El Ministerio de Hacienda suspendió la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) prevista para este miércoles, en la que debía votarse la reforma del sistema de financiación autonómica, y la pospuso hasta el 4 de septiembre. La decisión llega después de que las trece comunidades gobernadas por el Partido Popular (PP) remitieran una carta al ministro Arcadi España reclamando más tiempo e información para analizar la propuesta.
Hacienda dio su brazo a torcer tras la petición formal de los consejeros autonómicos del PP, que enviaron el lunes una misiva al responsable de la cartera en la que reclamaban «las condiciones mínimas de información y de plazo» que, a su juicio, exigía una decisión de esta trascendencia. La carta está firmada por Asturias, Galicia, Cantabria, Aragón, Castilla y León, Andalucía, La Rioja, Valencia, Extremadura, Baleares, Ceuta, Melilla y Madrid. Entre los firmantes figura el titular de Facenda, Miguel Corgos, en representación de la comunidad gallega.
Entre las firmantes no figuran dos comunidades gobernadas por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Asturias y Castilla-La Mancha, que sin embargo también se han opuesto frontalmente al modelo presentado por Hacienda, como han hecho saber sus presidentes, Adrián Barbón y Emiliano García-Page. El Gobierno solo cuenta, por el momento, con el respaldo declarado de Cataluña y Canarias para sacar adelante la reforma en el propio CPFF.
La petición de las trece comunidades
Los gobiernos autonómicos del PP sostienen que, aunque en los últimos días han recibido un nuevo borrador del acuerdo, las actas de las reuniones y unos primeros cálculos sobre el impacto para cada territorio, Hacienda sigue sin facilitar las simulaciones «completas y homogéneas» del conjunto del sistema ni la memoria de cálculo del reparto. A su juicio, sin esa documentación resulta imposible formarse «un juicio fundado» sobre una reforma llamada a determinar los recursos de las comunidades autónomas durante los próximos años. Las comunidades recuerdan además que, tras la reunión del Comité Técnico Permanente de Evaluación (CTPE) del 14 de julio, presentaron un elevado número de observaciones sobre elementos estructurales del modelo, como la población ajustada o los criterios de nivelación, cuya documentación completa no les fue remitida hasta el 24 de julio, apenas tres días hábiles antes de la reunión del CPFF.
Las comunidades firmantes sostienen, además, que la propuesta del Gobierno «es el fruto de un pacto bilateral con» Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y recuerdan que se trata, prácticamente, del mismo modelo que el Ejecutivo presentó en enero, cuando fue rechazado por 16 de los 17 territorios integrados en el sistema de financiación de régimen común, Ceuta y Melilla incluidas. A su juicio, un modelo acordado «con una sola parte y a espaldas de todas las demás» no puede aprobarse de forma acelerada con un calendario que, según denuncian, impide siquiera su examen.
Lo que exige Hacienda para seguir hacia adelante
Desde el departamento que dirige Arcadi España se remarca que llevan meses ofreciendo «vías de diálogo» a las comunidades autónomas para abordar la reforma, por ejemplo mediante las reuniones técnicas bilaterales convocadas en junio, que la mayoría de los territorios boicotearon. Solo participaron entonces las autonomías socialistas de Cataluña, Castilla-La Mancha y Asturias, además de Canarias, que el lunes anunció que había alcanzado un consenso para apoyar la propuesta de reforma del sistema. Fuentes ministeriales tachan de «sorprendente» que ahora, justo después de que Canarias comunicara su voto favorable, algunas comunidades reclamen posponer una reunión cuya fecha se había anunciado a principios de julio.
El propio ministerio insiste en que «nunca cerrará la puerta al diálogo» y que el cambio de fecha refleja la buena voluntad del Gobierno, con la confianza puesta en que dé lugar a un desenlace constructivo en el que las comunidades del PP «antepongan los intereses de la ciudadanía a los dictados de Génova», según declaraciones difundidas por el propio departamento. Las comunidades del PP, por su parte, ponen en duda la oportunidad de abordar una reforma estructural del sistema de financiación en un contexto de prórroga de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), y reprochan a Hacienda no haber explicado cómo se integrarán los nuevos recursos en la envolvente financiera estatal.
Un acuerdo que aún debe pasar por las Cortes
Nada asegura, sin embargo, que esta apertura a la negociación se traduzca en septiembre en un acuerdo ni que permita limar las asperezas actuales. Hacienda, sobre el papel, tampoco necesita el apoyo de las comunidades del PP para que su iniciativa salga adelante en el propio CPFF, dado que el funcionamiento del órgano solo precisa del voto favorable de una autonomía, un requisito que el Gobierno ya tiene asegurado con Cataluña y Canarias.
El verdadero escollo llegaría después, cuando el proyecto empiece su recorrido por las Cortes Generales, donde tiene pocos visos de prosperar por la elevada fragmentación parlamentaria. Aunque las comunidades autónomas coinciden en la necesidad de reformular el sistema de financiación tras dieciséis años de funcionamiento del modelo vigente, defienden que no se puede proceder «de forma apresurada, con un calendario que exige su examen», una posición que deja el nuevo modelo pendiente de un pulso político que se prolongará, como mínimo, hasta después del verano.
