El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, plantea en Chipre la adopción europea de la denominada «tasa Zucman», que gravaría patrimonios superiores a cien millones de euros. La propuesta busca financiar políticas contra la pobreza infantil y fortalecer el Estado del bienestar frente al avance de la extrema derecha. En toda la Unión Europea, el impuesto podría recaudar hasta 67.000 millones de euros anuales.
El ministro español de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha propuesto este viernes ante sus homólogos europeos la implantación de un nuevo impuesto que grave con un dos por ciento los patrimonios superiores a cien millones de euros, una medida diseñada por el economista francés Gabriel Zucman y que según estimaciones del Observatorio Fiscal de la Unión Europea permitiría recaudar en España unos 5.200 millones de euros anuales. La propuesta se presentó durante la reunión informal del Consejo de Empleo, Política Social, Sanidad y Consumidores (EPSCO) que se celebra en Chipre, donde el Gobierno español defiende que este tipo de iniciativas fiscales son necesarias para sostener y ampliar el Estado del bienestar en un contexto de creciente presión de los partidos de extrema derecha.
En un comunicado difundido desde Chipre, Bustinduy ha subrayado que Europa debe «demostrar que el Estado social funciona y que es capaz de defender los intereses de la gente común, asegurando unas condiciones mínimas de bienestar, de libertad y de seguridad». El ministro argumenta que el impuesto para ultrarricos representa una respuesta concreta al cuestionamiento que sectores reaccionarios hacen del modelo europeo de protección social, y que permite vincular la justicia fiscal con la ampliación de derechos sociales. La propuesta española llega en un momento en que varios países europeos debaten fórmulas para aumentar la recaudación tributaria sin perjudicar a las clases medias y trabajadoras, buscando que los sectores de mayor riqueza contribuyan proporcionalmente más al sostenimiento de los servicios públicos.
La denominada «tasa Zucman» afectaría a aproximadamente un millar de contribuyentes en España, según los cálculos manejados por el Ministerio de Derechos Sociales. La propuesta establece que quienes posean un patrimonio superior a cien millones de euros deberán abonar un dos por ciento anual sobre el valor total de sus activos, aunque con una particularidad importante: no tendrían que pagar nada si con otros impuestos ya estuvieran abonando esa proporción del dos por ciento sobre el valor de sus bienes. Este mecanismo busca evitar la doble imposición y centra el gravamen exclusivamente en aquellos ultrarricos que actualmente logran eludir la progresividad fiscal mediante estrategias de planificación tributaria y optimización fiscal que les permiten pagar tipos efectivos muy inferiores a los que soportan contribuyentes con rentas mucho más modestas.
La «tasa Zucman»: gravar fortunas superiores a 100 millones de euros
El diseño del impuesto propuesto por Gabriel Zucman, economista francés que dirige el Observatorio Fiscal Internacional, parte de un diagnóstico compartido por numerosos expertos en fiscalidad: los ultrarricos pagan proporcionalmente menos impuestos que el resto de la población debido a los mecanismos de evasión y elusión fiscal de los que disponen. Zucman y su equipo han documentado que las grandes fortunas consiguen tipos impositivos efectivos muy bajos trasladando sus activos a paraísos fiscales, utilizando estructuras societarias complejas, y aprovechando lagunas legales que les permiten tributar cantidades irrisorias en relación con su patrimonio real.
El economista francés ha defendido públicamente que existe «una demanda democrática y popular extremadamente fuerte» a favor de esta idea, respaldada por múltiples encuestas de opinión realizadas en diversos países que muestran un amplio apoyo ciudadano a que los multimillonarios tributen de manera justa. Según Zucman, cuyo trabajo académico ha influido en el debate fiscal internacional, «nadie acepta la posibilidad de que los multimillonarios puedan pagar menos que el resto de la población», lo que convierte esta propuesta no en «una idea radical» sino en una demanda de sentido común para restablecer la equidad fiscal.
