La OCDE acaba de poner cifras a una realidad que lleva años instalándose silenciosamente en la economía española: España es el país desarrollado donde más aumentó la deuda pública desde la crisis financiera de 2007 hasta 2024. El incremento alcanza 67 puntos del PIB en apenas década y media. Una cifra que no solo describe un problema presupuestario, sino una transformación mucho más profunda del modelo económico europeo contemporáneo.
España supera hoy el 109 % de deuda pública respecto al PIB. Sin embargo, lo más inquietante quizá no sea el volumen absoluto, sino la naturalidad con la que sociedades y mercados parecen haber asumido que el endeudamiento masivo se ha convertido en una condición estructural del funcionamiento económico occidental. Hace quince años, niveles similares provocaban pánico financiero, rescates internacionales y discursos dramáticos sobre austeridad. Hoy forman parte casi rutinaria del paisaje económico.
Pero detrás de esa aparente normalización se esconde una cuestión mucho más delicada. España no se endeudó únicamente para responder a emergencias excepcionales. La deuda se convirtió progresivamente en el mecanismo central que permite sostener simultáneamente el Estado social, las pensiones, el sistema sanitario, las ayudas económicas, la estabilidad política y ahora también el incremento del gasto militar y energético exigido por el nuevo contexto geopolítico internacional.
El informe de la OCDE revela, en realidad, una contradicción que atraviesa buena parte de las democracias desarrolladas. Los gobiernos necesitan gastar cada vez más para mantener cohesión social en sociedades envejecidas y sometidas a fuertes tensiones económicas. Pero al mismo tiempo, las economías europeas crecen cada vez menos y producen menos margen fiscal estructural para financiar esas necesidades sin recurrir al endeudamiento.
En ese contexto, España aparece como uno de los casos más vulnerables. Porque, a diferencia de Estados Unidos o Japón, no dispone de soberanía monetaria plena ni de la capacidad geoeconómica suficiente para absorber indefinidamente niveles crecientes de deuda sin depender de la protección del Banco Central Europeo. Y a diferencia de Alemania o Suiza, tampoco ha conseguido consolidar una estructura productiva capaz de generar suficiente valor añadido industrial y tecnológico para equilibrar sus fragilidades estructurales.
La economía española sigue descansando en gran medida sobre sectores relativamente sensibles a las crisis internacionales: turismo, consumo interno, construcción y servicios. A ello se añaden problemas persistentes de productividad, desempleo estructural y precarización laboral que limitan la capacidad del Estado para aumentar ingresos de manera sostenible sin recurrir a nuevas emisiones de deuda.
Lo más significativo del informe quizá sea que la OCDE parece asumir implícitamente que la situación actual ya no puede resolverse mediante las recetas clásicas de austeridad aplicadas tras la crisis de 2008. El propio organismo reconoce que las presiones de gasto continuarán aumentando debido al envejecimiento demográfico, las exigencias sanitarias, la transición energética y el nuevo contexto estratégico marcado por la guerra y el rearme europeo.
Europa entra así en una fase históricamente inédita: necesita gastar más precisamente en el momento en que sus márgenes financieros se reducen. Y esa tensión empieza a redefinir el propio funcionamiento político de las democracias occidentales.
El problema no afecta únicamente a España. La deuda pública también se disparó en Francia, Grecia o Estados Unidos. Pero el caso español resulta particularmente revelador porque muestra hasta qué punto ciertas economías europeas dependen ya de un equilibrio extremadamente frágil sostenido por liquidez, intervención monetaria y confianza de los mercados.
Por ahora, los inversores continúan financiando esa deuda sin provocar grandes turbulencias. Pero el BCE ya ha advertido en los últimos meses que el nuevo entorno geopolítico —marcado por conflictos energéticos, tensiones comerciales y aumento del gasto militar— podría hacer subir progresivamente las primas de riesgo soberano.
Y ahí reaparece uno de los fantasmas más sensibles de la historia reciente europea: la posibilidad de que resurjan fracturas financieras dentro de la eurozona si algunos países comienzan a percibirse como excesivamente vulnerables.
Lo paradójico es que esta transformación económica ya casi no genera debate filosófico o político profundo. Como si Occidente hubiera aceptado silenciosamente que el crecimiento insuficiente, la deuda permanente y la dependencia monetaria constituyen el nuevo estado natural de sus economías.
España no es únicamente el país donde más creció la deuda pública desde la crisis financiera. Es también uno de los laboratorios más visibles de una mutación mucho más amplia: el paso de una economía basada en expansión sostenida a otra que sobrevive gracias a mecanismos continuos de compensación financiera.
Y quizá la pregunta decisiva ya no sea cuánto debe España.
Sino cuánto tiempo puede mantenerse estable una civilización que necesita endeudarse constantemente para preservar el funcionamiento básico de su propio modelo social.
