La regularización de migrantes ha llevado la afiliación a la Seguridad Social a máximos históricos y el PIB crece al 2,7% en un entorno europeo de incertidumbre. El debate político tergiversa los datos mientras economistas de diversas corrientes coinciden en señalar la productividad y los salarios reales como las verdaderas asignaturas pendientes.
La economía española ha acumulado en pocos meses una serie de récords estadísticos que contrastan con el relato de crisis instalado en buena parte del debate político. España superó por primera vez los 22,5 millones de afiliados a la Seguridad Social, el PIB creció un 2,7% en términos interanuales en el segundo trimestre, el paro interanual cayó un 3,87% y el país ha creado 642.562 empleos en el último año. Los números del Instituto Nacional de Estadística (INE) y la Seguridad Social son los que son.
El debate político, sin embargo, tiende a polarizarse entre posiciones extremas —o todo va muy bien o absolutamente muy mal—, omitiendo matices que los economistas consideran fundamentales. La regularización extraordinaria de migrantes impulsada por el Gobierno ha desempeñado un papel determinante en estos resultados, y tanto su dimensión como sus limitaciones merecen un análisis que trascienda la instrumentalización partidista. Estas son las cinco claves para entender qué está pasando realmente.
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Récord histórico: 22,5 millones de afiliados y PIB al 2,7%
España ha superado por primera vez los 22,5 millones de afiliados a la Seguridad Social, el mejor comportamiento en un mes de julio desde 2017. En términos interanuales, el país ha creado 642.562 empleos con un ritmo del 2,9%. El PIB avanzó un 0,7% entre abril y junio, elevando el crecimiento interanual al 2,7%, que sitúa a España al frente de las grandes economías de la zona euro en ese indicador, según destacó el ministro de Economía, Carlos Cuerpo.
El crecimiento ha tenido como motor principal la demanda interna. El consumo de los hogares creció un 0,7% en el trimestre y la inversión repuntó, especialmente en propiedad intelectual, con un avance intertrimestral del 1,7%. La construcción también recuperó el aliento tras un primer trimestre errático, elevando su tasa interanual al 4,1%. El turismo, favorecido indirectamente por la crisis del Golfo —que ha desviado flujos de viajeros hacia España—, mostró un desempeño superior a lo esperado, con un incremento del gasto de turistas extranjeros del 2,3% respecto al trimestre anterior.
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La regularización convierte trabajadores informales en cotizantes
La regularización extraordinaria de migrantes, que comenzó en abril y concluyó en junio, es el factor clave para entender la aceleración de la afiliación extranjera. A 30 de julio, los regularizados en alta ascendían a 262.475, de los cuales el 60% son hombres y el 40% mujeres. La ministra Elma Saiz describió la incorporación como «un éxito de país». Lo que el proceso ha hecho, fundamentalmente, es convertir trabajadores que ya estaban en España —muchos en situación irregular— en cotizantes formales con derechos laborales.
La especialista en migraciones Mónica Monguí, investigadora de la Universidad Complutense de Madrid, explica que «las resoluciones favorables permitirán incorporarse formalmente al mercado laboral a muchas personas que ya residían en España y que, en numerosos casos, ya estaban trabajando en condiciones informales». Esta formalización tiene un efecto directo sobre la seguridad laboral: personas que cotizaban en negro ahora tienen derechos laborales reconocidos, y quienes las empleaban de forma irregular han perdido esa posibilidad de explotación. Los sindicatos lo vienen subrayando desde el inicio del proceso.
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Los latinoamericanos superan por primera vez a los europeos
Por primera vez desde que existen registros consolidados de afiliación extranjera, los trabajadores procedentes de Latinoamérica —1,23 millones— superan en número a los europeos —1,19 millones— en la Seguridad Social española. El vuelco es histórico: en 2019, los europeos superaban a los latinoamericanos en 450.000 afiliados. La nacionalidad latinoamericana que más ha crecido en el último año es la colombiana, que suma 72.700 nuevos cotizantes hasta los 316.500, muy por delante de Venezuela, con 43.700 más.
El motor de esta llegada, según el exdirector de Censos de Colombia Javier Ruiz Santacruz, «es la búsqueda de economías que ofrezcan mayores garantías de formalización laboral y seguridad jurídica para construir proyectos de vida a largo plazo, contrastando con la alta informalidad estructural en los países de origen». El especialista de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) Jacobo Muñoz Comet añade que esta ventana de oportunidad implica con frecuencia aceptar empleos por debajo de la cualificación real: la sobrecualificación es uno de los problemas estructurales del modelo migratorio español.
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El PP contra los datos: el relato político frente a la evidencia
Ante la Encuesta de Población Activa del segundo trimestre, el vicesecretario de economía del PP, Alberto Nadal, publicó en X que de los 510.000 empleos creados en doce meses «122.000 son españoles y 388.000 extranjeros o tienen doble nacionalidad», concluyendo que la economía crece «extensivamente por inmigración y gasto público y no por productividad». La afirmación obvia un hecho fundamental: la mayoría de los regularizados ya vivían y trabajaban en España de forma irregular. No son nuevos habitantes: son nuevos cotizantes.
El Banco Central Europeo (BCE) atribuye a la inmigración el 80% del crecimiento español entre 2019 y 2024. Múltiples estudios apuntan en la misma dirección. Pero la conclusión de que eso implica que los españoles no se benefician del crecimiento simplifica un fenómeno más complejo. El economista Josep Oliver señala que los nativos tienden a escalar hacia ocupaciones mejor retribuidas mientras la nueva inmigración, peor pagada, arrastra hacia abajo los promedios salariales: «La mitad del empleo creado es ya en segmentos de salarios elevados y en grandes empresas». Ambas cosas ocurren simultáneamente.
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La asignatura pendiente: productividad y «salarios reales»
Con todo, el debate sobre la productividad tiene base empírica y no puede descartarse como mera instrumentalización política. La productividad por cápita española apenas crece, aunque avanza algo más que la media europea desde 2022 y se sitúa un 7% por debajo del nivel de los socios. El economista Manuel Alejandro Hidalgo, de la Universidad Pablo de Olavide, señala que el perfil del inmigrante ha mejorado —el peso de quienes tienen estudios superiores y medios subió 13 puntos respecto a la primera ola— pero la polarización persiste: más personas en servicios avanzados y más en hostelería y comercio de baja remuneración.
La otra cara del problema son los «salarios reales». Con una inflación que en julio escaló al 3,5%, impulsada por los combustibles y la electricidad, el consumo de los hogares muestra señales de fatiga: su ritmo se desacelera respecto a tasas superiores al 0,9% del año pasado. El analista de BBVA Research Miguel Cardoso advierte de que la incertidumbre global y el aumento de aranceles dificultan la toma de decisiones empresariales, lo que se refleja en caídas consecutivas del gasto en equipamiento de transporte. El economista Xavier Vives lo sintetiza: «La consolidación de estos procesos depende de mejoras en la inversión, las infraestructuras y la productividad, con un punto crítico en la enseñanza».