La propuesta española calcula que en toda la Unión Europea este impuesto podría recaudar hasta 67.000 millones de euros anuales, una cifra que supondría un refuerzo sustancial para las arcas públicas europeas en un momento de necesidades crecientes en áreas como la transición energética, la digitalización, la defensa y las políticas sociales. El Gobierno de Pedro Sánchez ha manifestado su disposición a liderar esta iniciativa en el ámbito comunitario, consciente de que la coordinación fiscal europea resulta imprescindible para evitar que las grandes fortunas continúen desplazando sus activos hacia jurisdicciones con menor presión tributaria.
Financiar la prestación universal por crianza y erradicar la pobreza infantil
Bustinduy ha vinculado explícitamente la propuesta del impuesto a ultrarricos con la financiación de medidas sociales concretas, particularmente la prestación universal por crianza que el Gobierno español aprobó esta misma semana. Esta prestación, diseñada para llegar a todas las familias con menores independientemente de su nivel de ingresos, busca erradicar la pobreza infantil en España, donde según los últimos datos de la Encuesta de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística (INE), la tasa de riesgo de pobreza entre los menores de dieciséis años alcanza el 28,5 por ciento, lo que significa que prácticamente uno de cada tres niños españoles se encuentra en situación de vulnerabilidad económica.
El ministro ha propuesto durante la reunión de Chipre que la prestación universal por crianza se incluya en la futura estrategia europea contra la pobreza, argumentando que este tipo de medidas han demostrado su eficacia en países que ya las han implementado. Bustinduy mantendrá tras la clausura del Consejo EPSCO una reunión bilateral con Dara Calleary, ministro de Protección Social de Irlanda, país que aprobó una prestación similar en 2024 y que ha logrado reducir significativamente la pobreza infantil en apenas dos años. El caso irlandés se presenta como un ejemplo práctico de que las transferencias directas universales a familias con hijos funcionan mejor que los sistemas selectivos y condicionados para combatir la exclusión social de la infancia.
El Ejecutivo español sostiene que la vinculación entre reforma fiscal progresiva y ampliación de derechos sociales resulta imprescindible para demostrar a la ciudadanía que el Estado del bienestar puede seguir respondiendo a las necesidades de la sociedad. Bustinduy ha insistido en que la lucha contra la pobreza infantil no es solo una cuestión de justicia social sino también una inversión en el futuro, ya que los niños que crecen en hogares con dificultades económicas tienen peores resultados educativos, mayor probabilidad de sufrir problemas de salud y menos oportunidades de movilidad social ascendente.
De París a Chipre: ofensiva diplomática por la justicia fiscal
La propuesta presentada en Chipre forma parte de una estrategia diplomática más amplia que el Gobierno español ha desplegado en las últimas semanas. El pasado 6 de febrero, Bustinduy mantuvo en París un encuentro con Gabriel Zucman para profundizar en los detalles técnicos de la tasa y explorar las posibilidades de su implantación en España. Durante aquella reunión, el ministro español expresó que «con un impuesto del dos por ciento a los patrimonios mayores de cien millones de euros en España podríamos financiar una prestación universal para erradicar la pobreza infantil», y aseguró que Zucman y su equipo «cuentan con nuestro país como aliado».
El economista francés visitará Madrid el próximo 20 de febrero para reunirse con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en un encuentro que el Ejecutivo español ha organizado para evidenciar su compromiso con la iniciativa surgida durante la presidencia sudafricana del G20 en 2024, cuando se creó un panel internacional de expertos sobre desigualdad y fiscalidad. La recepción de Zucman en la sede gubernamental española envía una señal política clara sobre la prioridad que el Gobierno concede a la reforma fiscal y a la lucha contra la evasión de los ultrarricos.
Durante la reunión del Consejo EPSCO en Chipre, Bustinduy también ha planteado la necesidad de transformar el modelo europeo de cuidados de larga duración ante el aumento de la esperanza de vida y el envejecimiento demográfico. El ministro ha defendido que España debe consolidar su reforma del sistema de dependencia para garantizar que las personas mayores puedan permanecer en sus hogares tanto tiempo como deseen, evitando la institucionalización forzosa y promoviendo un modelo más cercano y respetuoso con la autonomía individual.
