El Gobierno aprobó en Consejo de Ministros un real decreto ley con las entregas a cuenta correspondientes al ejercicio 2026, que fija en 157.731 millones de euros los recursos transferidos a las comunidades autónomas, un 7% más que el año anterior. Sumada la liquidación del ejercicio 2024, el total que recibirán las autonomías asciende a 170.300 millones, la cifra más alta de la historia según el ministro de Hacienda, Arcadi España. Al mismo tiempo, la mayoría de las regiones gobernadas por el PP rechazaron acudir a las reuniones bilaterales convocadas por Hacienda para negociar el nuevo modelo de financiación.
El Gobierno de Pedro Sánchez aprobó en Consejo de Ministros un real decreto ley que fija las entregas a cuenta del sistema de financiación autonómica para el ejercicio 2026 en 157.731 millones de euros, un 7% más que el año anterior. La medida llega como respuesta a las quejas formalizadas por catorce comunidades y ciudades autónomas, que remitieron al ministro de Hacienda una carta en la que alertaban de la «dilación injustificada» en la actualización de esos fondos, señalando que estaba causando «importantes tensiones de tesorería y un coste financiero innecesario». El ministro de Hacienda, Arcadi España, compareció tras el Consejo de Ministros para detallar que, sumada la liquidación correspondiente al ejercicio 2024, por un importe de 13.506 millones de euros, el total que recibirán las comunidades autónomas a través del modelo de financiación asciende a 170.300 millones, un 7,7% más que el año anterior.
España destacó que se trata de «la cifra más alta de la historia» en transferencias del Estado a las comunidades autónomas. El decreto incluye también la actualización de las entregas a cuenta para las entidades locales, que percibirán 29.247 millones más otros 974 millones de la liquidación del ejercicio 2024, un total de 30.073 millones, lo que supone un incremento del 4,7% respecto al año anterior. El ministro pidió la colaboración del Congreso de los Diputados para que respalde la norma, que había sido rechazada cuando formaba parte del decreto del escudo social aprobado semanas antes.
La cifra récord y sus componentes
El decreto habilita además, por primera vez, un régimen excepcional para que los ayuntamientos que dispongan de superávit puedan destinarlo a políticas de vivienda. La medida permite a los consistorios gastar el remanente no solo del ejercicio 2025, sino también el de los cuatro años siguientes, hasta 2029, lo que amplía el margen de actuación municipal en uno de los ámbitos de mayor presión social. La iniciativa responde a las demandas de los gobiernos locales que han acumulado superávit en sus cuentas pero no podían aplicarlo a inversión en vivienda por las restricciones de la normativa de estabilidad presupuestaria.
La decisión se enmarca en una tendencia de crecimiento sostenido de las transferencias a las comunidades autónomas. En junio de 2025, el Gobierno ya había aprobado los mayores recursos hasta entonces para las autonomías, por 147.412 millones de euros, un 9,5% más que en el ejercicio de 2024. La carta de los catorce consejeros autonómicos que reclamaba la actualización de los fondos incluía representantes de comunidades gobernadas tanto por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y sus aliados como por el Partido Popular (PP), lo que pone de manifiesto que el retraso en las transferencias era una queja transversal, no exclusiva de la oposición.
La carta de los 14: quejas que incluían gobiernos del PP
El documento remitido al ministro España por los catorce consejeros de hacienda autonómicos alertaba de que la falta de actualización de los fondos estaba generando «importantes tensiones de tesorería» en las comunidades y un «coste financiero innecesario». El hecho de que comunidades gobernadas por el PP también firmaran esa carta matiza la lectura puramente partidista del conflicto: el problema de la dilación en las transferencias afectaba a territorios con distintos colores políticos y reflejaba una disfunción estructural del modelo de financiación, no solo una disputa entre el Gobierno central y la oposición.
El decreto aprobado en Consejo de Ministros pretende corregir esa situación con carácter inmediato, garantizando que las comunidades dispongan de los recursos necesarios para el mantenimiento de los servicios públicos durante el ejercicio en curso. El ministro España subrayó que las entregas a cuenta sirven precisamente para que las autonomías puedan planificar su gasto sin depender de la liquidación definitiva, que llega con retraso. La actualización de esas entregas con una periodicidad adecuada es, según el Ejecutivo, una condición indispensable para el funcionamiento normal del Estado autonómico.
El bloqueo popular a la negociación bilateral
La aprobación del decreto se produjo en un contexto de máxima tensión política en torno al modelo de financiación autonómica. La mayoría de las comunidades gobernadas por el PP decidieron no acudir a las reuniones bilaterales convocadas por Hacienda para explorar una eventual reforma del sistema. El argumento compartido por los consejeros populares es que el nuevo modelo debe pactarse «entre todos» los españoles y que el órgano adecuado para esa negociación es el Consejo de Política Fiscal y Financiera, no las reuniones bilaterales entre el Gobierno central y cada comunidad por separado.
El rechazo del PP a la negociación bilateral está directamente vinculado al acuerdo de financiación singular que el Gobierno firmó con Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), un pacto que los populares consideran un privilegio para Cataluña que rompe el principio de igualdad entre territorios. Los consejeros del PP formalizaron esa posición en una declaración conjunta firmada en Zaragoza en enero, en la que se comprometían a defender la multilateralidad como único marco aceptable para la reforma. El ministro España se enfrenta así a una doble presión: resolver la urgencia de las transferencias con el decreto aprobado y desbloquear una negociación estructural que la principal fuerza de la oposición se niega a abordar por la vía que el Ejecutivo propone.
