El Ministerio de Consumo anuncia que se han eliminado 108 de los 138 anuncios identificados tras el requerimiento enviado en diciembre. La publicidad de estos alojamientos se considera ilícita según el Real Decreto-ley que adopta medidas contra el genocidio en Gaza, al contribuir a la normalización de asentamientos israelíes considerados ilegales bajo el derecho internacional.
El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha anunciado este lunes que seis plataformas digitales han retirado los anuncios de alojamientos turísticos situados en territorios palestinos ocupados por Israel, en cumplimiento del requerimiento que el ministerio envió el pasado mes de diciembre. Según los datos facilitados por el departamento ministerial, hasta el momento se han eliminado 108 de los 138 anuncios identificados inicialmente, mientras se aguarda que una séptima plataforma proceda a retirar los anuncios restantes. La medida se fundamenta en el Real Decreto-ley por el que se adoptan medidas urgentes contra el genocidio en Gaza y de apoyo a la población palestina, que considera esta publicidad como ilícita por contribuir a la normalización de un régimen considerado ilegal bajo el derecho internacional.
La actuación del Ministerio de Consumo forma parte de una tendencia internacional de creciente presión sobre las plataformas digitales que ofrecen servicios de intermediación de alojamientos turísticos para que eliminen anuncios en territorios ocupados. Organizaciones internacionales de derechos humanos, asociaciones de juristas y activistas por los derechos palestinos han intensificado en los últimos meses sus campañas contra estas prácticas, argumentando que la comercialización de alojamientos en asentamientos israelíes equivale a una legitimación indirecta de la ocupación militar y la colonización de territorios que la comunidad internacional considera palestinos.
El requerimiento de diciembre y la respuesta de las plataformas
El Ministerio de Consumo envió en diciembre de 2025 un requerimiento formal a siete plataformas digitales de intermediación de alojamientos turísticos para que procedieran a la eliminación de anuncios de propiedades situadas en territorios palestinos ocupados por Israel. El documento administrativo identificaba un total de 138 anuncios que ofertaban alojamientos en asentamientos israelíes ubicados en Cisjordania y otros territorios considerados ocupados según el derecho internacional. El ministerio concedió a las plataformas un plazo determinado para cumplir con el requerimiento y eliminar estos contenidos publicitarios de sus sistemas.
La respuesta de las plataformas ha sido mayoritariamente positiva, según los datos facilitados por el departamento que dirige Pablo Bustinduy. Seis de las siete empresas requeridas han procedido ya a retirar los anuncios identificados, eliminando 108 de los 138 listados iniciales. Esta cifra representa aproximadamente el 78% del total de anuncios que el ministerio consideraba ilícitos. Las plataformas que han cumplido el requerimiento no han sido identificadas públicamente por el Ministerio de Consumo, que tampoco ha especificado cuál es la séptima empresa que aún mantiene activos los anuncios restantes pendientes de eliminación.
El ministerio no ha detallado si impondrá sanciones a la plataforma que no ha cumplido todavía con el requerimiento, ni ha establecido un plazo límite para que proceda a la retirada de los anuncios. Sin embargo, la legislación española sobre consumo y publicidad contempla mecanismos sancionadores para empresas que incumplan resoluciones administrativas sobre publicidad considerada ilícita. La actuación de Consumo se enmarca en sus competencias de supervisión y control de las prácticas comerciales y publicitarias en el mercado español, ámbito en el que el ministerio puede exigir el cumplimiento de la normativa vigente a todas las empresas que operan en territorio nacional, independientemente de dónde esté situada su sede social.
El marco legal del Real Decreto-ley
La base jurídica de la actuación del Ministerio de Consumo se encuentra en el Real Decreto-ley por el que se adoptan medidas urgentes contra el genocidio en Gaza y de apoyo a la población palestina, una norma aprobada por el Gobierno español en el contexto del conflicto que se desarrolla en la Franja de Gaza desde octubre de 2023. El artículo 4 de este decreto establece específicamente que la publicidad de la comercialización de bienes originarios de asentamientos israelíes en el Territorio Palestino Ocupado y de servicios prestados en dichos asentamientos tendrá la consideración de publicidad ilícita.
Esta calificación legal como publicidad ilícita implica que las empresas que operan en España no pueden ofertar, promocionar o facilitar la contratación de alojamientos turísticos situados en estos territorios. El ministerio considera que la oferta de estos alojamientos contribuye a la normalización y perpetuación de un régimen considerado ilegal bajo el derecho internacional, en la medida en que los asentamientos israelíes en territorios ocupados han sido declarados contrarios al derecho internacional por resoluciones de Naciones Unidas y sentencias de tribunales internacionales.
La adopción de esta medida mediante Real Decreto-ley, instrumento normativo que permite al Gobierno legislar con carácter urgente sin pasar inicialmente por el procedimiento parlamentario ordinario, refleja la voluntad del Ejecutivo español de actuar con rapidez en un contexto de creciente tensión internacional por la situación en Palestina. El decreto se suma a otras iniciativas del Gobierno de España en relación con el conflicto israelí-palestino, incluyendo el reconocimiento formal del Estado de Palestina y la crítica pública a determinadas acciones militares israelíes en Gaza.
Precedentes internacionales y organizaciones
La actuación del Ministerio de Consumo español se produce en un contexto de creciente movilización internacional contra las plataformas digitales que ofertan alojamientos en territorios ocupados. En noviembre de 2025, la Association of Jurists for the Respect of International Law, conocida por sus siglas francesas JURDI, presentó una demanda en Francia contra un servicio de intermediación de alquiler turístico por listar propiedades en asentamientos israelíes de Cisjordania. Esta acción judicial constituye uno de los precedentes más significativos en Europa de uso de los mecanismos legales nacionales para combatir lo que estas organizaciones consideran complicidad empresarial con la ocupación israelí.
JURDI argumentó en su demanda que las plataformas digitales que facilitan el alquiler de alojamientos en asentamientos israelíes están contribuyendo directamente a la economía de la ocupación y, por tanto, violando principios fundamentales del derecho internacional humanitario. La asociación de juristas sostiene que estas empresas no pueden ampararse en su condición de meros intermediarios tecnológicos para eludir responsabilidades sobre el contenido que publican, especialmente cuando ese contenido está vinculado a actividades consideradas ilegales por la comunidad internacional.
Amnistía Internacional, una de las organizaciones de derechos humanos con mayor presencia global, también ha denunciado públicamente a diversas plataformas por ofertar alojamientos turísticos en territorio palestino ocupado. La organización ha documentado cómo estas prácticas comerciales generan beneficios económicos para los asentamientos israelíes, reforzando su viabilidad económica y contribuyendo a su expansión. Amnistía Internacional ha reclamado reiteradamente a las empresas tecnológicas que asuman su responsabilidad corporativa en materia de derechos humanos y procedan a eliminar este tipo de contenidos de forma voluntaria, sin necesidad de requerimientos administrativos o judiciales.
