Unas 2.500 empresas de todo el mundo, entre ellas firmas españolas de primer nivel, se han sumado a una ofensiva legal para exigir a la Administración Trump el reembolso íntegro de los aranceles cobrados, declarados ilegales por los tribunales estadounidenses. La factura global asciende a 153.000 millones de euros.
Miles de compañías de todo el mundo, afectadas por los aranceles estadounidenses establecidos al amparo de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional —conocida por sus siglas en inglés como IEEPA— y declarados ilegales el pasado 20 de febrero por la Corte Suprema de Estados Unidos, están reclamando a la Administración Trump el reembolso íntegro de las tarifas cobradas de manera irregular durante más de un año. Entre ellas figuran firmas españolas de primer nivel como Inditex, Mango, Adidas, H&M o el fabricante de aluminio Alcoa, con presencia industrial en Galicia.
Todas las compañías que introdujeron productos en el mercado estadounidense el año pasado han afrontado sobrecostes arancelarios de magnitud variable según las mercancías y el país de procedencia. Las prendas de ropa de Inditex —que destina el 20% de sus exportaciones al mercado estadounidense— quedaron gravadas con un arancel del 15%; la propia compañía reconoce en su memoria financiera el «impacto potencial de las tensiones comerciales sobre los costes arancelarios». Ese mismo tipo afectó al vino gallego Martín Códax, mientras que los vehículos de fabricación china soportaron un recargo del 25%.
La ofensiva legal contra la Administración Trump
La primera acción judicial de relevancia fue protagonizada por la compañía logística FedEx, que acudió al Tribunal de Comercio Internacional para reclamar los pagos realizados a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza en su condición de importador registrado. A esa iniciativa se han sumado multinacionales como la cadena de hipermercados Costco, el fabricante de automóviles Toyota, la firma de lujo Prada, la óptica Ray-Ban o el proveedor de componentes BorgWarner, hasta conformar un frente de unas 2.500 empresas que reclaman la restitución íntegra de los aranceles abonados.
El sector del textil y el calzado en Estados Unidos, agrupado bajo la patronal American Apparel & Footwear Association (AAFA, por sus siglas en inglés), que engloba a multinacionales como Inditex, Mango, Adidas, H&M o Chanel, ha solicitado que se devuelva «con rapidez» el dinero recaudado de manera ilegal. La organización subrayó que es «hora de establecer una política comercial predecible y confiable» que permita al sector mitigar la carga arancelaria acumulada durante más de doce meses en el principal mercado de exportación para la moda española.
Qué dinero está en juego y quién puede recuperarlo
La factura total, según los cálculos de economistas de la Universidad de Pensilvania y de la propia Administración estadounidense, podría ascender a 153.000 millones de euros. Esta cifra representa la suma acumulada de lo abonado en concepto de aranceles desde el 4 de febrero de 2025, fecha en que las tarifas entraron en vigor de forma generalizada. Alcoa, que opera la planta de aluminio de Cervo, en Lugo, tuvo que reorientar sus importaciones desde Canadá para compensar el sobrecoste arancelario, que ascendió de media hasta el 150%.
No todas las empresas tienen, sin embargo, las mismas posibilidades de recuperar el dinero pagado. Según el profesor de Derecho de la Brooklyn Law School, Stratos Pahis, «solo los importadores que pagaron directamente al Gobierno podrán recuperar el dinero». La situación es radicalmente distinta para los consumidores finales, algo que el propio secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, admitió al afirmar que «los ciudadanos no lo verán». El propio Pahis señaló que «sería prácticamente imposible» determinar cómo se distribuyeron los costes de los aranceles entre decenas de millones de transacciones comerciales individuales.
Las vías para reclamar y los obstáculos jurídicos
En la práctica, quienes sí tienen derecho a reclamar son las empresas importadoras, que pueden presentar reclamaciones contractuales o negociar acuerdos con el proveedor de origen para participar en los reembolsos que finalmente se recuperen, según señalan expertos del despacho jurídico Foley & Lardner. Hasta el momento se han presentado al menos cinco demandas colectivas contra empresas como Costco o FedEx, alegando que, de no repercutir el reembolso en sus clientes, dichas compañías incurrirían en un enriquecimiento ilícito contrario a la legislación comercial estadounidense.
Las empresas que repercutieron el sobrecoste en el precio final al consumidor se exponen a esa acusación si, llegado el momento, reciben el reembolso sin trasladarlo a los compradores. El presidente de Alcoa, Steve Lamar, fue contundente al valorar los daños: «Es la lamentable consecuencia del ejercicio irresponsable del poder de la Administración Trump». Sus aranceles ilegales costaron, según estimaciones de la Tax Foundation, unos 1.000 dólares a cada hogar estadounidense el año pasado, sin que ello haya redundado en una mejora apreciable de la balanza comercial del país.
La Oficina de Aduanas de Estados Unidos se ha comprometido, por su parte, a poner en marcha un mecanismo para tramitar de forma ordenada las peticiones de reembolso de los importadores, con el objetivo de no colapsar los tribunales con demandas individuales. La batalla legal se augura, en todo caso, prolongada: los expertos en derecho comercial dudan de que se vayan a reembolsar todos los fondos cobrados de manera ilegal desde el inicio del proceso, y la complejidad de distribuir 153.000 millones de euros entre miles de reclamantes hace prever meses de litigios ante los tribunales estadounidenses.
