La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico ha revisado al alza sus proyecciones para la economía española en tres décimas para 2025 y dos décimas para 2026, alcanzando el 2,9% y el 2,2% respectivamente. El organismo destaca la resiliencia de la demanda interna, impulsada por un mercado laboral sólido y la caída de la inflación, aunque advierte sobre riesgos relacionados con los aranceles estadounidenses, la fragmentación política y la necesidad de acelerar la consolidación fiscal.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico ha presentado este miércoles su informe anual sobre la economía española con una revisión sustancial al alza de sus previsiones de crecimiento. El organismo internacional proyecta que el Producto Interior Bruto del Estado español crecerá un 2,9% en 2025 y un 2,2% en 2026, lo que representa un incremento de tres y dos décimas respectivamente respecto a las estimaciones publicadas en septiembre. Esta actualización sitúa las proyecciones de la OCDE en línea con las previsiones del Gobierno español, que la semana pasada elevó sus expectativas hasta estas mismas cifras, coincidiendo también con las estimaciones del Fondo Monetario Internacional y la Comisión Europea. Para 2027, el think tank de las economías desarrolladas anticipa una moderación del ritmo de expansión hasta el 1,8%.
La revisión al alza refleja el comportamiento excepcional de la economía española dentro del contexto europeo. Mientras España experimentará un crecimiento del 2,9% en 2025, la eurozona en su conjunto apenas alcanzará el 1,2%, según las proyecciones de la OCDE. Esta brecha se amplía considerablemente cuando se compara con las principales economías del continente. Francia e Italia registrarán un modesto crecimiento del 0,6% en 2025, mientras que Alemania, la locomotora tradicional de Europa, apenas alcanzará el 0,3% antes de recuperarse hasta el 1,1% en 2026. España duplicará o triplicará el crecimiento de sus principales socios europeos, consolidando su posición como la economía más dinámica entre los países desarrollados de la región, solo superada a nivel OCDE por Turquía, que crecerá un 3,2% en 2025 y 2026.
El informe de la OCDE identifica la demanda interna como el principal motor del crecimiento económico español durante el periodo 2025-2026. El consumo privado se verá respaldado por tres factores fundamentales: un mercado laboral que el organismo califica de sólido, el aumento de la renta real de los hogares derivado de la progresión salarial, y la caída sostenida de la inflación. La tasa de desempleo, que se situará en el 10,6% en 2025, descenderá al 10,1% en 2026 y al 9,8% en 2027, según las proyecciones del organismo internacional. Por su parte, la inflación seguirá una trayectoria descendente, situándose en el 2,6% este año para caer al 2,3% en 2026 y al 1,8% en 2027, acercándose progresivamente al objetivo del Banco Central Europeo.
Inversión al alza y desaceleración exportadora
La OCDE prevé que la inversión experimente un incremento significativo durante el periodo 2025-2026, impulsada fundamentalmente por dos factores. En primer lugar, la reducción de los costes de financiación derivada de las sucesivas bajadas de tipos de interés del Banco Central Europeo aliviará la presión sobre empresas y hogares, facilitando el acceso al crédito para proyectos de inversión. En segundo lugar, la continua implementación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado con fondos europeos seguirá canalizando recursos hacia la modernización de la economía española, aunque el organismo reconoce que los retrasos en la ejecución de estos fondos constituyen un riesgo para el cumplimiento de las proyecciones.
El panorama resulta menos favorable en el frente exterior. La organización anticipa una desaceleración de las exportaciones españolas debido a la débil demanda de los principales socios comerciales europeos y, de manera particular, a la política arancelaria de Estados Unidos. Si bien la exposición directa de España a los aranceles estadounidenses es limitada, representando menos del 5% del total de las exportaciones españolas, que se dirigen mayoritariamente al mercado europeo, el informe advierte que algunos sectores específicos podrían verse significativamente afectados. Los sectores agroalimentario, químico, y de maquinaria y equipos de transporte son identificados como particularmente vulnerables ante las barreras comerciales. Más allá del impacto directo, la OCDE alerta de que el aumento de la incertidumbre comercial global puede erosionar la confianza empresarial, frenando decisiones de inversión y contratación.
Las proyecciones económicas de la OCDE incorporan medidas fiscales recientes que tendrán impacto sobre las cuentas públicas españolas. El organismo ha incluido en sus cálculos las ayudas relacionadas con la dana que devastó Valencia en octubre de 2024, cuyo coste se estima en el 0,2% del PIB, así como la ampliación de los subsidios al transporte público durante 2025. Además, las proyecciones contemplan un incremento sustancial del gasto en defensa hasta alcanzar el 2% del PIB en 2025 y 2026, lo que supone 10.500 millones de euros adicionales de inversión en este ámbito. A pesar de estos gastos extraordinarios, la OCDE prevé una reducción del déficit fiscal gracias al aumento de los ingresos públicos derivados de la creación de empleo, el incremento salarial y las medidas fiscales anunciadas recientemente por el Ejecutivo.
Consolidación fiscal y riesgos estructurales
El déficit presupuestario descenderá del 3,2% del PIB registrado en 2024 al 2,5% en 2025, manteniéndose en el 2,3% durante 2026 y 2027, según las previsiones del organismo internacional. Paralelamente, la deuda pública iniciará una trayectoria descendente, pasando del umbral psicológico del 100% del PIB al 99,4% este año, para continuar reduciéndose hasta el 97,9% en 2026 y el 97% en 2027. Sin embargo, la OCDE considera que este ritmo de consolidación fiscal resulta insuficiente ante los desafíos estructurales que afronta la economía española. El organismo recomienda explícitamente acelerar la reducción del déficit para fortalecer la sostenibilidad fiscal, cumplir con las normas presupuestarias de la Unión Europea, afrontar las crecientes presiones del gasto derivadas del envejecimiento poblacional, la transición verde y el aumento del gasto en defensa.
La organización subraya que, dado el fuerte impulso de crecimiento actual de la economía española, resultaría aconsejable aprovechar esta coyuntura favorable para intensificar el ajuste fiscal. Una consolidación más ambiciosa permitiría al Estado español reconstruir con mayor rapidez sus reservas fiscales, creando margen de maniobra para responder eficazmente a futuras crisis o recesiones económicas. Esta recomendación cobra especial relevancia considerando que, a pesar del notable crecimiento del PIB agregado, el PIB per cápita español todavía no alcanza el nivel de sus países homólogos europeos, reflejando un débil crecimiento de la productividad laboral que constituye uno de los problemas estructurales más persistentes de la economía española.
El informe identifica varios riesgos que ensombrecen las perspectivas económicas. A nivel interno, la fragmentación política podría complicar la implementación oportuna de reformas estructurales y medidas fiscales necesarias, obstaculizando la eficacia de la política económica si la reducción del déficit no alcanza sus objetivos o si surgen preocupaciones entre los inversores sobre el riesgo soberano español. La debilidad persistente de la inversión constituye otro riesgo significativo, impulsada por las restricciones estructurales de la oferta en el sector de la construcción, la prolongada incertidumbre política nacional e internacional, y los retrasos en la implementación de los fondos Next Generation EU. Finalmente, el informe alerta sobre perturbaciones potenciales de gran magnitud relacionadas con el cambio climático, citando las inundaciones de Valencia como ejemplo de amenazas que pueden representar graves consecuencias para la economía española.
