El Ministerio de Función Pública cierra el pacto con UGT y CSIF para incrementar las retribuciones de 3,5 millones de trabajadores públicos en el período 2025-2028, aunque CCOO aún no ha confirmado su adhesión. El primer aumento del 2,5% se aplicará con carácter retroactivo desde enero y se abonará en la nómina de diciembre. El acuerdo incluye además la supresión de la tasa de reposición y mejoras en las condiciones laborales del colectivo.
El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública ha alcanzado un principio de acuerdo con los sindicatos UGT y CSIF para elevar los salarios de los más de tres millones y medio de empleados públicos españoles en un 11% durante el período 2025-2028, cerrando así una negociación que se había prolongado durante seis reuniones oficiales desde principios de noviembre. El pacto, pendiente aún de la ratificación por parte de Comisiones Obreras, contempla incrementos salariales escalonados que comenzarán a aplicarse en la nómina de diciembre con efectos retroactivos desde el pasado mes de enero, poniendo fin a la congelación retributiva que venían sufriendo los funcionarios durante el presente ejercicio.
El acuerdo se ha cerrado tras una reunión maratoniana celebrada el pasado miércoles entre la secretaria de Estado de Función Pública, Consuelo Sánchez Naranjo, y los representantes sindicales, que se prolongó durante más de cuatro horas hasta alcanzar un entendimiento sobre la distribución temporal de los incrementos. Según fuentes sindicales, la subida acumulada al final del período alcanzará el 11,4% debido al efecto arrastre que genera la consolidación anual de cada incremento en las tablas salariales, cifra que algunas organizaciones elevan hasta el 11,5% al incluir los deslizamientos derivados de la actualización progresiva de las bases de cotización.
El calendario de incrementos salariales establece distintas proporciones para cada año del período acordado. Para el ejercicio actual, los empleados públicos recibirán un aumento del 2,5% que se abonará en diciembre con carácter retroactivo desde el primero de enero. Este incremento supondrá que los funcionarios perciban en una única nómina tanto la actualización mensual como los atrasos correspondientes a los once meses transcurridos del año. Para 2026, se ha acordado un incremento salarial fijo del 1,5%, al que se añadiría un componente variable adicional del 0,5% condicionado a la evolución de la inflación. Este medio punto adicional se abonaría en el primer trimestre de 2027 con efectos retroactivos si el índice de precios de consumo iguala o supera el 1,5% al cierre del próximo año.
Los incrementos para los dos últimos años del período cuatrienal presentan una distribución asimétrica que concentra el mayor aumento en 2027. Para ese ejercicio se ha pactado una subida del 4,5%, cifra que representa el incremento más significativo de todo el período y que contrasta con el 2% previsto para 2028. Esta distribución responde a la estrategia negociadora de los sindicatos, que buscaban garantizar las subidas más sustanciales en la primera parte del acuerdo ante la incertidumbre política derivada de un posible cambio de gobierno antes de la conclusión del período pactado. El único incremento que combinará componente fijo y variable será el correspondiente a 2026, mientras que todos los demás aumentos tendrán carácter exclusivamente fijo.
Superación del principal escollo negociador
El principal obstáculo que había bloqueado las negociaciones durante las últimas semanas radicaba en el tope del 4% acumulado que el Ministerio de Función Pública había establecido para los años 2025 y 2026. Esta limitación, vinculada a las restricciones presupuestarias y al marco fiscal que el Gobierno debe cumplir ante la Unión Europea, resultaba inaceptable para CCOO y CSIF, que consideraban que condenaba a los empleados públicos a seguir perdiendo poder adquisitivo en los ejercicios iniciales del acuerdo. La solución finalmente adoptada ha consistido en trasladar medio punto porcentual desde el 5% inicialmente previsto para 2027 hacia el año 2026, aunque supeditando este traspaso al cumplimiento del objetivo de inflación y al pago diferido hasta el primer trimestre del ejercicio siguiente.
Esta fórmula ha permitido desbloquear las conversaciones al flexibilizar el corsé del 4% sin romperlo formalmente, ya que el incremento fijo para 2026 se mantiene en el 1,5% y el medio punto adicional queda condicionado y diferido temporalmente. Las previsiones macroeconómicas actuales sitúan la inflación esperada para 2025 entre el 2,7 y el 2,9%, mientras que para 2026 el Banco de España proyecta una tasa cercana al 2%, lo que hace previsible el cumplimiento de la condición establecida para activar el componente variable. No obstante, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal estima que el índice de precios acumulado para los próximos tres años rondará el 8,5%, cifra significativamente inferior al incremento salarial pactado.
CSIF ha justificado su adhesión al acuerdo por una cuestión de responsabilidad y compromiso con los empleados públicos, argumentando que se trata del mejor pacto posible en las actuales circunstancias políticas caracterizadas por la inestabilidad gubernamental, el bloqueo presupuestario y las limitaciones económicas impuestas por la Unión Europea y la Organización del Tratado del Atlántico Norte en materia de gasto en defensa. El sindicato presidido por Miguel Borra ha subrayado que su firma no constituye un cheque en blanco y que velará por el cumplimiento del acuerdo en tiempo y forma a través de la comisión de seguimiento que se constituirá en un plazo máximo de quince días desde la formalización del pacto.
