El conflicto en Oriente Próximo ha disparado los precios del combustible en toda Europa y los gobiernos buscan respuestas urgentes. Desde las rebajas fiscales en Portugal hasta los topes de beneficio en Grecia y las restricciones de precios en Alemania, cada país diseña su propio escudo energético con márgenes presupuestarios muy distintos.
Cuando llegan las crisis energéticas, los combustibles se convierten en uno de los principales focos de contagio inflacionario. La gasolina y el diésel han registrado en España su mayor subida en cuatro años, y los precios del gas se acercan a niveles no vistos desde la invasión rusa de Ucrania en 2022. Los Gobiernos europeos han comenzado a trazar sus planes de respuesta, con medidas que por ahora se mantienen contenidas y sin grandes inyecciones de dinero público.
La filosofía compartida entre los ejecutivos europeos es la misma: aliviar a corto plazo el riesgo de contagio a los supermercados y otros puntos sensibles de la vida cotidiana, sin comprometer la estabilidad de las cuentas públicas. En Bruselas no se ha abierto el debate habitual sobre políticas fiscales expansivas. Los pasos que se dan son quirúrgicos y heterogéneos, con cada país calibrando su respuesta en función de su margen presupuestario, su exposición al encarecimiento de los carburantes y el calendario electoral propio.
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Por qué la guerra vuelve a encender la inflación energética
El conflicto en Oriente Próximo ha demostrado una vez más la vulnerabilidad estructural de Europa frente a las perturbaciones en los mercados de materias primas energéticas. Los precios del petróleo y el gas han repuntado con fuerza desde el inicio de la escalada bélica, y en España la gasolina y el diésel han acumulado su mayor subida en cuatro años. Han pasado apenas cuatro años desde la última vez que el gas se disparó al alza, cuando la invasión rusa de Ucrania sacudió los mercados energéticos del continente.
La diferencia con 2022 es que los Gobiernos europeos cuentan ahora con más experiencia en gestionar estas crisis y tienen frescos los instrumentos que ya utilizaron entonces. El problema es que también disponen de menos margen presupuestario tras años de gasto en defensa, recuperación económica y apoyo a las familias. Por eso las respuestas que se están diseñando son más contenidas: no hay grandes inyecciones de dinero público, sino medidas quirúrgicas dirigidas a los sectores más expuestos al encarecimiento.
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Las rebajas fiscales: la herramienta más utilizada
El Reino Unido ha tomado la primera decisión económica derivada del conflicto: congelar la subida prevista del impuesto sobre los carburantes para septiembre. El gravamen había sido reducido en unos seis céntimos de euros por litro en 2022 y el Ejecutivo de Downing Street preveía recuperarlo de forma gradual a lo largo de seis meses; esa recuperación queda ahora en suspenso. Además, el Gobierno ha puesto un tope a las subidas del gas y la electricidad para los consumidores, que debe mantenerse hasta junio.
Portugal ha sido el primer país ibérico en activar medidas concretas: desde el día nueve, el Gobierno del conservador Luís Montenegro aplica un descuento de 3,5 céntimos de euros por litro en el impuesto especial sobre hidrocarburos para compensar los incrementos superiores a diez céntimos por litro, una cifra que se suma a los 19 céntimos ya recortados del precio del gasóleo la semana pasada. Bélgica, con una deuda pública del 107% del Producto Interior Bruto (PIB) y un déficit por encima del 5%, se mueve con cautela: su primer ministro, Bart De Wever, afirmó que no va «a entrar en pánico y tirar miles de millones por la ventana».
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Topes de precios y límites a los márgenes de beneficio
Alemania ha comprobado que sus carburantes son más caros que en la mayoría de países de la Unión Europea (UE), algo inusual. El Gobierno federal ha anunciado que las gasolineras solo podrán subir los precios una vez al día y bajarlos en cualquier momento, una medida que busca acabar con la «lotería de precios» a lo largo de la jornada. El Ejecutivo estudia además endurecer la ley de competencia para evitar acuerdos de precios entre las grandes petroleras a través de sus redes de distribución.
Grecia ha optado por la vía más directa: el primer ministro Kyriakos Mitsotakis anunció que las gasolineras no podrán superar los doce céntimos de euro por litro sobre el precio de compra en el mercado mayorista durante tres meses. Los supermercados también quedan sujetos a límites similares, bajo amenaza de multas de cinco millones de euros si superan el margen medio de 2025. Francia ha desplegado un «plan excepcional» de inspecciones en gasolineras: 513 controles en tres días —el equivalente a los realizados en seis meses—, de los que un 13% presentó irregularidades sancionadas con multas del 5%.
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El debate de fondo: medidas coyunturales frente a transición estructural
El debate que recorre los despachos ministeriales europeos es si las medidas deben limitarse a absorber el golpe inmediato o servir también para acelerar la transición energética. Alemania es el país que más explícitamente aborda los dos planos: quiere regular los precios a corto plazo, pero anuncia que acelerará la descarbonización del sistema productivo para reducir la dependencia del petróleo. Marcel Fratzscher, director del Instituto Económico Alemán (DIW, por sus siglas en alemán), ha insistido en que las medidas no solo hay que atribuirlas a la guerra, sino también a las propias petroleras.
La tensión entre lo urgente y lo estructural se expresa también en los debates internos de los Ejecutivos de coalición. Los Gobiernos que comparten ese esquema de gobierno discuten si las medidas deben contemplar únicamente bajadas de impuestos y ayudas sectoriales, o si deben profundizar en la electrificación del sistema productivo para reducir a largo plazo esa vulnerabilidad energética. El riesgo que señalan los economistas es que las medidas coyunturales se vuelvan permanentes y comprometan la consolidación fiscal planificada a medio plazo.
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Los países más expuestos y los que más actúan
No todos los países europeos parten del mismo punto ante la escalada de precios. El Reino Unido sufre una inflación superior a la del resto del G-7 y afronta elecciones municipales y regionales en mayo, lo que complica cualquier respuesta que eleve el gasto público. Italia, la tercera economía de la UE, ha abierto el debate sobre posibles medidas, pero no ha tomado ninguna concreta y su Ejecutivo descartó el miércoles recortar los impuestos a la gasolina con los ingresos extra del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), como proponía la oposición.
España y Portugal son los dos países ibéricos con mayor exposición al encarecimiento, dado el peso del transporte por carretera en su estructura económica. Portugal actuó primero con medidas fiscales desde el día nueve. España trabaja en un paquete más amplio que incluirá medidas fiscales y ayudas directas al transporte profesional y al sector agroalimentario, los dos sectores que con más fuerza han reclamado compensaciones ante el Ejecutivo. El plan se aprobará en un Consejo de Ministros extraordinario previsto para el viernes.
