El estallido del conflicto en Oriente Medio sorprende a España con los Presupuestos Generales del Estado prorrogados por tercer año consecutivo, una deuda pública que supera 1,7 billones de euros y advertencias vigentes de Bruselas sobre el exceso del gasto. Los organismos independientes confirman que el margen para articular un escudo social de envergadura es muy reducido, lo que condiciona cualquier respuesta del Gobierno ante la nueva crisis energética.
La escalada bélica en Irán llega cuando las cuentas públicas españolas atraviesan uno de sus momentos más condicionados en años. Por tercer año consecutivo los Presupuestos Generales del Estado, PGE, se prorrogarán desde 2023, lo que restringe la capacidad del Gobierno para desplegar nuevas políticas de gasto. La deuda pública cerró 2025 en el 100,8% del Producto Interior Bruto, PIB, según la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, AIReF, equivalente a 1,7 billones de euros en términos absolutos, con un incremento interanual del 4,8%. Cualquier paquete de estímulo tropieza, de entrada, con esa realidad.
La situación parte, no obstante, de una tendencia de mejora sostenida. Desde el máximo de deuda registrado en 2021, cuando el pasivo de las administraciones públicas alcanzó el 124,2% del PIB, la ratio ha descendido más de 23 puntos, impulsada por el crecimiento económico y la recuperación de la recaudación tributaria, que cerró 2025 con un récord histórico de 325.000 millones de euros. Sin embargo, esa inercia positiva convive con desequilibrios estructurales que limitan el margen real de actuación frente a choques externos de la magnitud del actual.
El déficit público se situará en torno al 2,1% del PIB en 2026, según el objetivo fijado por el Ejecutivo en su Plan Fiscal y Estructural de Medio Plazo, PFEMP. BBVA Research coincide con esa previsión en su observatorio fiscal de enero de 2026, pero advierte de que su cumplimiento depende de que el Gobierno «defina nuevas medidas de ajuste fiscal». La AIReF, por su parte, detecta riesgo de incumplimiento de la regla de gasto europea en la Administración Central y cifra el ajuste adicional necesario en 2.600 millones de euros para el ejercicio en curso.
A ello se suma la presión institucional de Bruselas. La Comisión Europea advirtió en noviembre de 2025 de que España «corre el riesgo de incumplir el crecimiento máximo recomendado del gasto neto en 2026», en línea con los análisis de la AIReF, que proyecta un crecimiento del gasto del 4,6%, por encima del 3,5% comprometido con la Unión Europea. El exceso sobre el límite anual rondaría los 1.200 millones de euros, en un año en el que, además, se agota el último desembolso del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, los fondos Next Generation, previsto para el verano.
Cuentas prorrogadas, opciones limitadas
La combinación de presupuestos prorrogados, exigencias europeas y extinción de los fondos europeos reduce drásticamente el espacio fiscal disponible. Fuentes del Ejecutivo, según El Español-Invertia, asumen internamente que el margen «es escaso», pese a que el discurso oficial insiste en que existe «espacio fiscal para tomar las medidas necesarias». Las opciones estudiadas incluyen la supresión o reducción de tributos energéticos, la rebaja del Impuesto sobre el Valor Añadido, IVA, en productos básicos y posibles bonificaciones en carburantes para contener el impacto en los hogares.
Estas medidas tienen precedente directo en la respuesta española a la crisis energética desencadenada por la invasión rusa de Ucrania en 2022, cuando el Gobierno activó un paquete de ayudas que contribuyó a sostener el poder adquisitivo de los ciudadanos. Sin embargo, el escenario actual difiere en un aspecto determinante: en aquel momento los presupuestos ofrecían mayor holgura y los fondos europeos estaban en plena fase de despliegue. Hoy, esas dos palancas están agotadas o próximas a extinguirse.
La posibilidad de recurrir a nuevos impuestos extraordinarios también circula en el Ejecutivo. Según las mismas fuentes, hay sectores del Gobierno que ven margen para elevar la recaudación sobre grandes fortunas o empresas, especialmente energéticas, para compensar las limitaciones presupuestarias. Esta vía, no obstante, requeriría tramitación parlamentaria en un Congreso fragmentado donde el Gobierno de Pedro Sánchez arrastra dificultades crónicas para obtener respaldos. BBVA Research señala expresamente la «debilidad parlamentaria» como factor que dificulta el cumplimiento de los compromisos europeos y la adopción de medidas de calado.
La deuda y las exigencias de Bruselas
El análisis de la AIReF sobre sostenibilidad de la deuda ofrece un diagnóstico matizado. A corto plazo, los riesgos son reducidos: las necesidades de financiación para el bienio 2026-2027 se sitúan en torno al 15% del PIB y los mercados perciben con relativa confianza las finanzas españolas, respaldados por las recientes mejoras de la calificación crediticia del país. A medio plazo, sin embargo, el panorama se complica. La propia AIReF advierte de que, bajo un escenario de políticas invariables, la deuda podría retomar una senda ascendente y alcanzar el entorno del 108% del PIB en 2036.
El riesgo se agrava si el conflicto iraní se prolonga. Un eventual endurecimiento de las condiciones financieras internacionales elevaría el coste de financiarse en los mercados y presionaría las nuevas emisiones de deuda del Tesoro, que en 2026 prevé una emisión bruta de más de 285.000 millones de euros. Cualquier repunte de la prima de riesgo tiene un impacto directo sobre las cuentas públicas. Además, el Banco Central Europeo, BCE, podría verse obligado a revisar su política de tipos si la inflación repunta de forma persistente como consecuencia del encarecimiento energético.
Las medidas posibles y sus costes
Funcas, el servicio de estudios de las Cajas de Ahorros, ha estimado que la guerra en Irán podría restar dos décimas al PIB español y elevar la inflación por encima del 3% en el verano de 2026. Este escenario presionaría adicionalmente las cuentas públicas: menores ingresos tributarios ligados al crecimiento y mayor gasto derivado de eventuales medidas de alivio energético. La presidenta de la AIReF, Cristina Herrero, ha subrayado la necesidad de «preservar la sostenibilidad fiscal en un entorno internacional de mayor incertidumbre», una advertencia que adquiere especial relevancia en el contexto actual.
El Gobierno ha pedido a los ministerios que elaboren planes de contingencia para evaluar el impacto económico del conflicto. Mientras tanto, los precios de la gasolina acumulan siete semanas consecutivas al alza en España, con una media de 1,486 euros por litro según el Boletín Petrolero de la Unión Europea, la mayor subida registrada en ocho meses. La ecuación es conocida: más inflación, menos crecimiento y menores ingresos fiscales. La diferencia con episodios anteriores es que esta vez el colchón sobre el que España puede apoyarse es, según todos los organismos independientes, considerablemente más delgado.
