos, resultan fundamentales para gestionar flujos migratorios ordenados que beneficien tanto a las empresas como a los trabajadores. El reto para España será encontrar un equilibrio entre las necesidades económicas, la cohesión social y el respeto a los derechos laborales de todos los trabajadores, independientemente de su origen.