Por su parte, la secretaria general de UGT Servicios Públicos, Isabel Araque, ha calificado el pacto como un gran acuerdo en el que no solamente ganan los empleados públicos, sino también la calidad de lo público, la ciudadanía y el país en general. Araque ha destacado que la subida salarial acordada garantiza el poder adquisitivo de los funcionarios hasta 2028 y permite recuperar en torno a 2,9 puntos porcentuales del poder de compra perdido por el colectivo durante los últimos años. Según los cálculos sindicales, el funcionario de nivel C1, que representa el grupo más numeroso dentro de la administración pública, verá incrementado su salario anual en 297,11 euros en 2025, en 182,73 euros fijos en 2026 más el variable condicionado, en 618,22 euros en 2027 y en 259,65 euros en 2028.
Incertidumbre sobre la posición de CCOO
La principal incógnita que rodea la formalización definitiva del acuerdo reside en la posición que finalmente adoptará Comisiones Obreras, que ha solicitado un plazo adicional para valorar internamente la propuesta antes de pronunciarse sobre su adhesión al pacto. Fuentes del sindicato han señalado que a última hora del miércoles no respaldaban el acuerdo, manteniendo así la incertidumbre sobre si la tercera organización mayoritaria del sector público acabará sumándose al entendimiento alcanzado por UGT y CSIF con el Ministerio. El Gobierno ha manifestado públicamente que está a la espera de que CCOO también forme parte del acuerdo, aunque la firma prevista para este jueves se producirá con independencia de que la central liderada nacionalmente incorpore o no su respaldo.
Durante el proceso negociador, CCOO ha manifestado repetidamente su preocupación por el porcentaje de subida concentrado en los dos primeros años del período, considerando insuficiente el 4% acumulado para 2025 y 2026. El sindicato ha advertido en diversas ocasiones de que si se mantenía ese tope tendría que retomar las movilizaciones e incluso convocar una huelga en todo el ámbito de la función pública, amenaza que se materializó en concentraciones ante el Ministerio de Función Pública durante el mes de octubre, cuando entre quinientos y mil empleados públicos se congregaron en Madrid para protestar por el bloqueo de la negociación colectiva.
El pacto alcanzado entre el Ministerio de Función Pública y los sindicatos introduce mejoras laborales complementarias que trascienden el ámbito estrictamente retributivo. Entre las medidas más significativas destaca la supresión de la tasa de reposición de efectivos, mecanismo que limitaba la incorporación de nuevo personal en función de las jubilaciones producidas y que ha constituido durante años uno de los principales obstáculos para el refuerzo de las plantillas en servicios públicos. La eliminación de esta restricción permitirá a las administraciones públicas realizar ofertas de empleo más amplias y reducir la temporalidad que afecta especialmente a sectores como la sanidad, la educación y los servicios sociales.
El acuerdo establece igualmente el compromiso de acortar los plazos de los procesos selectivos, fijando como objetivo que transcurra un máximo de un año entre la convocatoria de las plazas y la toma de posesión efectiva de los nuevos empleados públicos. Actualmente, estos procedimientos se prolongan habitualmente durante varios años, generando incertidumbre entre los aspirantes y ralentizando la incorporación de efectivos necesarios en los servicios públicos. Se incentivará además la carrera profesional mediante la adaptación de la clasificación de puestos de trabajo a las funciones realmente desempeñadas, la potenciación de la promoción interna y el establecimiento de sistemas de movilidad mediante concursos abiertos y permanentes.
El Ejecutivo se ha comprometido asimismo a desbloquear durante 2025 la generalización de la jornada laboral de 35 horas semanales, medida que ya había sido contemplada en acuerdos anteriores pero cuya implantación efectiva se había demorado, y a regular el teletrabajo en la Administración General del Estado mediante un marco normativo que establezca derechos y obligaciones tanto para los empleados públicos como para las distintas unidades administrativas. A lo largo de 2026, el Gobierno revisará y elevará los complementos de residencia e insularidad para eliminar las desigualdades retributivas que actualmente afectan a empleados públicos destinados en territorios insulares o con especiales dificultades geográficas.
Contexto presupuestario y comparativa con períodos anteriores
El incremento salarial pactado para el período 2025-2028 supone un esfuerzo económico estimado en aproximadamente 22.000 millones de euros para el conjunto de las administraciones públicas durante los cuatro años de vigencia del acuerdo. Esta cifra representa un incremento de 1,2 puntos porcentuales respecto al acuerdo anterior, vigente entre 2022 y 2024, que contempló una subida del 9,8% para ese trienio y que supuso un gasto cercano a los 13.000 millones de euros. Aquel pacto incluyó componentes variables vinculados a la evolución de la inflación y contó con el respaldo de UGT y CCOO, pero no de CSIF, que consideró que los empleados públicos perderían poder adquisitivo durante esos ejercicios.
La valoración retrospectiva de aquel acuerdo confirma las aprensiones expresadas en su momento por CSIF. La inflación media acumulada durante los años 2022, 2023 y 2024 alcanzó el 14,7%, desglosada en un 8,4% en 2022, un 3,5% en 2023 y un 2,85% en 2024, lo que generó una pérdida de poder adquisitivo del 5,2% para los empleados públicos durante ese trienio. Esta erosión del poder de compra se suma a la experimentada desde 2010, cuando se implantaron los primeros recortes salariales en el contexto de la crisis financiera y de deuda soberana, pérdida que CSIF cifra acumuladamente en torno al diecinueve%.
El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, formalizará este jueves a las 15:30 horas el acuerdo plurianual mediante la firma con los representantes sindicales que hayan ratificado el pacto. Para hacer efectivo el primer incremento del 2,5% correspondiente a 2025, el Gobierno se ha comprometido a aprobar en el próximo Consejo de Ministros un Real Decreto que permita el abono de la totalidad de las cuantías retroactivas en la nómina de diciembre, cumpliendo así el calendario previsto para que los empleados públicos perciban el incremento y los atrasos antes de la conclusión del presente ejercicio.
