Las previsiones económicas de primavera de la Comisión Europea confirman que España ha desplegado el escudo anticrisis más ambicioso de la Unión Europea ante los efectos de la guerra de Irán, con un esfuerzo fiscal que supera el 0,25% del Producto Interior Bruto en 2026, casi cuatro veces la media comunitaria del 0,07%. El Gobierno aprueba un segundo paquete de medidas que sucederá al inicial a partir del 1 de julio con un carácter más selectivo y focalizado en los sectores más expuestos al choque energético.
La Comisión Europea ha certificado en su informe de previsiones económicas de primavera que España lidera la respuesta fiscal de los países de la Unión Europea (UE) ante el impacto económico de la guerra de Irán. Con un esfuerzo que supera el 0,25% del Producto Interior Bruto (PIB) nacional en 2026, el país no solo encabeza la respuesta comunitaria sino que casi cuadruplica la media de sus socios europeos, situada en el 0,07%. El análisis figura en uno de los anexos del informe de Bruselas y ha sido incorporado también por el Banco de España en su informe anual. En términos absolutos, el primer paquete de medidas aprobado en marzo rozó los 5.000 millones de euros en un solo trimestre, una cifra sin parangón entre los Estados miembros y que supera con claridad la respuesta de Alemania, Francia e Italia. Solo Grecia se aproxima al ritmo español, mientras que países como Eslovenia o Suecia se sitúan en torno al 0,15% del PIB.
El Gobierno aprueba este lunes un segundo paquete de medidas para suceder al inicial, que expira el 30 de junio. El presidente Pedro Sánchez ha confirmado que el nuevo escudo mantendrá la protección sobre carburantes, industria, transporte y campo, y ha subrayado que, aunque la guerra pueda cerrarse en los próximos días, sus efectos «van a perdurar durante meses». Fuentes del Ejecutivo dan por hecho que el diseño del segundo paquete tendrá un carácter más focalizado que el primero, aunque el Gobierno ha evitado precisar qué medidas sobrevivirán y cuáles decaerán. «No nos dicen nada. Solo nos cuentan que toman nota y que aguardemos a este lunes», señalan fuentes de los sectores afectados consultadas por La Voz de Galicia.
El escudo más ambicioso de la Unión Europea
El corazón del plan desplegado en marzo se articuló a través de dos canales principales. El grueso del despliegue, en torno al 0,2% del PIB, se destinó a aliviar la presión sobre los hogares mediante la reducción del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) aplicado a la electricidad, el gas y los combustibles, y la suspensión del impuesto a la generación eléctrica. El resto del paquete se inyectó de forma más quirúrgica en sectores estratégicos especialmente expuestos al conflicto: el agrícola, el del transporte y la industria electrointensiva. La rebaja fiscal directa buscaba evitar que el encarecimiento de la energía provocara una contracción del consumo doméstico en un momento de máxima presión sobre los mercados energéticos.
La magnitud del esfuerzo español adquiere mayor relieve cuando se proyecta en un escenario de prórroga total. La Comisión Europea calcula que si el Gobierno decidiera mantener todas las medidas hasta final de 2026, el coste para las arcas públicas se dispararía hasta el 0,55% del PIB, alrededor de 9.500 millones de euros. En ese mismo escenario de prórroga completa, el coste para el conjunto de la UE apenas alcanzaría el 0,2% de su riqueza. La comparación ilustra la singularidad de la apuesta española: ningún otro Estado miembro ha asumido un compromiso fiscal de esta magnitud en respuesta al choque energético derivado del conflicto en Oriente Próximo.
Rebajas fiscales generales: eficaces pero costosas
La valoración del diseño del escudo no es unánimemente positiva. El Banco de España, pese a reconocer el liderazgo español en la respuesta comunitaria, introduce un matiz de cautela relevante: el supervisor advierte que el diseño de la respuesta ha dado un peso excesivo a los instrumentos no focalizados, como las rebajas fiscales generales. Aunque estas medidas son eficaces para contener la inflación a corto plazo, el Banco de España recomienda al Gobierno transitar hacia apoyos más específicos para los colectivos vulnerables, en lugar de mantener reducciones impositivas que benefician por igual a todos los consumidores con independencia de su nivel de renta.
Los técnicos del Ministerio de Hacienda agrupados en Gestha han añadido sus propias objeciones. En un paquete de trece propuestas presentado el viernes, Gestha sostiene que las bajadas indiscriminadas de impuestos en electricidad y carburantes son «regresivas» y «poco eficientes», y pide al Gobierno que las sustituya por ayudas directas a los sectores más afectados. La crítica de fondo es que las rebajas generalizadas no solo son caras sino que también reducen los incentivos al ahorro energético y benefician desproporcionadamente a los hogares de mayor renta, que consumen más energía en términos absolutos. La Comisión Europea, que ha abierto la puerta a conceder a los Estados miembros un margen fiscal adicional para medidas energéticas, insiste en que las ayudas deben ser temporales, específicas y fiscalmente sostenibles.
El segundo paquete, más focalizado
El Gobierno ha recibido el mensaje de los organismos económicos y lo incorpora, al menos en el discurso, al diseño del segundo paquete. Fuentes del Ejecutivo han deslizado en varias ocasiones durante las últimas semanas que las nuevas medidas tendrán un carácter más focalizado que las anteriores, concentrando el apoyo en los sectores y hogares más expuestos al impacto energético. La gran industria electrointensiva ha advertido de que el coste eléctrico del segundo trimestre se sitúa un 20% por encima de lo previsto antes de la guerra. La automoción reclama oxígeno ante la presión de los costes energéticos y logísticos, el encarecimiento del circulante y el retraso del Plan Auto+, dotado inicialmente con 400 millones de euros y que el sector ya sitúa para agosto. La siderurgia alerta de una doble presión: energía cara e importaciones competidoras.
Según las previsiones del Gobierno, el coste del escudo anticrisis provocará que el déficit público se estabilice en el 2,4% del PIB en 2026, frenando la senda de reducción que venía recorriendo. Bruselas subraya, sin embargo, que España puede permitirse este esfuerzo gracias a la vitalidad de su economía: a pesar de los vientos geopolíticos en contra, se prevé que el país crezca un 2,4% en 2026, impulsado por un consumo privado que se mantiene firme en parte gracias a las redes de seguridad desplegadas. La combinación de liderazgo fiscal europeo y crecimiento económico sostenido sitúa a España en una posición singular dentro de la UE, aunque los organismos internacionales advierten de que esa posición tiene un coste que deberá gestionarse con cautela en los próximos trimestres.
