La conferencia sectorial de Vivienda acordó ayer el reparto territorial del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, dotado con 7.000 millones de euros y estructurado en tres ejes: construcción de vivienda pública asequible, rehabilitación y ayudas a colectivos vulnerables. Pese al rechazo previo de los consejeros del Partido Popular a la composición del plan, ninguno votó finalmente en contra de recibir los fondos. El conflicto competencial sobre la protección indefinida de las viviendas construidas con dinero público sigue abierto.
La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, cerró ayer la conferencia sectorial con los consejeros autonómicos del ramo con un resultado que su departamento calificó de histórico: todas las comunidades acordaron el reparto territorial de los 7.000 millones de euros del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, el más ambicioso en dotación económica de la democracia española. El desenlace unánime tiene, sin embargo, un matiz procedimental relevante: el procedimiento no exigía mayoría de ningún tipo. Bastaba con que las comunidades favorables a recibir su parte acordasen la forma de hacerlo; las contrarias habrían quedado simplemente al margen del reparto.
Ese detalle no resta significado político al resultado, pero sí lo matiza. Los consejeros del Partido Popular (PP) habían expresado durante meses su rechazo a la composición y el despliegue del plan, argumentando que vulnera competencias autonómicas en materia de vivienda. En la conferencia sectorial, sin embargo, ninguno de ellos votó en contra de recibir los fondos que le corresponden a su comunidad. Rodríguez celebró el desenlace: «Es una buena noticia para el ministerio, pero sobre todo para la ciudadanía, que está esperando respuestas eficaces», señaló. Cada territorio deberá ahora firmar un convenio bilateral con el Estado; quienes lo hagan con rapidez podrán disponer de los fondos a partir del segundo semestre del año.
El malestar del PP
Pese al sentido afirmativo final, el malestar de los consejeros populares afloró durante los pronunciamientos previos a la votación. Jorge Rodrigo, consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, habló en nombre del bloque del PP y calificó el plan de «acto propagandístico del sanchismo» que «pretende condicionar a las comunidades autónomas sin solucionar realmente el problema de vivienda». Rodrigo denunció además que las comunidades se habían enterado del contenido del plan por su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) sin haber sido consultadas previamente, y no descartó presentar recursos ante el Tribunal Supremo en cada una de sus regiones.
La ministra rechazó esa versión con datos concretos. Rodríguez precisó que a lo largo de los últimos meses se han celebrado «hasta una treintena de reuniones» con las administraciones autonómicas y municipales, además de haber recibido 400 propuestas de entidades de la sociedad civil. Desde el ministerio se considera que la vía del recurso judicial sería contraproducente para los propios territorios que la emprendieran, ya que retrasaría la recepción de los fondos que acaban de acordar. La amenaza, en todo caso, mantiene vivo un conflicto competencial que la conferencia sectorial ha aplazado pero no resuelto.
Cómo se distribuye el dinero
El plan estructura los 7.000 millones de euros en tres ejes de gasto con porcentajes fijos. El 40% se destinará a la construcción de vivienda pública asequible, que mantendrá su condición de protegida de manera indefinida; el 30% irá a obras de rehabilitación, con ayudas que pueden alcanzar los 30.000 euros por beneficiario; y el 30% restante se compone de ayudas para colectivos vulnerables orientadas al alquiler o a la adquisición de vivienda en territorios rurales. La financiación es compartida: el 60% corre a cargo del Estado y el 40% restante deberá aportarlo cada comunidad autónoma. Para facilitar la puesta en marcha, el ministerio asumirá en solitario el montante íntegro correspondiente al primer año.
En el reparto territorial, Andalucía es la comunidad que recibe la mayor dotación, con 1.197 millones de euros, seguida de la Comunidad de Madrid, con 1.113 millones, y Cataluña, con 1.015 millones. La Comunidad Valenciana recibe 798 millones y Galicia, 399. País Vasco y Navarra no participan en el reparto por su condición foral. Comparado con el plan anterior, el de 2022-2025, la dotación se ha triplicado en términos globales: Andalucía recibía entonces 320 millones, Madrid 298 y Cataluña 542. El incremento más llamativo en términos relativos corresponde a las comunidades de menor tamaño, donde la diferencia entre ambos planes supera en varios casos el 200%.
El reparto territorial
El nudo central del conflicto competencial radica en la cláusula que impide que las viviendas construidas con fondos estatales puedan incorporarse al mercado libre en el futuro. En promociones anteriores era habitual incluir una disposición que permitía su privatización a los 20 o 30 años. «Este esfuerzo de miles de millones de euros no puede desaparecer en una década; tiene que formar parte del patrimonio de los españoles», justificó Rodríguez. El Tribunal Constitucional ya abordó una disposición similar en la ley estatal de vivienda de 2023 y anuló el precepto por invasión de competencias, aunque abrió una vía al Gobierno: esa condición sí puede imponerse cuando en la promoción de vivienda protegida hay financiación estatal, aunque las comunidades conservan la última palabra si las impulsan exclusivamente con recursos propios.
El plan fue anunciado por el presidente Pedro Sánchez en la Conferencia de Presidentes celebrada en Barcelona hace aproximadamente un año y aprobado en Consejo de Ministros el 21 de abril. La conferencia sectorial de ayer cierra la fase de distribución territorial y abre la de ejecución. El calendario de convenios bilaterales determinará en la práctica el ritmo al que los fondos lleguen a cada territorio. El acuerdo formal es un punto de partida; la tensión competencial latente anticipa que el camino hasta las viviendas construidas tendrá más de un obstáculo por recorrer.
