El conflicto desencadenado el 28 de febrero con los ataques de Estados Unidos e Israel sobre Irán ha abierto un frente económico de consecuencias imprevisibles para Europa. A la escalada energética se suman las amenazas comerciales de Donald Trump contra España, que obligan a Bruselas a activar sus mecanismos de respuesta.
En menos de una semana, la guerra en Irán ha reconfigurado el mapa de riesgos económicos globales. La muerte del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, en los ataques del 28 de febrero, y la respuesta militar de Teherán contra varios países del Golfo Pérsico han disparado la presión sobre los mercados energéticos y activado alarmas en las cancillerías europeas. La directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, advirtió esta semana de que un conflicto prolongado podría «afectar a los precios mundiales de la energía, la confianza de los mercados, el crecimiento y la inflación».
A esa crisis se suma una segunda presión, esta vez de origen político: las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de cortar todas las relaciones comerciales con España tras la negativa del Gobierno de Pedro Sánchez a permitir el uso de las bases militares de Rota y Morón para las operaciones contra Irán. Dos frentes simultáneos —la guerra y el pulso transatlántico— que sitúan a la economía europea ante uno de sus momentos de mayor incertidumbre en décadas.
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El golpe energético: petróleo, gas y el estrecho de Ormuz
Desde el inicio de los ataques, los mercados de materias primas han reaccionado con brusquedad. Los datos recogidos por Newtral indican que el precio del gas ha aumentado un 80% y el del petróleo un 14% en los primeros días del conflicto. La causa principal es la amenaza sobre el estrecho de Ormuz, la vía marítima por la que transita aproximadamente el 20% del comercio mundial de petróleo. Irán ha amenazado con atacar «todos los centros económicos de la región» si continúan los bombardeos, lo que incluye explícitamente las infraestructuras energéticas.
Europa, importadora neta de energía, es especialmente vulnerable a esta dinámica. A diferencia de Estados Unidos —exportador neto de petróleo y por tanto menos expuesto a la escalada de precios—, los países de la Unión Europea (UE) dependen en mayor medida del suministro procedente del Golfo Pérsico. Un conflicto prolongado presionaría al alza la inflación y dificultaría la política monetaria del Banco Central Europeo (BCE), que lleva meses intentando estabilizar los precios tras el ciclo de subidas de tipos iniciado en 2022.
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La amenaza de Trump a España: qué significa cortar el comercio
El 3 de marzo, en una reunión con el canciller alemán Friedrich Merz, Donald Trump calificó a España de aliado «terrible», acusó a su Gobierno de no cooperar y anunció que Estados Unidos cortaría «todo el trato» con el país. En una declaración posterior, Trump ordenó a su secretario del Tesoro, Scott Bessent, iniciar los trámites para interrumpir las relaciones comerciales. La decisión se enmarca en una escalada de tensión que ha incluido reproches por el gasto en defensa, presiones dentro de la OTAN y, ahora, el choque directo por el uso de las bases.
El alcance económico concreto de esta amenaza está por determinarse. La relación comercial entre España y Estados Unidos mueve decenas de miles de millones de euros anuales, con sectores como la automoción, la industria química, los productos agroalimentarios y los servicios digitales entre los más expuestos. Empresas con cadenas de suministro transatlánticas, exportadoras de cerámica —la provincia de Castellón es el primer proveedor del mercado norteamericano en ese segmento— o con presencia en el sector turístico podrían verse directamente afectadas si la amenaza se materializara.
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Por qué un embargo a España es en realidad un embargo a la UE
El punto jurídico central del debate es que la política comercial no es competencia de los estados miembros de la UE, sino de la propia Unión. Así lo explicaron a Newtral.es tanto Julio Guinea, profesor de Unión Europea en la Universidad Rey Juan Carlos, como David Hernández Martínez, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Complutense de Madrid (UCM): cualquier medida comercial estadounidense contra España se convertiría en la práctica en «una crisis comercial con la UE». La vicepresidenta de la Comisión Europea, Teresa Ribera, fue aún más directa: «No es posible lanzar represalias» contra España ni contra ningún otro estado miembro, porque las competencias se negocian en bloque.
Esto significa que Trump, si quisiera aplicar medidas efectivas, no podría actuar unilateralmente contra Madrid sin afrontar la respuesta del conjunto del bloque comunitario. El mecanismo legal que regula este tipo de acciones en Estados Unidos es la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, que exige la declaración de una emergencia nacional, órdenes ejecutivas específicas y un proceso regulatorio complejo. Su aplicación a un aliado de la OTAN en el contexto de una crisis militar sería, según los expertos, un precedente sin parangón en la historia de las relaciones transatlánticas.
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Los instrumentos de Bruselas para responder a la coerción económica
La UE no está desarmada ante este tipo de presiones. En los últimos años, las instituciones comunitarias han desarrollado un conjunto de herramientas específicamente diseñadas para responder a la coerción económica de terceros países. El más relevante en este contexto es el Instrumento Anticoerción, aprobado en 2023, que permite a la Comisión Europea adoptar medidas de respuesta —incluidos aranceles, restricciones al acceso a contratos públicos y limitaciones a inversiones— cuando un tercer país utiliza el comercio como instrumento de presión política.
El Gobierno español, en su respuesta a las amenazas de Trump, ha remitido a este marco institucional. Fuentes de La Moncloa señalaron que si Estados Unidos quiere revisar su relación comercial con España, deberá hacerlo «respetando la autonomía de las empresas privadas, la legalidad internacional y los acuerdos bilaterales entre la Unión Europea y Estados Unidos». La posición de Madrid traslada así el conflicto bilateral al plano multilateral, forzando a Washington a negociar con Bruselas y no solo con un Gobierno nacional, lo que eleva considerablemente el coste político de cualquier acción punitiva.
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Escenarios económicos para los próximos meses
El horizonte inmediato está condicionado por la duración del conflicto en Irán. El propio Trump indicó a varios medios estadounidenses, incluida la CNN, que calculaba que la campaña militar duraría «cuatro semanas». Si esa previsión se cumple y el conflicto no se extiende a una guerra regional a gran escala, el impacto económico podría ser absorbible: una perturbación energética temporal, una corrección bursátil y un repunte inflacionista de magnitud controlada. La recuperación de los mercados registrada a mediados de semana apunta a que algunos inversores han optado por esa lectura.
Sin embargo, si el conflicto se prolonga más allá del segundo trimestre de 2026, las consecuencias económicas serían de otra magnitud. Un bloqueo efectivo del estrecho de Ormuz dispararía el precio del crudo a niveles no vistos desde la crisis de 2008, con efectos en cadena sobre la inflación, el consumo y el crecimiento en Europa. A eso se sumaría el impacto de una eventual guerra comercial entre Washington y Bruselas, con aranceles cruzados que penalizarían sectores industriales clave a ambos lados del Atlántico. Los analistas de Jefferies advertían esta semana que los inversores estadounidenses «subestiman la capacidad de reacción de Irán», lo que sugiere que la valoración del riesgo en los mercados todavía podría ser excesivamente optimista.
