El Ministerio de Defensa sumará recursos adicionales este año para financiar nuevos programas de armamento y alcanzar el objetivo del 3% del PIB exigido por la Alianza Atlántica. El Gobierno se apresura a firmar contratos por valor de más de 20.000 millones de euros antes de que finalice 2026, aunque algunos proyectos carecen de planes industriales definidos.
El Ministerio de Defensa recibirá 3.800 millones de euros adicionales en 2026 para impulsar los programas de armamento que España debe completar como miembro de la OTAN. Esta inyección presupuestaria eleva el gasto total en defensa hasta los 35.900 millones de euros, cifra que representa un incremento del 11,8% respecto al ejercicio anterior. El objetivo del Gobierno es cumplir con el compromiso adquirido con la Alianza Atlántica de destinar el 3% del Producto Interior Bruto a este capítulo, un porcentaje que la organización considera imprescindible para garantizar la seguridad colectiva de sus miembros.
España gastó 13.123 millones de euros en defensa durante 2025, lo que supuso un aumento de 10.390 millones respecto al año anterior. Sin embargo, esta cifra sigue siendo insuficiente para alcanzar el objetivo del 2% del PIB que la OTAN exigió durante años y que el país no logró cumplir. El salto hacia el 3% previsto para 2026 implica un esfuerzo presupuestario considerable que requerirá priorizar inversiones y acelerar la firma de contratos que llevaban años bloqueados por falta de recursos. El Gobierno insiste en que este incremento no presentará nuevos presupuestos pero sí reorientará partidas para asegurar que se cumplen los compromisos internacionales.
Defensa estaba obligada a firmar antes de final de año los contratos de la treintena de programas especiales de armamento pendientes, concedidos por el Gobierno claves para desbloquear los préstamos concedidos por la Unión Europea. Los contratos firmados, algunos apresuradamente y sin planes industriales claros y que están siendo objeto de recurso en el Tribunal Supremo, no solo permitirán cumplir con la OTAN sino también dinamizar la industria nacional de defensa. Sin embargo, la situación presupuestaria ha obligado a revisar prioridades y a concentrar recursos en aquellos proyectos que la Alianza considera estratégicos para el conjunto de la organización.
Los programas de armamento que absorberán el incremento
Entre los contratos que se esperan materializar este año destacan varios proyectos de gran envergadura que absorberán una parte significativa del presupuesto adicional. Uno de los más relevantes es la adquisición de nuevas baterías antimisiles Patriot, fabricadas por la empresa estadounidense RTX, que reforzarán la capacidad de defensa aérea del país. Este sistema, ampliamente utilizado por los aliados de la OTAN, requiere una inversión millonaria pero se considera fundamental para proteger el territorio nacional ante amenazas externas.
La nueva dueña de Hisdesat, Ángel Escribano, ha indicado que el impacto de este programa será importante en esta nueva hornada de proyectos. El Gobierno también ha reservado fondos para la adquisión de artillería autopropulsada, específicamente el vehículo de combate Dragón VCR 8×8, cuyo montaje debería acelerarse en una factoría española. Este proyecto generará empleo en el sector industrial y permitirá desarrollar capacidades tecnológicas propias que podrían exportarse a otros países aliados.
Otros contratos significativos incluyen la adquisición de helicópteros militares por valor de 400 millones de euros fabricados por Airbus, así como la modernización del programa de aviones de combate Leopard. La empresa Silam recibirá también fondos para proyectos relacionados con el embalaje de armas israelíes, aunque este contrato ha generado controversia por su vinculación con la industria armamentística de terceros países. En paralelo, el Gobierno mantiene negociaciones para la compra de cazas F-35 estadounidenses, cuya entrada en servicio está prevista para la próxima década.
Calendario para alcanzar el objetivo del 3% y distribución del gasto
El plan presentado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ante el Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa establece que España debe alcanzar el 2% del PIB en gasto militar este año, para luego incrementarlo hasta el 3% en 2026. Esta hoja de ruta responde a las presiones ejercidas por la OTAN, que ha advertido reiteradamente a los países miembros sobre la necesidad de reforzar sus capacidades defensivas ante un contexto geopolítico cada vez más complejo. Sin embargo, el cumplimiento de estos objetivos implica decisiones presupuestarias difíciles que afectarán a otras partidas del gasto público.
Con la referencia al tomo del 2% ya conseguido y el compromiso de llegar al 3% en 2026, España se sitúa en línea con las exigencias de la Alianza pero aún por debajo del esfuerzo realizado por otros países europeos. Alemania y Francia, socios de España en el programa de desarrollo del carro de combate Leopard, mantienen niveles de inversión superiores desde hace años. El Gobierno español reconoce que este incremento gradual resulta necesario para recuperar el retraso acumulado en décadas anteriores, cuando la inversión en defensa se mantuvo por debajo de los estándares recomendados.
Además de Defensa, el Ministerio de Industria también recibirá recursos adicionales para cofinanciar proyectos que tienen un componente industrial relevante. Los Programas Especiales de Modernización para el periodo 2023-2030 cuentan con una dotación total de 19.050 millones de euros, de los cuales una parte significativa se destinará a fortalecer la base industrial española. Esta estrategia busca garantizar que el aumento del gasto militar no solo fortalezca las capacidades operativas de las Fuerzas Armadas, sino que también genere retornos económicos para la industria nacional y el empleo.
Un tercio del ajuste necesario para cumplir con el objetivo de la OTAN quedará cubierto mediante esta distribución entre Defensa e Industria, mientras que el resto provendrá de reasignaciones presupuestarias en otras áreas. Fuera de algunos programas que generan más ruido, es posible que la compra de las nuevas cazas F-35 estadounidenses, enfriada en público tras las críticas recibidas, siga adelante de forma discreta en los próximos meses. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha conseguido un primer acuerdo para liberar fondos que estaban bloqueados, aunque reconoce que varios proyectos de 1.600 millones de euros enfrentan todavía obstáculos administrativos y judiciales.
El director general de Hisdesat ha señalado que Defensa ha reportado avances concretos en varios frentes de observación después de infrarrojos en quinta generación que tenían inicialmente asignadas otras líneas. La nueva dueña de la empresa, ante las presiones para cumplir con los plazos establecidos, ha advertido que el impacto del incremento presupuestario será importante en esta nueva hornada de proyectos industriales. En paralelo, el Gobierno mantiene conversaciones con la Comisión Europea para asegurar que los fondos destinados a defensa cumplan con las normativas comunitarias sobre competencia y transparencia en la contratación pública.
