La reducción del IVA sobre los carburantes ha situado a España entre los cinco países de la UE con la gasolina más barata, según el Boletín Petrolero comunitario. El litro baja a 1,557 euros de media, pero sigue siendo más caro que antes del inicio de la guerra. Los analistas advierten de la regresividad de la medida, de su efecto transitorio y del riesgo de incentivar el consumo en plena escalada del conflicto.
La rebaja del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) —reducido del 21% al 10% para gasoil y gasolina— y el recorte paralelo del impuesto especial sobre hidrocarburos, ambos en vigor desde el 22 de marzo, han producido su primer efecto estadístico verificable en la comparativa europea. Según el Boletín Petrolero de la Unión Europea (UE), España ha pasado de la zona media de la clasificación de los Veintisiete a ocupar el quinto lugar entre los países con la gasolina más asequible, solo por detrás de Hungría, Eslovenia, Bulgaria y Malta. Hace una semana, la estadística comunitaria recogía apenas dos días de aplicación, lo que distorsionaba el resultado en sentido negativo.
El precio medio del litro de gasolina en España se sitúa ahora en 1,557 euros, 17 céntimos por debajo de la semana anterior. El del diésel alcanza 1,777 euros, once céntimos menos que en la misma referencia. La mejora coloca además a España en sexto lugar entre los países con el diésel más asequible, igualada con Eslovaquia. En el extremo opuesto de la tabla, los Países Bajos registran los precios más elevados: 2,334 euros por litro para la gasolina y 2,463 para el diésel, diferencias atribuidas principalmente a su política de altos impuestos sobre los hidrocarburos. Ambas cifras españolas, sin embargo, siguen siendo superiores a los niveles anteriores al inicio del conflicto en Irán.
El efecto sobre los precios
El economista Javier Santacruz cuantificó el alcance del alivio fiscal para el consumidor. Sin la intervención del Gobierno, el litro de diésel costaría 23 céntimos más y el de gasolina, 29. Santacruz observó que otros países europeos como Francia, Italia o Alemania también han actuado sobre los precios, pero que España sobresale por la magnitud del impacto: «el efecto potencial es de casi 30 céntimos menos por litro». Esa ventaja comparativa tiene, no obstante, un coste directo sobre la recaudación pública que el decreto anticrisis cifra en cerca de 5.000 millones de euros para el conjunto de las 80 medidas aprobadas.
El descenso del precio también ha contribuido a contener el repunte del Índice de Precios de Consumo (IPC). El dato adelantado de marzo situó la inflación interanual en el 3,3%, un punto por encima del mes anterior y el nivel más alto desde junio de 2024. El propio Santacruz reconoció que sin los once días de ese alivio impositivo el resultado habría sido peor: «Las medidas han contribuido a amortiguar la subida de la inflación». La intervención actúa, en ese sentido, como contención parcial de un choque energético que los analistas consideran estructural mientras dure el conflicto.
Las advertencias de los analistas
El impacto positivo sobre los precios convive con objeciones de fondo. Ángel Talavera, economista jefe para Europa de Oxford Economics, reconoció que la rebaja «es efectiva para bajar el precio de manera inmediata», pero advirtió de tres efectos no deseados: es regresiva, porque los hogares de menor renta utilizan menos el vehículo privado; incentiva el consumo de carburantes en el momento más inoportuno para hacerlo; y no tiene carácter estructural, ya que los precios recuperan niveles en cuanto se retiran las bonificaciones. Talavera añadió que España es más dependiente del petróleo que la mayoría de los países de su entorno, lo que amplifica tanto las luces como las sombras del instrumento.
La posición de Bruselas añade otra perspectiva. La Comisión Europea recomienda a los Estados miembros que opten por medidas de ahorro en el consumo antes que por rebajas fiscales, para evitar efectos transfronterizos: los descuentos aplicados en España atraen a conductores de países vecinos que aprovechan la diferencia de precio para repostar, lo que encarece el combustible en sus mercados de origen. Francia, por contraste, destinó solo 70 millones de euros a ayudas para los sectores más afectados por la guerra. El coste fiscal español supera en más de 70 veces esa cifra, lo que ilustra la diferencia de escala entre ambos enfoques.
El horizonte del conflicto
Raymond Torres, director de Coyuntura de la Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas), evaluó las perspectivas con cautela. El discurso de Donald Trump del miércoles, señaló, sugería voluntad de salida pero sin plazos concretos: «quiere salir del conflicto, pero su final no va a ser inmediato». Torres precisó que entre los derivados del petróleo son el diésel y el queroseno —más que la gasolina— los que acumulan mayor presión, por las limitaciones de las capacidades de refino europeas y porque China, gran exportador de estos productos, está restringiendo sus ventas al exterior desde el inicio de las hostilidades.
El carácter transitorio de toda la intervención fiscal es el denominador común de los análisis consultados. Los subsidios públicos mantienen los carburantes más baratos en el surtidor, pero no actúan sobre las variables que generan la presión de fondo: el precio del barril de crudo Brent, los costes de transporte marítimo y los márgenes de refino. Mientras el conflicto en Irán no se resuelva, la rebaja funciona como un escudo parcial que amortigua el impacto sin eliminarlo. El 14 de abril, cuando el Instituto Nacional de Estadística (INE) publique el IPC definitivo de marzo, se dispondrá de la primera medición completa de su eficacia real sobre el poder adquisitivo.
