El conflicto en Oriente Próximo ha sacudido los mercados energéticos globales y golpea a España con una doble exposición: el encarecimiento del petróleo y el gas, con el Ibex 35 anotando su mayor caída en once meses, y la amenaza de un embargo comercial por parte de Estados Unidos. El Gobierno estudia un paquete de medidas para proteger a hogares, autónomos y empresas ante el previsible repunte de la inflación, con el recuerdo de la crisis energética de 2022 todavía muy presente.
La guerra en Irán ha colocado a España en una situación de doble vulnerabilidad económica. Por un lado, el impacto del conflicto sobre los mercados energéticos globales se hizo sentir de inmediato: el barril de crudo Brent, referencia en Europa, se disparó más de un 9% el lunes tras el inicio de los ataques, hasta rozar los 81 dólares, mientras el gas natural acumulaba una escalada cercana al 40% en los mercados europeos. Por otro, la amenaza de embargo comercial lanzada por el presidente Donald Trump añade un frente de incertidumbre sin precedentes para las empresas españolas con presencia en el mercado estadounidense.
El Ibex 35 registró el martes su mayor caída en once meses, con un desplome del 4,5% que acumuló cerca de un 7% en las dos jornadas desde el inicio del conflicto. Treinta y cuatro de los treinta y cinco valores del índice terminaron en negativo, con las compañías más dependientes de los hidrocarburos —Repsol, Solaria, Acerinox— entre las más afectadas. Las pérdidas no fueron exclusivamente españolas: las bolsas europeas llegaron a destruir más de 500.000 millones de euros de capitalización en una sola sesión, con Milán (-3,9%) y Fráncfort (-3,6%) entre los índices más castigados.
El Ibex y la energía, primeras víctimas
La caída bursátil no fue el único indicador de alarma. El precio del oro —activo refugio por excelencia en periodos de incertidumbre geopolítica— superó los 3.000 dólares por onza, mientras el euro se depreció hasta los 1,16 dólares, regresando a niveles de noviembre de 2024. La deuda pública también acusó el golpe, con el rendimiento de los bonos a diez años presionado al alza por las previsiones de mayor inflación. Los inversores, en un movimiento clásico de aversión al riesgo, liquidaron posiciones en activos más expuestos y buscaron refugio en instrumentos considerados seguros, desde la deuda alemana hasta el franco suizo.
El estrecho de Ormuz es el punto neurálgico de la crisis energética. Por ese angosto pasaje marítimo entre el golfo Pérsico y el mar de Omán transita aproximadamente el 20% del petróleo mundial y una porción significativa del gas natural licuado que consume Europa. Las amenazas iraníes de bloquear el paso al tráfico de buques, sumadas a la paralización de Qatar de la mayor terminal de gas licuado del mundo, dibujan un escenario de restricción de oferta que los mercados ya están descontando con rapidez. España, aunque no depende directamente del crudo iraní, sufre las consecuencias de una subida de precios que, por la naturaleza globalizada del mercado energético, afecta a todos los importadores.
El estrecho de Ormuz y la dependencia europea del gas
El encarecimiento del gas es especialmente sensible para España por el mecanismo de fijación de precios eléctricos. En el sistema marginalista vigente en el mercado europeo, la tecnología más cara —habitualmente el gas de ciclo combinado— marca el precio para todos los productores y, en consecuencia, para el consumidor final. Este mecanismo genera un «efecto cascada» que se traslada al recibo de la luz, al transporte de mercancías y, en última instancia, a la cesta de la compra. Analistas del sector estiman que, si el conflicto se prolonga, las facturas energéticas de los hogares podrían encarecerse entre un 20% y un 30%.
La inflación en España se situaba en febrero en el 2,3%, con la tasa subyacente —que excluye energía y alimentos frescos y es considerada la medida más representativa de la presión sobre el tejido productivo— en el 2,7%, su nivel más alto desde agosto de 2024. Según el economista jefe para España de BBVA Research, Miguel Cardoso, un shock energético sostenido podría llevar la inflación general por encima del 3% en los próximos meses. Para las familias con hipoteca variable —referenciada al euríbor—, un repunte que obligue al Banco Central Europeo (BCE) a mantener tipos elevados añadiría una nueva presión sobre sus economías domésticas, justo cuando esperaban alivio.
Inflación, hipotecas y cesta de la compra
El BCE ya ha señalado que vigila de cerca la evolución. El economista jefe de la institución, Philip Lane, reconoció que un aumento de los precios energéticos «ejerce presión al alza sobre la inflación, especialmente a corto plazo», y advirtió de que la magnitud del impacto dependerá de la duración y extensión del conflicto. Desde Lazard advierten de que un bloqueo sostenido del estrecho de Ormuz podría llevar el barril hasta los 100-110 dólares, lo que empujaría la inflación de la eurozona por encima del 3%, lejos del objetivo del 2% que persigue el BCE. Si los tipos se mantienen altos, las revisiones hipotecarias al alza serían inevitables para miles de familias españolas.
El Gobierno ha activado su sistema de seguimiento ante la eventualidad. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, trasladó un «mensaje de tranquilidad» y recordó la experiencia acumulada durante la crisis energética de 2022, cuando España fue pionera en la UE en implantar un tope al precio del gas para la generación eléctrica. «Desafortunadamente, ya tuvimos que pasar por un episodio similar con la invasión de Ucrania. Estamos perfectamente preparados para saber qué hay que hacer si fuera necesario», subrayó el ministro, quien maneja la posibilidad de volver a topar los precios energéticos y de rebajar impuestos sobre los alimentos si la situación lo exige.
El escudo del Gobierno: lecciones de Ucrania
El presidente Sánchez anunció en su declaración institucional del 4 de marzo que el Ejecutivo estudia un paquete de medidas para proteger a «hogares, trabajadores, empresas y autónomos» ante los efectos del conflicto. El Gobierno argumenta que la economía española parte de una posición sólida: su dinamismo en 2025 —cuando fue una de las economías de mayor crecimiento en la UE— proporciona un colchón ante perturbaciones externas. La ministra de Inclusión, Elma Saiz, añadió que el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado con fondos europeos, ofrece un marco adicional de protección y modernización que refuerza la capacidad de respuesta ante eventos exógenos.
La segunda amenaza sobre la economía española tiene naturaleza diferente: el posible embargo comercial de EEUU. Aunque los expertos consideran que Trump tiene escaso margen legal para ejecutar una represalia selectiva contra un miembro de la UE, las empresas españolas con fuerte presencia en el mercado norteamericano no pueden ignorar el riesgo. Compañías como el Santander, Iberdrola, Repsol, ACS, Ferrovial y Mapfre desarrollan una parte relevante de su negocio en EEUU. El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, calificó el conflicto de «preocupación» y advirtió de que tendrá «implicaciones económicas» para las empresas del país, especialmente en lo relativo al petróleo, si el bloqueo del estrecho de Ormuz se prolonga.
