La Audiencia Nacional española ha abierto juicio oral contra el BBVA, su expresidente Francisco González y otras catorce personas por los presuntos encargos ilegales realizados al excomisario José Manuel Villarejo entre 2004 y 2016.
El juez Antonio Piña atribuye a la entidad financiera, a antiguos directivos del banco y a varios mandos policiales presuntos delitos relacionados con cohecho y descubrimiento y revelación de secretos. La causa será remitida a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que deberá fijar la fecha del juicio.
Francisco González, que presidió el BBVA entre 2000 y 2018, será juzgado por presuntos delitos de cohecho activo y pasivo, 42 delitos de descubrimiento y revelación de secretos, pertenencia a grupo criminal, administración desleal y falsedad documental. El auto de apertura de juicio también incluye a varios antiguos responsables de la entidad.
La Fiscalía Anticorrupción solicita para González penas que suman 173 años de prisión, aunque el cumplimiento efectivo estaría sujeto a los límites establecidos por la legislación española. Para el BBVA, procesado como persona jurídica, reclama una multa de más de 181 millones de euros.
El magistrado ha fijado además una fianza solidaria de 1,17 millones de euros para garantizar las posibles responsabilidades civiles derivadas del procedimiento.
La investigación se centra en los servicios presuntamente contratados por el banco a empresas vinculadas a Villarejo. El excomisario compaginó durante años su actividad en la Policía Nacional con una red privada de inteligencia articulada en torno al grupo empresarial Cenyt.
Según la investigación, los encargos habrían incluido labores de seguimiento, obtención de información y acceso a datos reservados de empresarios, políticos y periodistas. Los trabajos comenzaron en 2004, en un contexto marcado por el intento de la constructora Sacyr de tomar el control del BBVA, y se prolongaron durante más de una década. Las empresas vinculadas a Villarejo habrían recibido más de diez millones de euros por estos servicios.
La causa constituye una de las principales piezas de la denominada operación Tándem, la macroinvestigación judicial sobre los negocios privados desarrollados por Villarejo mientras permanecía en activo como comisario de la Policía Nacional.
La apertura del juicio oral no implica una condena. Tanto Francisco González como el BBVA han rechazado haber cometido delitos. El antiguo presidente de la entidad niega cualquier actuación irregular, mientras que el banco reconoce haber contratado servicios de la agencia vinculada a Villarejo, pero sostiene que no existen pruebas de espionaje ni fundamentos para atribuirle responsabilidad penal.
El procedimiento adquiere una relevancia especial porque el BBVA es la única gran empresa del Ibex 35 que llegará a juicio dentro de las investigaciones vinculadas al excomisario, después de que otras causas relacionadas con grandes compañías fueran archivadas o concluyeran sin responsabilidad penal para las entidades investigadas.
La decisión judicial culmina una investigación iniciada hace varios años y abre ahora la fase de enjuiciamiento, en la que las acusaciones deberán demostrar los hechos atribuidos a la entidad, a su expresidente y al resto de procesados.
