El Gobierno prepara nuevos criterios para seleccionar los proyectos ante una cartera de permisos que podría demandar hasta 12 gigavatios de potencia. La expansión vinculada a la inteligencia artificial promete inversiones multimillonarias, pero también amenaza con saturar la red eléctrica y aumenta la presión sobre los recursos hídricos. El Ejecutivo quiere priorizar las instalaciones más eficientes, respaldadas por renovables y con mayores garantías de soberanía digital.
España quiere convertirse en uno de los grandes polos europeos de centros de datos, pero no a cualquier precio. El Gobierno prepara una nueva regulación para ordenar una expansión que ha disparado las solicitudes de conexión a la red eléctrica hasta magnitudes difícilmente compatibles con su capacidad actual. Los permisos concedidos sumarían una demanda potencial de 12 gigavatios (GW), según los datos gubernamentales recogidos por La Vanguardia. Es una cifra equivalente a cerca del 30% de los aproximadamente 40 GW que suele registrar como máximo el consumo eléctrico del país durante una jornada ordinaria.
La dimensión de las inversiones explica la carrera. CBRE calcula que se han anunciado proyectos por 10,5 GW entre España, que concentra el 85%, y Portugal. Ejecutarlos todos exigiría unos 100.000 millones de euros, aunque la propia consultora considera razonable que finalmente se materialicen alrededor de 4,4 GW. Actualmente apenas 1,2 GW están construidos o en vías de construcción, según los datos recogidos por Cinco Días. La distancia entre anuncios, permisos y proyectos efectivos constituye una de las razones por las que el Gobierno pretende introducir criterios adicionales para decidir qué instalaciones acceden finalmente a unos recursos limitados.
Una carrera de miles de millones
Los centros de datos son una infraestructura esencial para el desarrollo de la economía digital y su importancia se ha multiplicado con la inteligencia artificial. Su implantación puede movilizar grandes inversiones y recuperar incluso espacios industriales abandonados. En Flix, Tarragona, la tecnológica Submer anunció en julio una inversión de unos 1.000 millones de euros para transformar los terrenos de una antigua fábrica electroquímica en un centro de datos. La compañía estima que generará alrededor de 150 empleos, todos ellos cualificados. Es una muestra de las posibilidades de reconversión industrial asociadas al sector, pero también de una de sus características: enormes inversiones que no necesariamente se traducen en grandes plantillas.
El problema surge cuando esa carrera inversora se traslada a la infraestructura eléctrica. El Gobierno considera que, junto a proyectos maduros promovidos por grandes compañías tecnológicas, existen otros impulsados por empresas que han reservado derechos de acceso sin garantías suficientes de que las instalaciones vayan a construirse. Algunas operaciones consistirían en obtener capacidad eléctrica y suelo para vender posteriormente ambos activos a quien quiera desarrollar realmente el centro. El sector reconoce que existe especulación, aunque discrepa sobre si puede hablarse propiamente de una burbuja. La ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, señaló en marzo que el propio mercado percibe ese riesgo «aunque no lo llame así».
Electricidad y agua ponen el límite
La energía constituye el principal cuello de botella. España ha desarrollado una elevada capacidad de generación renovable, pero la red no ha crecido al mismo ritmo y determinados nodos comienzan a mostrar signos de saturación. El Gobierno pretende ahora vincular estrechamente el crecimiento de los centros de datos con nueva generación limpia. Cada megavatio adicional consumido por estas instalaciones deberá estar respaldado por una potencia renovable equivalente y al menos el 80% de la electricidad utilizada tendrá que acreditar su origen renovable hora a hora. El objetivo es impedir que la expansión digital termine aumentando el recurso al gas o trasladando mayores costes al conjunto de consumidores.
El agua introduce una segunda restricción en un país particularmente expuesto al estrés hídrico. Los nuevos sistemas de refrigeración pueden reducir sustancialmente su utilización y el sector sostiene que las instalaciones más modernas presentan consumos muy inferiores a los modelos anteriores. Sin embargo, la situación varía según la tecnología y las condiciones climáticas. Cinco Días recuerda que Amazon solicitó elevar un 48% el agua inicialmente prevista para sus tres centros operativos en Aragón, desde 36,4 hasta 53,9 millones de litros anuales por complejo. La nueva regulación pretende precisamente incorporar el consumo hídrico a la evaluación de los proyectos, junto con la eficiencia energética.
Una criba contra los proyectos especulativos
El Ejecutivo prepara para ello un real decreto de tramitación urgente que establecerá una selección basada en eficiencia, agua, renovables y soberanía digital. España aplicará además el nuevo etiquetado europeo previsto para agosto de 2027 y exigirá la categoría A a los centros de datos con una potencia superior a un megavatio. Los proyectos deberán acreditar también que los datos y metadatos de los ciudadanos permanecen dentro de la Unión Europea y que existen mecanismos para controlar el eventual acceso desde terceros países. La estabilidad del consumo eléctrico será otro de los factores utilizados para determinar la calidad de las instalaciones.
La intervención no parte de cero. El Gobierno introdujo en marzo un coste asociado a la reserva de capacidad eléctrica mientras los proyectos permanecieran inactivos y posteriormente endureció los requisitos. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha abierto además otra posibilidad que entrará en vigor el 1 de septiembre. Los centros podrán conectarse incluso donde no exista capacidad firme disponible si aceptan reducir su consumo durante los momentos de mayor tensión. Las nuevas reglas supondrían un paso adicional. Según la propuesta descrita por La Vanguardia, los proyectos en tramitación dispondrán de seis meses para adaptarse y acreditar los requisitos o tendrán que renunciar a sus derechos de acceso.
España intenta evitar así problemas que otros países afrontaron después de permitir una expansión acelerada. El precedente más citado es Irlanda, donde los centros de datos consumieron en 2025 el 23% de toda la electricidad, frente al 28% correspondiente al conjunto de los hogares. Las dificultades de suministro llevaron a las autoridades irlandesas a restringir ya desde finales de 2021 el desarrollo de nuevas instalaciones en las zonas más tensionadas. Países Bajos también ha recurrido a limitaciones, mientras otros territorios han endurecido sus exigencias energéticas o hídricas.
El Gobierno sostiene que no pretende establecer una moratoria ni cerrar el mercado. Seguirán concediéndose permisos, pero la abundancia de proyectos permite elevar las condiciones para acceder a electricidad, agua y suelo. Esa es también la diferencia entre frenar la inversión y seleccionarla. La inteligencia artificial está convirtiendo los centros de datos en una infraestructura estratégica y España dispone de renovables suficientes para competir por una parte sustancial de ese mercado. La cuestión ya no es únicamente cuántos proyectos puede atraer, sino cuáles justifican dedicarles recursos escasos y qué aportación dejan a cambio en la economía.
